Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
A comienzos de febrero, el presidente Gustavo Petro dio a conocer un proyecto de decreto con el que buscará asumir –de manera temporal– algunas funciones generales de la regulación en materia de servicios públicos domiciliarios (SPD). Según la propuesta normativa, el presidente reclamará las funciones que la Constitución y la ley le dan para administrar estos servicios de forma directa y personal.
A pesar de que en el pasado esta atribución del Gobierno ha sido normal –incluso quedó explícita en el plan de desarrollo del gobierno de Iván Duque– el proyecto de decreto de inmediato encendió las alarmas de los gremios de la industria y ha provocado que, incluso, calificadoras de riesgo como Fich Ratings, manifiesten su preocupación y hagan advertencias sobre las consecuencias de esta disposición.
Para las grandes asociaciones de la industria –como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y Ser Colombia– la propuesta normativa del presidente se convierte en un peligroso anuncio que puede alejar a los inversionistas, restringir el acceso a capitales, aumentar el costo de las deudas, poner en riesgo la cobertura de los servicios y reducir la calidad de estos. En síntesis, advierten una catástrofe, al poner en riesgo el desarrollo futuro del país con la medida.
Frente a esta situación se pueden decir dos cosas. La primera es que el presidente, como jefe de Estado, está facultado por la Constitución de 1991 para que intervenga en la regulación de la prestación de los servicios de utilidad pública. Aunque la norma de normas permitió, en su artículo 333, la participación del sector privado en la provisión de estos servicios, también en el 370 se dice que el Estado mantendrá el monopolio de la regulación.
La Constitución es clara en entregar al presidente de la República el poder para establecer políticas generales para la administración y gestión de los SPD; además del control, la inspección y vigilancia de las organizaciones que participen. Lo que pasó fue que, a partir de 1994, con los decretos 1524 y 2253 de 1994, y las leyes 1942 y 143 del mismo año, el presidente delegó en las comisiones de regulación de Energía y Gas (Creg) y la de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) la ejecución de estas labores.
Lo que está haciendo el presidente Petro en estos momentos es retomar sus responsabilidades constitucionales y legales. Como mandatario está interesado y obligado a aportar al bienestar social. Ve con preocupación cómo desde hace años en el país se están aumentando alarmantemente las tarifas de la energía eléctrica y del gas, afectando el bolsillo de los usuarios. De allí que desee usar los mecanismos institucionales que tiene para moderar estas alzas, manteniendo claros los principios de solidaridad y redistribución.
El segundo asunto es que en la prestación del servicio de energía también podemos ver cómo opera la lógica capitalista. Desde 1994, el sector de los SPD viene operando como un mercado, muy similar a cualquier otro de la economía. Allí los agentes oferentes tienen como principios de actuación la eficiencia económica, la suficiencia financiera y la ganancia comercial. Por ello vienen trabajando desde ese año en convertir la prestación de los SPD en un sector de la economía que se organiza y opera como todo un negocio.
Para los oferentes, las tarifas de los SPD deben estar atadas a los costos de las diversas actividades que se involucran –que en la electricidad son: generación, transmisión, comercialización y distribución, además de otros componentes–. En ellas debe incluirse, necesariamente: la administración, la operación y el mantenimiento. Además, por supuesto, las tasas de remuneración de los capitales –que se establecen de acuerdo con las expectativas de los inversionistas– y que no es más que las rentabilidades que les da el negocio de la energía.
En síntesis, los privados piensan que los servicios de utilidad pública –como el agua, el aseo, el gas, la electricidad o las telecomunicaciones– son verdaderos mercados cuasi-independientes, los cuales pueden operar, incluso, sin la intervención del mismo Estado. Una lógica de funcionamiento que el próximo año cumplirá tres décadas de desarrollo y que la industria y sus gremios han tratado de construir a su conveniencia.
De allí que ante el anuncio de una posible norma que permita al presidente Petro retomar las funciones constitucionales y legales, los oferentes del servicio presenten diversos argumentos en contra; y digan que esta injerencia presidencial debilita la estructura reguladora y afecta el funcionamiento normal del sector. Emitiendo comunicados, como gremios, en los que advierten, alarmados, que el control de los precios que se pretende hacer afectará sus inversiones y generarán una reducción en las ganancias.
Incluso hacen uso de los informes de las calificadoras de riesgo –como Fich Ratings– para subrayar la advertencia que estas organizaciones hacen a las medidas que está tomando el presidente colombiano para frenar la inflación, diciendo que ellas pueden tener consecuencias graves para los mercados eléctricos, pues “podría debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos para compensar los crecientes costos de producción”.
Con los dos anteriores asuntos queda claro que el país se está enfrentado en la actualidad a dos visiones distintas frente a los SPD: por un lado, a una lógica presidencial actual que aboga por la necesidad de control del precio para que prevalezca el interés público. Una visión que se ha convertido en la bandera del Gobierno para avanzar en la reducción de los precios de la energía y lograr un Pacto por la Justicia Tarifaria.
Una apuesta que se justifica en la medida en que el país ve cómo las tarifas de estos servicios se están elevando considerablemente debilitando el bienestar de los hogares. Aumento en los precios que se evidencia en las cifras que ofrece el DANE cuando muestra que para 2022 se dio un incremento promedio de las tarifas de los SPD para el país de 22,40% para la electricidad y de 21,93% para el gas; superando casi el doble el incremento del IPC, incluso tasas de incremento de más del 40% en territorios como la Costa Atlántica.
Y, por otro lado, a una lógica en la que los agentes oferentes del mercado ven los SPD como un gran negocio. Percibiendo el cambio normativo como una intromisión de un agente externo –el Estado– que no les respeta los cálculos en las rentabilidades de la inversión proyectados. Y que consideran que la bandera del Gobierno de proteger a los usuarios se hace en contra de sus intereses; por tanto, le sugieren que si desea ayudar a los usuarios-clientes lo haga vía subsidios y no afectando sus ganancias.
En este escenario de enfrentamiento de lógicas complementarias en torno a los SPD es necesario como ciudadanía estar muy atentos a sopesar los argumentos. A pensar en la necesidad de un diálogo y reflexión sobre el papel del Estado en una economía en la que participen todos los actores interesados en el buen funcionamiento de los servicios –gobierno, gremios, ciudadanía, incluyendo la academia–.
A valorar como ciudadanía las banderas del Gobierno en cuanto querer asumir la rectoría de la política basada en los principios de solidaridad y redistribución, sobre todo en momentos difíciles como estos. Pero también a insistir en la necesidad de respetar los otros principios rectores del mercado, como la eficacia económica y la suficiencia financiera, que son aspectos técnicos importantes para mantener el servicio.
Finalmente, a pensar en la necesidad de realizar ajustes normativos que transformen la regulación; pero también en la importancia de tener una institucionalidad fuerte y que se respete, que valore los acumulados para que se asegure una función regulatoria del Estado simple y transparente; y al mismo tiempo se evite que los gobiernos que vendrán por cualquier razón intervengan, poniendo en riesgo el sistema.
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