Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El pasado miércoles 12 de octubre se firmó en Medellín, en la sede principal de Isagen, el Pacto por la Justicia Tarifaria. Este es un acuerdo inédito en el país, que se da en un momento clave del gobierno Petro y próximo a cumplir tres décadas de implementación de las leyes 142 y 143 de 1994, con las que se reformó el mercado de la energía eléctrica y los demás servicios públicos domiciliarios.
Fueron 82 las empresas de la cadena de la energía en Colombia que se comprometieron con el Gobierno nacional –en cabeza de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres y en compañía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios– a entregar justicia social y económica a los usuarios del sector de la energía eléctrica.
Inicialmente el pacto consiste en reducir el precio entre un 4 y 8% del servicio que se cobra en las facturas a los consumidores –que se sentirá a partir de noviembre– y a trabajar en la estabilización de las tarifas en 2023. En términos económicos esta reducción representa una transferencia de recursos monetarios del sector empresarial a los consumidores en, por lo menos, 1,5 billones por vía de disminución tarifaria.
Es una medida que se traduce, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en un ahorro por hora para los hogares importante, por ejemplo, del estrato uno en 233 pesos o de 700 pesos para el estrato cinco –partiendo de que cada hogar en Colombia consume en promedio 157 kilovatios por hora–. Recursos no pagados en tarifas que benefician el patrimonio familiar y que permite que los ingresos puedan ser usados por los hogares para aumentar las inversiones en educación o gastos en alimentación.
A este pacto de voluntades se llegó luego de mes y medio de conversaciones entre las empresas del sector eléctrico –la cadena de las generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras– y la ministra de Minas y Energía. Y después de que el presidente Petro interviniera en la asamblea anual de Andesco, donde dijo que si no se tomaban medidas para atender la lamentable situación que está viviendo el país se intervendría a la CREG y el mercado de energía.
Recordemos que, desde finales de 2021 los usuarios del servicio de electricidad han visto como el precio promedio del servicio ha subido a nivel nacional en un 26%; llegando, incluso, a niveles cercanos al 50% en regiones como la Costa Atlántica, donde un kilovatio cuesta 900 pesos frente a 600 que se paga en ciudades como Bogotá. Lo que ha puesto a muchos hogares de poblaciones marginadas en el dilema de pagar los servicios o comprar alimentos.
Una situación que es vieja en Colombia y que comenzó a profundizar con la pandemia, cuando el Gobierno Duque prohibió el alza de tarifas durante este tiempo de crisis, evitando la nivelación de precios; pero luego de esta norma prohibitiva se ha realizado un incremento sostenido de las tarifas que produce el aumento generalizado que ha tenido el precio en las tarifas de energía desde diciembre de 2020.
Además, desde diciembre de 2021 se viene presentando un incremento en los costos de producción de la energía, como consecuencia del aumento en el precio en los insumos que usan la generación de electricidad. Así, el Índice de Precios al Productor ha tenido incrementos acumulados en 2022 de hasta 21,8%, y con ello un aumento de los precios de la energía.
Lo que busca el Pacto por la Justicia Tarifaria es establecer un precio razonable a este servicio esencial para los 48 millones de colombianos y colombianas que lo consumen. Diciéndole a las empresas que deben comprender que los usuarios tienen derecho al acceso a la energía, a pesar de este ser este un sector que se rige por las leyes del mercado.
El pacto firmado el 12 de octubre contiene, en el corto plazo, en primer lugar, un permiso para renegociar 953 contratos bilaterales entre generadores y comercializadores de energía –que representan el 69% de los acuerdos de compra y venta de energía y de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al mercado no regulado– y que permite ajustes de pago y del indexador del servicio –según las resoluciones CREG 101 027 y 029 de 2022–.
Y en segundo lugar, un acuerdo para usar el indicador menor de precios o más favorable para indexar el costo de las tarifas de energía para el usuario –se usará el más bajo entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios del Productor (IPP)–. Lo que permitiría controlar, en parte, la inflación en este servicio.
Adicionalmente, en el mediano y largo plazo, el acuerdo propone trabajar en la revisión de los diversos componentes de la estructura tarifaria, para que este no presente variaciones tan altas y tenga un indexador más estable que permita lograr la justicia tarifaria en el país. También, avanzar en la transición energética justa y en un modelo de democratización de la energía, donde la justicia tarifaria es uno de los componentes.
Para finalizar hay que decir que a pesar del importante avance que representa este pacto, aún faltan muchos temas por tratar. Algunos de ellos son: primero, que estamos ante unas medidas que representan poco alivio para algunas regiones. Para la Costa Atlántica, por ejemplo, la reducción de 8% que es la más alta, será mínimo el cambio, ante un aumento que hoy es para esa región cercano al 50%.
Segundo, a pesar de tener muchas empresas vinculadas con la iniciativa ministerial, y algunas de ellas tan importantes como EPM, EMCALI, Cesia, Gecelca o ISAGEN, aún falta más de la mitad de las empresas por vincularse. Por ejemplo, de las 11 distribuidoras que componen este sector, sólo cinco están en el acuerdo. Además, las empresas más criticadas –como Afinia, que está en la Costa Atlántica– aún no se solidarizan.
Tercero, que para hablar de una completa justicia tarifaria hay que hacer extensiva también estos pactos a los demás servicios públicos domiciliarios del país, los que igualmente presentan aumentos tarifarios significativos. Es necesario incluir a las demás empresas de los servicios, como las del agua potable y saneamiento básico o los de la telefonía celular y la internet.
Y cuarto, debe incluirse a todos los actores involucrados con el servicio, a los gobiernos departamentales y locales. Además debe hacerse un gran esfuerzo para parar el robo de energía y las conexiones fraudulentas, que en ciudades como Cartagena, significan pérdidas de cuatro billones de pesos, y que son cobradas a los usuarios que sí pagan, a través del componente de Pérdidas.
En conclusión, estamos frente una novedosa, democrática y justa acción colectiva, donde los empresarios del sector eléctrico han decidido atender el llamado del Gobierno nacional de vincularse con una política redistributiva, que ponga en el centro a los ciudadanos –de forma análoga como se hizo con las víctimas del conflicto armado en el Acuerdo de paz–. Unas tarifas que buscan que los ciudadanos puedan acceder al servicio de la energía a un costo razonable, de calidad y acorde con los ingresos que tenemos en Colombia; unas tarifas que permitan encender sueños y alegrías y no oscurecer vidas o apagarlas.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.