Por: Redacción Pares
En 2018, la ONU ve con preocupación el alto número de asesinatos, 110 de personas defensoras de los derechos humanos durante el período examinado. Eso revela el informe las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que describe la situación de los derechos humanos en Colombia.
Aumentan las amenazas contra líderes y defensores
Es importante señalar que el 27 % de los casos registrados afectaron a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, 18 casos o afrocolombianas, 12 casos, lo que demuestra que algunas comunidades étnicas se ven más afectadas que otras.
En este periodo, se registró un aumento de otros tipos de agresiones, tales como amenazas, intentos de asesinato y violaciones de los derechos a la intimidad y a la propiedad.
En el informe general de la situación de derechos Humanos en Colombia durante el año 2018, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subraya la importancia de garantizar los derechos humanos como vía para lograr una paz sostenible y duradera.
Según la información recopilada sobre las posibles motivaciones de estos asesinatos, el 66 % estaría relacionado con la denuncia al accionar criminal, los efectos de la violencia que afecta a la población en general o el apoyo a la implementación del Acuerdo, y más concretamente la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo
El informe revela que los presuntos autores de estos asesinatos fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, entre cuyos integrantes se encuentran posiblemente antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas en un 40 %.
Los autores de los crímenes
Además, la investigación de ONU señala que son presuntos autores de los asesinatos contra defensores de derechos humanos, individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal en un 18 % de los casos, integrantes del ELN 8 %, integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) 4 %, miembros de la fuerza pública 5 %, antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz 8 % y personas por determinar 17 %.
Es importante destacar en esta crítica situación revelada por el organismo internacional, que persisten los asesinatos de mujeres defensoras de los derechos humanos, habiéndose registrado al menos nueve casos a lo largo del año pasado.
De acuerdo con las observaciones de la ONU y los datos oficiales, la mayoría de estos asesinatos se cometieron en municipios donde, además de presentarse las tendencias ya descritas, existe un alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género.
Igualmente, preocupan al ACNUDH las agresiones cometidas contra los defensores pertenecientes a la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluyendo, según la organización Colombia Diversa, dos casos de homicidio y seis de amenazas.
La situación de estos defensores se agrava por la persistencia de prácticas discriminatorias y excluyentes muy arraigadas en la sociedad colombiana.
Líderes comunitarios en la mira
La ONU determina en este informe anual que el 59 % de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional.
La ONU ha observado que en Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, grupos armados ilegales y grupos criminales han presionado a los líderes comunales para que les permitieran proseguir con sus acciones delictivas.
En Norte de Santander se registraron cinco asesinatos de líderes de Juntas de Acción Comunal, todos miembros de la misma organización campesina.
Algunas recomendaciones de ONU
En muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor.
El retraso de más de un mes en el otorgamiento de medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección – UNP, derivó en el asesinato de un líder comunal y de un representante de las víctimas en Norte de Santander y Valle del Cauca en julio y septiembre, respectivamente.
Por otro lado, la Fiscalía debe fortalecer la investigación penal para poder abordar los fenómenos de violencia en los que se enmarcan la mayoría de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y sancionar a los autores de estos crímenes y a los que los planifican.
Para finalizar, la ONU en su informe hace un llamado especial al Gobierno, ya que este tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos.