Por: Katerin Erazo, Periodista
La defensa de los derechos humanos es una labor fundamental y necesaria en cualquier sociedad democrática, pero también es una tarea peligrosa, especialmente en regiones donde existen conflictos socioambientales y económicos. En este sentido, resulta de gran importancia destacar la labor que hacen las personas en defensa de los derechos humanos, sobre todo en el contexto latinoamericano que vive democracias aún frágiles y con múltiples violencias. Este es el trabajo que hace el Observatorio para la Defensa de la Viuda (Odevida) en Colombia, Perú y Venezuela, y en esta nota queremos destacar los informes recientes de Odevida Perú.
Uno de los recientes informes hecho la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Grufides, y Entre Pueblos, para Odevida, titulado Luchas y desafíos para la protección efectiva de defensores y defensoras de DDHH en Cajamarca, Perú, publicado el 20 de febrero, menciona que en el departamento de Cajamarca, Perú, la labor de los defensores y defensoras de DD.HH. enfrenta grandes riesgos debido a la oposición de sectores económicos poderosos y la falta de protección estatal efectiva.
En este informe también se destacan los principales escenarios de riesgo para los defensores y defensoras de derechos humanos en esta región, además revela que desde el año 2004, 13 defensores y defensoras han perdido la vida en el departamento de Cajamarca, principalmente en contextos de protesta social. También asegura que los ataques contra los defensores y defensoras de derechos humanos han ido en aumento en los últimos años.
El documento también señala que la violencia y las amenazas no solo se dirigen a los defensores y defensoras en sí, sino también a sus familias y comunidades. Por tal razón se menciona la importancia de proteger a quienes trabajan para garantizar los derechos humanos en la región.
Según la investigación, esta población enfrenta una serie de riesgos, incluyendo la intimidación, violencia física, amenazas, discriminación y la criminalización. Entre los principales desafíos identificados por el informe se encuentra la falta de protección efectiva por parte del Estado, ya que a pesar de que el Estado Peruano ha establecido medidas para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, estas medidas no se implementan de manera efectiva en la región de Cajamarca. Además, se registró que hay una falta de recursos y de capacitación para las instituciones encargadas de proteger a los defensores y defensoras.
Cabe añadir que las mujeres defensoras de derechos humanos en la región enfrentan mayores riesgos debido a su género y al trabajo que realizan. Según la investigación, las mujeres defensoras sufren discriminación, acoso y violencia sexual, lo que limita su capacidad para ejercer su labor de defensa de los derechos humanos.
Esta situación es la que se denuncia en otro informe de Odevida Perú titulado Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022/23: profundizando desigualdades de género, publicado el 16 de marzo de 2023, en el que se destaca la importancia de diseñar sistemas integrales de cuidado que tengan como objetivo la universalización en el acceso y la calidad de los servicios, basados en la corresponsabilidad social y de género. Además, llama la atención sobre la necesidad de crear conciencia respecto a la contribución valiosa de las defensoras de derechos humanos para la defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad y el sostenimiento de la democracia.
Este informe también señala la importancia de respetar los estándares internacionales de derechos humanos en las iniciativas de ley que se propongan o aprueben y de revisar y mejorar la formación de las y los abogados y de los efectivos policiales, incorporando la enseñanza y valor de los derechos humanos y la atención especializada en violencia de género.
En resumen, el informe destaca la necesidad de abordar las desigualdades de género en el contexto de las movilizaciones ciudadanas y de fortalecer los sistemas de cuidado y protección de los derechos humanos.
Frente a esta problemática que resaltan ambos informes, se destaca que es fundamental diseñar sistemas integrales de cuidado que permitan el acceso universal y de calidad a los servicios, con una corresponsabilidad social y de género.
Otras de las recomendaciones que señala Odevida Perú es incluir la generación de un mecanismo para exigir la debida diligencia empresarial; la promoción de una reforma normativa para considerar la criminalización como una forma de agresión; el fortalecimiento de medidas de protección y el acompañamiento para las personas defensoras criminalizadas, y la atención de todos los casos de violencia contra ellas.
Además, sugiere fortalecer la gobernanza del Mecanismo Intersectorial con la participación de la sociedad civil y los poderes del Estado y asimismo incorporar avances importantes en el Plan Regional a la "Ruta de atención en violencia de género con enfoque territorial"; aprobar un protocolo sectorial para brindar protección a las defensoras y fortalecer la respuesta frente al acoso virtual.
Por otro lado, en el informe Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022/23: profundizando desigualdades de género también se resalta la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de las defensoras de derechos humanos en la realización de los derechos de las mujeres y la democracia.
Entre las recomendaciones, este informe destacó la importancia de que el Parlamento respete los estándares internacionales de derechos humanos al proponer y aprobar iniciativas de ley, y que los abogados y efectivos policiales reciban formación en derechos humanos para identificar posibles vulneraciones de derechos y desactivar las masculinidades hegemónicas que reproducen la violencia de género.
Miguel Jugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, le dijo a Pares que algunas de las recomendaciones frente a esta problemática contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú es que el Estado Peruano debe investigar los crímenes contra los derechos humanos, sancionar a los responsables, terminar con los estados de emergencia y la militarización de algunas zonas del país. Miguel Jugo también señaló que es importante realizar las acciones políticas dirigidas a resolver la crisis política, una de ellas es el adelanto de las elecciones.
Finalmente, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también recomendó a la sociedad que exija al Estado el respeto al estado de derecho, al equilibrio de poderes y a las organizaciones autónomas, tales como el Sistema Electoral y la Defensoría del Pueblo, así como al Poder Judicial y al Ministerio Público para lograr verdad y justicia.
“También se recomienda al Ejecutivo la reparación a las víctimas, la reforma de los servicios de seguridad para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la búsqueda de una solución política para resolver la crisis”, puntualizó Miguel Jugo.
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