Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
Fotos tomadas de:Semana y Telesur
Es importante seguir recordando cómo y por qué el departamento del Cauca ha sido víctima constante de las diversas dinámicas del conflicto armado que se han presentado en Colombia: se debe a su ubicación geográficamente estratégica y a sus recursos naturales, lo que ha impulsado el posicionamiento de diversos actores armados que disputan el control de corredores y territorios del Cauca. En el marco de este análisis, la lupa se enfocará en lo que han sido las acciones de violencia perpetradas por parte de las estructuras armadas del Estado Mayor Central de las disidencias y el ELN, durante el mes de julio y lo que va del mes de agosto del 2023.
El departamento del Cauca -en especial las subregiones norte, centro y sur- ha vivido un incremento en las acciones de violencia, ejercidas en su mayoría por los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño que hacen parte del Estado Mayor Central de las disidencias de FARC. Es importante tener presente que el EMC es la estructura más fuerte en el departamento, teniendo presencia en 36 de sus 42 municipios.
Esta presencia ha generado hechos de violencia que en los últimos meses evidencian un incremento de los hostigamientos en el territorio: el secuestro de uno de los hijos del alcalde de Rosas, repetidos atentados realizados a estaciones de policía de Popayán, Timbío, Santander de Quilichao (Mondomo), Cajibío (El Carmelo), Buenos Aires (Timba); atentados a patrullas de policía en Morales; la instalación de retenes (vía Corinto-Miranda) y enfrentamientos con la Fuerza Pública y el ELN por el control territorial de zonas del norte (Caldono- Silvia-Jambaló) y el sur (Balboa, Argelia, Cañón del Micay) del departamento. Estas acciones han incrementado a su vez los desplazamientos y confinamientos.
Esto da cuenta de la dinámica de violencia que está ejerciendo el EMC con dos posibles objetivos: primero, evidenciar su fuerza de ataque hacia la estructura del Estado Colombiano, representado en la fuerza pública y los civiles, a través de atentados y hostigamientos, que llevarían a instar al Estado a avanzar en los primeros acuerdos del nuevo escenario de diálogo –la instalación de una mesa de diálogo con este grupo en el marco de la Paz Total–; y, segundo, un componente de estas acciones puede ser de carácter “defensivo”, pues desde el Ministerio de Defensa, se han realizado acciones para debilitar esta estructura desde lo militar y económico.
Con relación al primer objetivo, encontramos una relación estrecha entre el actual accionar de la extinta guerrilla con sus acciones durante los años 90 en la implementación de su “plan Estratégico para la toma del poder”, objetivo máximo desde la séptima conferencia de las FARC. Dentro de ese plan, las acciones estaban encaminadas a atacar las estaciones de policía, las patrullas móviles y avanzar en el control territorial. Las acciones actuales pueden buscar asimilarse a las de ese momento, ya que hoy por hoy esta estructura busca reafirmar su carácter político frente a un contexto que impulsa diálogos de paz con el peso de una historia reciente que posiciona su estructura como una disidencia lejana a los principios rectores que la catalogaban como organización insurgente.
En relación a esto, desde la Fiscalía General de la Nación, el pasado 21 de julio, se presentó un documento de alerta indicando que el Estado Mayor Central tendría un plan de ataques sistemático en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, haciendo un llamado a salvaguardar la integridad de la población civil y extremar medidas de seguridad a funcionarios públicos.
Dado el escalamiento de los hostigamientos en el departamento del Cauca, el presidente Petro convocó un Consejo de Seguridad en Popayán y presentó el plan de acción del Gobierno para los próximos días:
Sustitución con dinero público de economías ilícitas, especialmente cocaleras, por economías lícitas.
Presencia militar para respaldar esa política en zonas prioritarias con el objetivo de paralizar la economía ilícita, y propiciar que la ciudadanía pueda transitar hacia economías lícitas
Frente a las negociaciones con grupos armados: antes que un cese al fuego, debe haber un cese de hostilidades a la sociedad civil.
En ese Consejo, el presidente afirmó que “ni el secuestro, ni el confinamiento, ni la extorsión, ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni la muerte es combatientes que han firmado la paz, ni el ataque a comunidades indígenas a sus autoridades afros o mestizas pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz”.
La mesa de diálogos con el EMC será instalada el 17 de septiembre a la par del inicio de un Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal CFBNT con este grupo que tendrá una duración de seis meses. Mientras este grupo armado tensiona la relación con el Estado por medio del escalamiento de acciones violentas en el territorio caucano, la mesa tendrá como reto la generación de condiciones para el diálogo con la puesta en marcha de acuerdos que bajen la intensidad de la violencia y sean la puerta de entrada de una negociación exitosa. En el Cauca se requiere la evidencia de voluntad de paz del Estado Mayor Central que está ad portas de iniciar un proceso de paz y actualmente es el grupo que mayores afectaciones a los derechos humanos tiene en el departamento.