Por: Redacción Pares
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia condena la muerte del integrante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC, Wilder Daniel Marín Alarcón, ocurrida el pasado 7 de mayo en el municipio de Bello, Antioquia. Con Wilder ya son 24 los casos de asesinatos, en 2020, de quienes están comprometidos con su proceso de reincorporación.
En el contexto del Covid-19, la violencia en los territorios afectados por el conflicto ha continuado. Desde el inicio de la cuarentena nacional se han registrado seis (6) asesinatos a excombatientes y al menos 32 líderes sociales asesinados registrados por fuentes nacionales. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 198 personas en proceso de reincorporación.
La Misión insta a la profundización de medidas para el desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de apoyo, con el fin de garantizar la seguridad de excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos.
La ONU reitera su preocupación, también expresada por el Secretario General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por los asesinatos contra exmiembros de FARC – EP que de buena fe dejaron las armas, de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, así como las acciones violentas contra las comunidades en regiones afectadas por el conflicto.
Tras los asesinatos líderes, lideresas y firmantes de paz
De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, hay tres hechos para analizar:
“Por un lado, los asesinatos en medio de la pandemia, lo que indica es que los líderes están desprotegidos, entre otras cosas, porque debido al virus no tienen esquemas de seguridad; quedando a merced de los criminales. Sobre esa realidad, de líderes y lideresas encerrados en casas sin sus condiciones de seguridad, no hubo estrategia de seguridad que respondiera a estos escenarios que se preveían”, señala Ávila.
Lo segundo, es que esta situación de violencia selectiva ha quedado sepultada por la pandemia. Los asesinatos de líderes y lideresas, temas como Ñeñepolítica, temas que no le convienen al gobierno y, eso será así por un buen tiempo; mientras se siguen cometiendo asesinatos de manera muy silenciosa, explica Ávila.
Lo tercero, es que esa estrategia de silenciar lo que está sucediendo, sumado a que, por la cuarentena bajen los indicadores de seguridad; será un discurso político del cual se intentarán aprovechar, señala el analista político.
Así las cosas, esta situación de violencia selectiva se acrecienta debido a la falta de voluntad política del gobierno Nacional para atender la difícil situación de derechos humanos, señala el investigador. Por ejemplo, hay un incumplimiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pactada en el punto tres del Acuerdo de Paz.