Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial
Oficina Pares Pacífico
El 12 de junio, pasadas las 3 de la tarde, una lancha equipada con un motor 200 (alto cilindraje) llegó a la vereda Calle Larga del Río Anchicayá en Buenaventura. Desembarcaron sujetos armados no identificados quienes, sin mediar palabra, se dirigieron hacia la residencia del líder Omar Delgado, a quien amarraron, lo subieron a la fuerza a la embarcación y se lo llevaron hacia la desembocadura del río sin que la comunidad pudiese evitarlo.
Desde el Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), se alertó la situación ante la opinión pública y órganos competentes para activar la ruta rápida y evitar una tragedia, temiendo se repita lo ocurrido a finales del año pasado en Yurumanguí con Edinson Velandia y Abencio Caicedo, líderes sociales de las cuencas del sur de Buenaventura, de quienes sigue sin conocerse su paradero. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de Omar, quien es integrante del Comité Veredal del Consejo Comunitario y funge como sepulturero en la comunidad.
El riesgo para los anchicagüeños
La situación en el Anchicayá ha sido angustiante en los últimos tres años como consecuencia de la presencia de grupos armados ilegales que intentan reemplazar a la extinta guerrilla de las FARC en el control del territorio. Primero fue el ELN, posteriormente pequeñas agrupaciones de disidencias que se asentaron en los ríos de Buenaventura, y recientemente la Columna Móvil Jaime Martínez, del comando Coordinador de Occidente (CCO).
Esto ha generado una serie de victimizaciones contra las comunidades, tales como: la desaparición y posterior asesinato del campesino Luis Hernán Gamboa Potes, a inicios de 2019; el hecho del 3 de noviembre de 2020 cuando “hombres armados subieron por el río hasta la vereda San José, parte baja del río Anchicayá, allí dispararon contra la vivienda de uno de los integrantes de la junta directiva del Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá, a quien además le hurtaron dos lanchas y dos motores”; o el asesinato el año pasado de Cristian Estrella Riascos, comerciante de la zona, a quien además le balearon y quemaron su camioneta, la cual era utilizada por los habitantes de Anchicayá y Sabaletas para trasladar enfermos y personas que lo requerían hasta el casco urbano de Buenaventura.
Además, la oficina Pares Pacífico pudo conocer que desde finales del año pasado hay una amenaza latente por parte de la Columna Móvil Jaime Martínez de dejar sin fluido eléctrico a la ciudad de Buenaventura. Para ello han intentado atentar contra la hidroeléctrica que queda ubicada en la zona del río Anchicayá, pero la fuerza pública lo ha impedido, por lo que también se registran hostigamientos contra la base militar que la custodia.
Sobre esto último, el general Miller Nossa, comandante de la Tercera Brigada, manifestó ante los medios de comunicación que las incursiones las viene haciendo la Jaime Martínez por el río Anchicayá, mientras que el frente Adán Izquierdo avanza desde el municipio de Dagua, ambas estructuras pertenecen al CCO y la línea “Gentil Duarte”.
La hidroeléctrica, otra amenaza
El Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá fue ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia de 2021 en la categoría Proceso Colectivo del Año, por su lucha y resistencia durante 20 años por la reparación integral del río y la comunidad ante el ecocidio perpetrado por la Hidroeléctrica de Anchicayá, la cual vació 500 mil metros cúbicos de sedimentos a las aguas del río, entre el 23 de julio y el 26 de agosto de 2001.
Las comunidades, junto al abogado Germán Ospina, interpusieron una acción de grupo que, 20 años después de los hechos, finalmente se resolvió a través de una sentencia del Consejo de Estado fechada el 10 de junio de 2021. La sentencia condenó a Celsia, empresa dueña de la central hidroeléctrica, y a la autoridad ambiental del Valle del Cauca (CVC), organizaciones que se vieron obligadas a indemnizar a las comunidades afectadas por daño emergente, lucro cesante y daño moral.
A pesar de esto, no se ha podido hacer efectiva la sanción, porque desconoce parte de la población afectada y censada por la misma comunidad. Tampoco se ha dado cumplimiento al diseño e implementación de un programa de repoblamiento y fomento piscícola, sustitución alimentaria y asistencia técnica agropecuaria para las comunidades, que son las medidas ordenadas para recuperar el río que ordenó el Ministerio del Medio Ambiente.
El miedo que ronda Anchicayá
Hay un temor latente de que se repitan los hechos del pasado. Las comunidades temen una nueva masacre como la ocurrida en la madrugada del 11 de mayo del año 2000 en Sabaletas. Y que suceda nuevamente la tragedia ambiental del 2001, debido a que actualmente la hidroeléctrica tiene más sedimento del que vaciaron hace veinte años y se desconoce cuál va a ser el procedimiento para su evacuación.
Este temor se manifiesta con el vaciamiento del territorio. En Anchicayá se viene presentando una serie de desplazamientos individuales, gota a gota, que es casi imperceptible desde afuera porque pocas veces son denunciados. Pero cuando se transita por el río y se camina por las veredas, se ven las casas abandonadas, perros en las calles sin nadie que los alimente y calles desoladas. Poco a poco el territorio se va quedando sin vida.
Actualización de la noticia 14 de junio
Mediante un comunicado del Proceso de Comunidades Negras, el Consejo Comunitario Mayor del río Anchicaya y la organización Étnico Territorial UNUIRA informaron que el líder comunitario Omar Delgado afortunadamente fue devuelto a su casa en buenas condiciones.
