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ONU pide esclarecer ‘falsos positivos’ ¿Quién dio la orden?

Por: Laura Cano. Periodista Pares.


Hace poco menos de un mes se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- logró establecer que durante el periodo de 2002 y 2008 fueron cometidas, al menos, 6.402 ejecuciones extrajudiciales que luego serían presentadas como bajas en combate. Esto, entre muchas otras cosas, significó que aun con la crítica cifra presentada por la Fiscalía, la cual exponía que eran cerca de 2.248 víctimas, ésta más reciente casi que la triplica, más exactamente se está hablando 4.154 casos más.


En ese momento se logró determinar que el 78% de los hechos que se han presentado históricamente se concentran durante los años de mandato de Álvaro Uribe Vélez. Además, el 66% de los casos ocurrieron en diez zonas del país, entre las que están Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.


A la fecha, hay que resaltar, han sido varios los pasos dados por la Jurisdicción, por ejemplo, se han acreditado 720 víctimas y se han desarrollado 419 versiones con 330 comparecientes. Asimismo, se han identificado más de 2.000 comparecientes presuntamente responsables. Además, se han recibido más de 20 informes de organizaciones sociales y de víctimas de estos hechos, entre ellas de MAFAPO.


Justamente a esta organización con motivo a la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora y a lucha que han dado por 13 años para conocer la verdad y exigir justicia en los casos de vulneraciones ejecuciones extrajudiciales, varios/as congresistas le rindieron homenaje a las mujeres de esta organización.


Congreso resaltó el trabajo de Mafapo


Durante el acto conmemorativo una de las voceras y representante legal de Mafapo dirigió algunas palabras a quienes clavan estaban en el Congreso. Una de sus intervenciones estuvieron dirigidas a la cúpula militar, quienes constantemente han resaltado por su poca colaboración para comparecer ante la JEP. Específicamente hizo referencia a lo dicho por el general Zapateiro, quien a través de su cuenta de Twitter, una vez se conoció la cifra de ejecuciones extrajudiciales revelada por la JEP, indicó que que quienes criticaban al Ejército «eran víboras».


Al respecto, Castillo aseveró que: “No somos ningunas víboras (…) somos madres con dolor. Perdimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, hermanos, pero estamos aquí esperando esa verdad. Queremos que nos den la cara, queremos ese proceso de paz, esa reconciliación”. Además, agregó respecto a los militares que: “Estamos aquí presentes, estamos esperando que estén delante de nosotras, que, así como en algún momento recibieron reconocimientos de sus exitosas brigadas, nos den la cara”.


Al respecto también se refirió Iván Cepeda, uno de los congresistas que promovió este acto conmemorativo: “En mi larga experiencia de trabajo con las víctimas, conozco a pocas que no hayan sido víctimas de múltiples hechos de violencia”. Por su parte, Antonio Sanguino, intervino afirmando que “fueron 6.402 personas engañadas por una institución que tiene como función principal protegerlas. 6.402 que refleja la existencia de una directiva del Ejército que exigía medir resultados por las bajas en combate en vez de las capturas. (…) Queremos reclamar y saber quién dio la orden”.


La ONU se une al llamado


Justamente en relación con lo anterior se refirió Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, quien durante el acto conmemorativo resaltó la urgencia para que el Gobierno Nacional promueva que haya esclarecimiento sobre los casos de las ejecuciones extrajudiciales, señaló que es unq obligación del Estado brindar respuestas adecuadas y efectivas en relación con estos crímenes.


Sobre esto, la funcionaria hizo relevante la labor que viene ejerciendo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que está la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la que se refirió exponiendo que «es importante avanzar con la verdad y el esclarecimiento de los denominados “falsos positivos”, reconociendo que los esfuerzos de la Jurisdicción Especial son determinantes para la rendición judicial completa de los hechos. Negar lo que ocurrió o intentar minimizar su amplitud es socavar la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad».


Hay que recordar que desde 1998 la ONU viene emitiendo informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en 1998, y desde entonces, ha venido formulando recomendaciones para instar a los gobiernos a evitar este tipo de victimizaciones, así como para investigar los casos ocurridos.


Además, de Rivero agregó que «es el interés de todas las instituciones del país y de la ciudadanía que se esclarezcan y sancionen los denominados falsos positivos y que se responda la pregunta planteada por ustedes: ¿Quién dio la orden? El esclarecimiento completo, judicial y extrajudicial y la sanción de los máximos responsables, fomentarán la consolidación de la paz del Estado de derecho y la Democracia”.


En relación con lo anterior vale la pena traer a colación, como se mencionaba más arriba, el 78% de los casos se ocurrieron durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010). Por otra parte, recientemente se informó, luego que la vicepresidenta criticara las cifras presentadas por la JEP, que mientras Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa se presentaron 473 hechos de ejecuciones extrajudiciales, equivalentes al 7,38 % del total de casos, 1477 cuando Jorge Alberto Uribe lo era (23,06 %), 773 mientras Camilo Ospina estaba en el puesto (12.07%), además, mientras Juan Manuel Santos estuvo en el Ministerio las cifras aumentaron críticamente a 1.254 falsos positivos solo en el 2006 y 1.634 en 2007.


Por otra parte, la funcionaria de la ONU también resaltó el trabajo de Mafapo, haciendo referencia a los años en que las mujeres de esta organización han adelantado acciones para buscar que se conozca lo ocurrido con cada uno de los casos de ejecuciones extrajudiciales.

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