Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: Opinión Caribe
La persistencia de las minas antipersonal en Colombia es un problema de larga data que ha dejado una huella indeleble en la historia del país y en la vida de sus ciudadanos. A pesar de los esfuerzos concertados de múltiples gobiernos y la comunidad internacional para abordar este desafío, la nación continúa luchando por cumplir con su compromiso de ser libre de minas antipersonal, como lo exige el Tratado de Ottawa, al que se adhirió en 1997.
Desde 1990, estas trampas explosivas han cobrado un elevado tributo humano, con 2.358 vidas perdidas y 10.096 personas heridas, según informes oficiales. Sin embargo, estas cifras, impactantes por sí mismas, apenas reflejan el sufrimiento y la devastación completos causados por las minas antipersonal en Colombia. Cada víctima tiene una historia personal, familias destrozadas y comunidades enteras afectadas por la violencia indiscriminada de estos artefactos mortales.
Recientemente, el caso de Valdemar Ordóñez, concejal de Argelia en el departamento del Cauca, ha vuelto a poner de manifiesto la continua amenaza que representan las minas antipersonal en las zonas afectadas por el conflicto armado. Ordóñez resultó gravemente herido mientras intentaba reconectar el suministro de agua cortado por disidentes armados en una vereda local. Desafortunadamente, su experiencia no es única.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido sobre la detección de nuevas áreas contaminadas con minas antipersonal en Colombia durante el año 2023. Municipios que antes se consideraban libres de estos peligrosos dispositivos ahora enfrentan una realidad desgarradora. Nariño, Cauca, Valle, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Putumayo, Meta, Chocó y Caquetá son solo algunas de las regiones afectadas por este problema.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido 270 alertas tempranas en los primeros meses de 2024, señalando escenarios de riesgo relacionados con la contaminación por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
El Cauca, junto con otras regiones como el Catatumbo, ha sido uno de los lugares más golpeados por la siembra de minas antipersonal por parte de grupos armados ilegales. Estos grupos utilizan estas trampas explosivas como una táctica para controlar territorios estratégicos, proteger rutas de narcotráfico y evitar la incursión de fuerzas militares. Esta realidad convierte a comunidades enteras en zonas de riesgo constante, donde cada paso puede ser potencialmente fatal.
En el Catatumbo, por ejemplo, el ELN es señalado como el principal responsable de la siembra de minas antipersonal. La presencia de este grupo armado en la región ha generado un clima de temor y peligro para los habitantes locales, especialmente aquellos que dependen de la tierra para subsistir. La historia de Leidy Lázaro Pava, una mujer de 38 años que murió en marzo de 2024 en el municipio de La Playa mientras buscaba señal para su celular, es un recordatorio doloroso de los riesgos diarios que enfrentan las personas que viven en estas áreas afectadas por el conflicto.
La situación en el departamento del Cauca es igualmente preocupante. Las disidencias y otros grupos armados ilegales han utilizado trampas explosivas para controlar territorios clave para el narcotráfico y el conflicto armado. El hecho de que municipios enteros se vean obligados a vivir bajo la sombra constante de la violencia y el peligro ilustra la urgencia de abordar este problema de manera integral y efectiva.
El compromiso de Colombia con la eliminación de las minas antipersonal se remonta a la firma del Tratado de Ottawa en 1997. Sin embargo, los plazos establecidos para la erradicación de estas armas mortales no se han cumplido, y el país ha tenido que solicitar prórrogas en múltiples ocasiones. La última prórroga, fijada hasta el 31 de diciembre de 2025, parece ser inalcanzable dadas las condiciones actuales.
El incumplimiento de estos plazos no solo representa una violación de los compromisos internacionales de Colombia, sino que también tiene consecuencias graves para las comunidades afectadas. La presencia continua de minas antipersonal no solo impide el acceso seguro a la tierra y los recursos naturales, sino que también obstaculiza los esfuerzos de desarrollo y pacificación en estas áreas.
A pesar de los desafíos, se han logrado algunos avances en la lucha contra las minas antipersonal en Colombia. La desmovilización de las FARC en 2016 redujo significativamente el número de víctimas militares, pero la población civil sigue siendo altamente vulnerable, especialmente en áreas rurales y conflictivas donde persisten otros grupos armados y municiones sin explotar.
Por esta razón, es fundamental que el gobierno colombiano y la comunidad internacional redoblen sus esfuerzos para abordar este problema de manera integral. Esto incluye aumentar la inversión en desminado, fortalecer la educación en riesgos de minas, brindar asistencia a las víctimas y coordinar acciones con todos los actores relevantes, incluidas las comunidades locales y los grupos armados ilegales.
Además, es necesario abordar las causas subyacentes del conflicto armado en Colombia, incluida la pobreza, la marginalización y la falta de oportunidades económicas en las áreas afectadas. Solo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá lograr un futuro libre de minas antipersonal para todos los colombianos.
El actual gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, enfrenta el desafío de solicitar una nueva extensión del plazo, esta vez hasta 2030. La realidad es desalentadora: los esfuerzos por descontaminar el territorio se ven obstaculizados por la acción de grupos armados ilegales, que continúan sembrando minas para proteger sus intereses y controlar territorios estratégicos.
La urgencia de actuar es innegable. La coordinación entre actores gubernamentales, la inversión en desminado y la cooperación internacional son clave para avanzar hacia un país libre de minas antipersonal. Pero, sobre todo, es necesario un compromiso real por parte de todos los actores involucrados, para poner fin a una tragedia que ha marcado a Colombia durante demasiado tiempo.