O explotamos o transitamos, la encrucijada del Carbón en Colombia

Por: Daniela Bernier Pacheco

El carbón para muchos es sinónimo de progreso y bienestar para las comunidades; sin embargo, este imaginario se ha ido diluyendo en los últimos años por múltiples motivos. Si bien el mercado del carbón se mueve por la geopolítica mundial, donde las grandes potencias imponen las reglas, no es menos cierto que, por las políticas de energía y clima que cada día son más restrictivas debido a la necesidad urgente de reducir los gases de efecto invernadero, el mundo carbonífero tiene detrás una bola de nieve llamada Transición Energética que podría derribarlo o dejarlo en cuidados intensivos.

Un claro ejemplo de esto es que la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su informe anual señaló: “La demanda de servicios energéticos está aumentando con rapidez, liderada por las economías emergentes y en desarrollo, pero el constante progreso de las transiciones significa que, a finales de la década, la economía mundial podrá seguir creciendo sin consumir más petróleo, gas natural o carbón”.

En este sentido, el futuro de los combustibles fósiles a nivel mundial es desalentador; mientras que unos van al fin de su vida, otros apenas crecen, como es el caso de las energías renovables, cuyo auge apenas inicia en el país. Todo esto responde a una obligación ineludible, como lo es la seguridad energética de las naciones.

El mundo moderno se encuentra intrínsecamente ligado a la energía, debido a las dinámicas sociales que giran en torno al uso de herramientas tecnológicas, cuya principal premisa es facilitar los procesos en la vida cotidiana. Es decir, que la falta de energía, en este punto, sería parar los procesos educativos, tecnológicos y operativos a nivel mundial, un retroceso sin precedentes.

Teniendo en cuenta esto, el carbón podría seguir siendo una fuente de abastecimiento energético cuando las fuentes no convencionales de energía, mal llamadas energías limpias, también son vulnerables a la variabilidad climática como consecuencia del cambio climático.

La salida de estos combustibles fósiles pone en jaque los derechos humanos y la Transición no es solo una cuestión de mercado, sino de justicia social y ambiental. Colombia ya está viviendo el primer cierre de minas, como es el caso de Prodeco, y se aproxima un segundo cierre, el de Carbones Cerrejón, pues, al momento de finalizar operaciones, la economía que giraba alrededor de la extracción de carbón se cierra.

A pesar de los discursos sobre energías renovables y nuevas oportunidades, se requiere que existan mayores medidas financieras que le permitan a las comunidades tener alternativas concretas de reconversión laboral. Las empresas, el Gobierno y las comunidades deben crear un plan de transición que proteja los derechos de los trabajadores y las comunidades. Recientemente, la Corte Constitucional, en Sentencia T-029 de 2025, sentó un precedente fundamental para garantizar el debido proceso y la participación efectivas de sindicatos y comunidades afectados por el cierre de operación. Esta acción fue liderada por comunidades y trabajadores despedidos por la minera Prodeco en los departamentos de Cesar y Magdalena. Sumado a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación respecto a este asunto, señalando lo siguiente:

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la persistente ausencia o débil incorporación de un enfoque de derechos humanos en los marcos de reparación y salida responsable adoptados en el contexto de proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. En particular, la Relatoría observa con inquietud que muchas de estas políticas y prácticas, promovidas por diversos actores —incluyendo instituciones financieras de desarrollo que operan en la región— no garantizan de forma adecuada la reparación integral de los daños causados ni aseguran procesos de consulta amplios, significativos y culturalmente apropiados con las comunidades afectadas.

En el contexto de cierre de minas debe existir, entonces, unos lineamientos que establezcan medidas de compensación a las comunidades por los daños que se han generado en la fase de explotación. Surge entonces la pregunta: ¿debemos seguir explotando a cambio de una estabilidad económica hasta que el mercado lo permita o acelerar los procesos de Transición de manera real? Porque se han venido expidiendo leyes y exenciones tributarias para los proyectos renovables, no es menos cierto que existen múltiples conflictividades en la aprobación de proyectos.

La Transición debe ser real si vamos a continuar en ella, porque hacerla sin incluir a quienes dependen de la economía basada en el carbón, las consecuencias para la población van a ser sin precedentes.

Colombia está ante una encrucijada, porque o continúa explotando sin tener en cuenta el panorama mundial o lidera una Transición Energética Justa, que no deje a la gente a la deriva, porque las garantías en los cierres de mina no son del todo ciertas, porque debe existir una partición real y efectiva de las comunidades. Ahora se está hablando de la apertura de una nueva mina en Cañaverales en La Guajira y entonces, ¿qué garantías se le están dando a las comunidades en un proceso de transición? La minería es necesaria, pero la caída de la venta del carbón nos está anunciando que debemos migrar.

Si el carbón se apaga en estos momentos, queramos o no, se apagará la esperanza de miles de colombianos y es aquí donde hay que poner en marcha un plan de acción para no generar nuevas conflictividades en los territorios.