Por: Nataly Páez y Violeta López
Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
El pasado 17 de mayo, en el departamento de Putumayo, cuatro menores de la comunidad Samaritana del resguardo Alto Predio, del pueblo indígena Muruí, fueron víctimas de un intento de reclutamiento forzado por parte del Frente Carolina Ramírez del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Los menores lograron escapar, sin embargo, en horas de la tarde fueron encontrados y asesinados por el grupo armado.
Tres días después, miembros de la Fuerza Pública y el ICBF se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender la denuncia realizada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac). Una vez verificados los hechos, el presidente de la República Gustavo Petro convocó una reunión extraordinaria en la que suspendió parcialmente el cese al fuego bilateral con esta organización en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, y ordenó una ofensiva militar.
En consecuencia, el grupo armado emitió un comunicado en el cual afirma que el Estado Mayor Central (EMC) ha demostrado desde el 22 de septiembre de 2022 su voluntad de paz, fecha en la que se anunció el cese de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública con el objetivo de crear un ambiente propicio para una eventual mesa de diálogo. Sin embargo, en un informe de inteligencia militar divulgado por W Radio, se evidenció que este grupo habría violado el cese al fuego con 226 acciones violentas, acciones que han afectado principalmente a los departamentos del Cauca, Meta, Nariño, Valle, Caquetá y Norte de Santander.
Este comunicado responsabiliza a la Fuerza Pública de una presunta violación del cese al fuego y realiza fuertes críticas hacia el mandato de Gustavo Petro, aludiendo que “el supuesto gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue en el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad [...]”. Asimismo, señala que los mecanismos de monitoreo y verificación necesarios para llevar a cabo las negociaciones son deficientes y hasta el momento no se han instalado.
Además, reacciona de forma ofensiva ante las declaraciones de Gustavo Petro, allí el EMC advierte que “se desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”. Lo anterior deja en evidencia un posible incremento de la violencia en el territorio nacional, en donde frente a la débil presencia estatal en zonas de conflicto, así como una frágil estrategia de seguridad, la población civil continuará expuesta ante nuevos escenarios de violencia en los cuales el EMC permanecerá ejerciendo control social.
Según investigaciones adelantadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) se encuentra conformado por 24 frentes, los cuales son liderados por 32 cabecillas y cuentan con más de 3.500 (inteligencia) integrantes que se distribuyen principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Casanare, Nariño, Caquetá, Putumayo y Valle del Cauca. Dentro de su accionar violento destacan combates o enfrentamientos armados con la Segunda Marquetalia y el ELN, al igual que ataques a la Fuerza Pública y a la población civil.
Uno de los frentes que conforma esta disidencia es el Carolina Ramírez, antes conocido como Frente Armando Ríos, comandado por alias “Danilo Alvizú”, el cual cuenta con presencia en el Putumayo, en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguizamó, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, en los departamentos del Guaviare, Caquetá y Cauca, principalmente en el municipio de Piamonte.
En el último año, el Frente Carolina Ramírez se ha enfrentado con algunas subestructuras de la Segunda Marquetalia, particularmente con el Frente 48 y los Comandos de Frontera. Estos enfrentamientos se derivan de la disputa por el control de rutas de tráfico de estupefacientes en la frontera con Ecuador, en donde como parte del control territorial el frente Carolina Ramírez lleva a cabo acciones en contra de la población civil como homicidios selectivos y reclutamiento forzado, en especial en comunidades indígenas.
En definitiva, el hecho violento perpetrado por el Frente Carolina Ramírez pone en tela de juicio la voluntad del Estado Mayor Central por cesar sus hostilidades y generar un escenario propicio para una eventual mesa de diálogo y posterior proceso de negociación con el Gobierno Nacional, y se suma a una larga lista de acciones violentas que representan una amenaza para la Paz Total. Por esta razón, es necesario que el Gobierno refuerce su política de seguridad mediante el fortalecimiento de la acción de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de establecer un mayor control territorial, ya que de lo contrario las acciones violentas hacia la población civil continuarán incrementando y la promesa de la Paz Total se verá cada vez más lejana.
Asimismo, es indispensable aunar esfuerzos para no desistir de una negociación como principal medio para la construcción de una paz posible y duradera, en el cual se logren (l) definir mecanismos de monitoreo del cese al fuego que garanticen su efectivo cumplimiento y (II) una selección clara de las delegaciones de negociación. Es importante que este proceso se funde sobre la base de los derechos de las víctimas y con un enfoque que permita aliviar la violencia que padecen las comunidades.