Por: Paola Perdomo
Investigadora nacional Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
El pasado domingo 20 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el inicio de un paro armado de 72 horas que tendría inicio el 23 de febrero a las 6 am y se extendería hasta la misma hora del 26 de febrero. Aunque el Ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a este anuncio como una simple amenaza panfletaria que solo busca generar temor y que no tendrá mayor impacto, gracias, según el Ministro, a la imperante capacidad de la fuerza pública; lo cierto es que el paro armado sí enciende las alarmas si tenemos en cuenta la realidad actual del ELN.
El ELN está conformado actualmente por un pie de fuerza que asciende a los 4.000 combatientes, distribuidos en 181 municipios de 19 departamentos del país, sin contar su presencia en algunas regiones venezolanas como el arco minero y zonas fronterizas con Colombia. Este grupo armado ha evidenciado tener una gran capacidad bélica a través del despliegue continuo de acciones armadas dirigidas principalmente contra la fuerza pública y también por su despliegue de control territorial en algunas zonas del país.
Solo el 27 de enero de 2022, el ELN adelantó 8 acciones bélicas de manera simultánea en los municipios de Remedios, en Antioquia; Aguachica, Chiriguaná, Palitas, en el Cesar; y Ocaña, Convención y San Calixto, en Norte de Santander. En estas atacó bases militares, estaciones y patrullas de policía, a través de hombres armados pertenecientes al Frente Héroes de Anorí, en Antioquia, y el Frente de Guerra Nororiental, en Cesar y Norte de Santander, dejando un saldo total de 31 uniformados heridos y 1 muerto. Esto, según el mismo ELN, como respuesta al incremento del pie de fuerza pública en departamentos como Arauca y Norte de Santander, en donde esta guerrilla se ha fortalecido tras la dejación de armas de Farc-EP.
Bajo este contexto, el actual anuncio de paro armado del ELN genera zozobra, especialmente, en estos territorios donde se han presentado los hechos recientes. En el último paro armado de este grupo, entre el 14 y el 16 de febrero de 2020, se registró un saldo nacional de 23 actos violentos, 7 heridos y 3 muertos en 5 departamentos del país, además de uno (1) en zona de frontera, según información de fuerza pública. En estos hechos, el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander, fueron las zonas con mayores afectaciones del país.
En dichas zonas de Norte de Santander, el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación, (SIPARES) reportó más de una decena de vehículos interceptados e incinerados; el derribamiento de una torre de telefonía (San Calixto); el uso de artefactos explosivos (Villa del Rosario Cúcuta, Ábrego, Ocaña, también del lado Venezolano) algunos identificados y detonados de forma controlada por parte de las autoridades; desplazamientos masivos (Hacarí, Ábrego); confinamiento de la población civil y la muerte de un integrante del Ejército por la acción de un francotirador (Convención). Además, se presentó un crítico desabastecimiento de alimentos, la perdida de 675 toneladas de alimentos que no pudieron ser distribuidos y 1.875 toneladas aún represadas en zona rural, de acuerdo con pronunciamientos de asociaciones campesinas de la subregión.
Este antecedente sumado al agravante del fortalecimiento y accionar reciente del ELN, y un complejo escenario de violencia político-electoral representan un elevadísimo escenario de riesgo en seguridad para la población civil. Esta, en lo corrido del año 2022, se ha visto fuertemente afectada por hechos como desplazamiento forzado, amenazas, asesinatos selectivos, entre otros, en departamentos como Arauca, Cauca, Cesar, donde de manera diferenciada también hace presencia el ELN junto con Grupos Armados Post-Farc y Clan del Golfo, respectivamente.
De modo que anuncios como el realizado por el ELN frente al desarrollo los próximos días del paro armado, una vez más, llaman la atención sobre dos aspectos. Por un lado, la compleja situación humanitaria y de seguridad por la que cruza el país, particularmente, las comunidades que habitan estas zonas de la geografía nacional, donde la cotidianidad transcurre entre una atemorizante movilidad en el territorio, un control social violento, la latencia de sangrientas disputas armadas y una militarización que eleva los riesgos y evidencia poco resultados. Por otro lado, la necesidad de alentar y retomar las negociaciones de paz con este grupo guerrillero que se ha mantenido como una fuerza de perturbación y capacidad de control y mando en el país, a pesar del accionar en su contra por parte de otros grupos armados ilegales y la misma fuerza pública.
A propósito de las elecciones presidenciales de este año, se espera que el próximo gobierno recoja e impulse el proceso de paz con el ELN, reconociendo la urgencia del diálogo con esta guerrilla como tránsito necesario para seguir avanzando en la construcción de paz en el país. Por ahora, defensoras y defensoras de DDHH, medios de comunicación, organismos gubernamentales y no gubernamentales están atentos a lo que transcurra durante esta semana en las zonas de presencia de esta estructura armada ilegal. Como hasta ahora, Pares estará realizando un seguimiento en tiempo real al desarrollo de las 72 horas anunciadas de paro armado, registrando y analizando las acciones bélicas y afectaciones a derechos humanos que tengan lugar por parte del ELN a lo largo del país.
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