Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.
Ahora que se confirmó el nombramiento de Juan Carlos Florián como Viceministro de Diversidades en el Ministerio de Igualdad y Equidad volvió a desatar una cantidad de comentarios basados en prejuicios ridículos. La capacidad de un funcionario público no puede medirse por su pasado sexual, haya sido público o privado, y reducir la vida de Juan Carlos a su experiencia en la industria pornográfica es un acto violento que tenemos que rechazar y debe llevarnos a reflexionar sobre lo que realmente importa en la función pública.
Juan Carlos es politólogo y en su trayectoria profesional incluye experiencia en el sector público y privado. Su perfil profesional evidencia preparación, además de su labor como activista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, el debate se ha centrado en su pasado como actor porno lo cual es inaceptable. Recordemos que ya en el 2023 sonó para este nombramiento, momento desde el cual fue atacado y expuesto, pero solo hasta ahora se hace oficial su nombramiento.
Estos ataques desde la putofobia y LGBTIfobia, basados en una absurda preocupación moral, demuestran el profundo desprecio que hoy persiste en la sociedad colombiana por la diversidad sexual pero también corresponde a una negación de la complejidad de la experiencia humana, que nos atraviesa desde lo social y lo político, pero también desde lo económico.
¿Haber trabajado como actor porno lo invalida como sujeto político y lo obliga a abandonar lo público? NO.
Es necesario resaltar que, en muchos casos, el trabajo sexual es una forma de supervivencia, como el propio Florián ha manifestado en entrevistas. Estigmatizar a quienes lo ejercen profundiza la discriminación y les deshumaniza. Sin embargo, la morronguería colombiana demuestra la hipocresía de una sociedad que, según Pornhub, Colombia es el cuarto país en Latinoamérica y el decimoséptimo a nivel mundial en consumo de pornografía, pero que, a su vez, hoy estigmatiza y condena a quienes participan en ese tipo de producciones, instrumentalizando sus cuerpos y los despoja de sus derechos por cómo exponen su sexualidad. Esta doble moral es violenta y dificulta la protección de los y las trabajadoras sexuales.
En lugar de juzgar, esta es la oportunidad para para abrir discusiones importantes como la protección a las personas que ejercen actividades sexuales pagas, el abordaje de las problemáticas y denuncias de explotación en la industria porno, la garantía de condiciones dignas para quienes participan en dicha industria. Además del reto de eliminar las violencias que viven las personas de la comunidad sexual y de género diversa, que según la Defensoría del Pueblo sólo en 2023 se presentaron “480 casos de violencia hacia esa población, 166 fueron a mujeres transgénero, 110 a hombres gais, 79 a mujeres lesbianas, 47 a personas no binarias, 43 a personas bisexuales y 35 a hombres transgénero”.
Pero también creo que es fundamental que los sectores progresistas aprovechemos este debate para continuar enfrentando a los conservadores y posicionemos en el debate público temas como el derecho al placer y la garantía de libertad y autonomía para decidir sobre nuestra sexualidad.
El Viceministerio de Diversidades tiene una tarea central en la articulación de las agendas de esta población, incluyendo la implementación de políticas para prevenir la violencia y la discriminación, todo esto, mientras también es víctima de esa violencia prejuiciosa por su pasado. El reto es enorme y para ello, se necesita conocimiento y compromiso, lo cual no está determinado por su orientación sexual o pasado laboral.
No le podemos dejar espacio a la morronguería, pues ¿qué clase de país creen que tendríamos si nuestro pasado sexual definiera los resultados en la función pública?
*A propósito de este tema, aprovecho para resaltar la reciente aprobación del CONPES 4147 Política Nacional Para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, que tiene como objetivo disminuir las barreras económicas, sociales, culturales, institucionales, políticas y violencias asociadas a estructuras de discriminación y prejuicios por identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas que limitan los de derechos de la población LGBTIQ+.
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