Por: Línea Paz Territorial y Derechos Humanos
Hoy en día, no es fácil vislumbrar un horizonte claro para la política de paz del gobierno de Gustavo Petro ni para la paz en general en Colombia. Existe confusión en prácticamente todos los ámbitos de análisis. Es común observar una selección caprichosa de datos y variables que dependen de la opinión del experto o experta que realice el análisis correspondiente. Además, la Paz Total no ha sido una política pública convencional, sino que se ha compuesto de una mezcla de anuncios presidenciales, apertura de mesas de diálogo e intentos de negociación con diversos actores, desde el Clan del Golfo hasta una mesa de negociación con el ELN, que, aunque ha enfrentado varias crisis, es hasta ahora la más consolidada, no solo en el presente gobierno, sino en todos los intentos de negociación con dicha guerrilla.
La ley 2272 de 2022, o Ley de Paz Total, fue una de las primeras iniciativas legislativas del gobierno y una de las que se tramitó con mayor celeridad en el Congreso de la República. No obstante, casi dos años después de su sanción, en noviembre de ese mismo año, no se conoce otro documento que le dé forma. No hay una hoja de ruta y, en definitiva, no es fácil percibir un plan claro. La paz en el gobierno de Petro ha tenido dos comisionados de paz, dos enfoques distintos, cuatro ceses al fuego de los cuales sobreviven dos, uno de ellos muy parcial. Al menos se ha establecido diálogo con siete grupos armados ilegales de distintas índoles políticas e ideológicas, y con considerable arraigo en economías ilícitas y del crimen organizado.
Sin embargo, no es cierto lo que se ha divulgado en la opinión pública sobre la relación causal entre la Paz Total y el crecimiento de los grupos armados ilegales, especialmente en los ceses al fuego. Es probable que exista una correlación entre la manera en que se planeó y ejecutó el cese al fuego con la disidencia de las FARC conocida como el EMC y la presión armada y violenta contra comunidades rurales, organizaciones sociales y especialmente contra el movimiento indígena. La confusión en el tratamiento del concepto humanitario hizo que en muchos lugares los grupos recién empoderados violaran sistemáticamente el principio de distinción entre combatientes y civiles, entrando en una guerra sin cuartel por el control del territorio, concentrándose en el control de la población y la domesticación violenta de los liderazgos sociales territoriales.