Por: Walter Aldana
Político Social Alternativo
Nos contaron los mayores que el bienestar social y la igualdad de oportunidades fueron las banderas y los sueños que signaron la vida política de personajes desde Galán el comunero, Policarpa Salavarrieta, María Cano, López Pumarejo y su “revolución en marcha”, Quintín Lame, el “indio” Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, Camilo Torres y Bateman, entre otros; fuesen sus acciones resultado de una actividad individual o representasen una voluntad y un anhelo colectivos.
Los pensamientos, luchas y apuestas desde postulados socialistas y comunistas, pasando por pensadores liberales como Uribe Uribe más conocido por su ideario político a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo sindicalista, o la apuesta de Álvaro Gómez Hurtado con su postulado de la crisis del régimen y el acuerdo sobre lo fundamental, hasta la apuesta de Álvaro Leyva Durán por la solución político del conflicto armado; todos estos se enfrentan a los efectos sobre la población del arrollador modelo económico capitalista, desde inicios del siglo XX, en un país premoderno; a su mentalidad y su infraestructura institucional con énfasis en la inversión en la industria y la agro-industria cercana a los aeropuertos y al neoliberalismo con su apertura económica, responsable del atraso y la pobreza de las regiones en la Colombia profunda.
La Constitución del 91 es lo más cercano al acuerdo sobre lo fundamental, hoy expresado en el Pacto Histórico para avanzar en el camino de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, colocando lo social en el centro de la agenda política, como en su momento lo hizo la carta magna, por la que pasamos de ser un estado de derecho, a ser un estado social de derecho, quizás la mayor conquista de la papeleta que dio vida a la Asamblea Nacional Constituyente como voluntad popular, no de la vieja clase política que secuestró la institucionalidad para su beneficio económico.
Varias generaciones desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX han procurado construir ambientes de bienestar comunitario, desde las aguerridas luchas obreras de Chicago, con su huelga de 1886 que conquistó las ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreación. En Colombia, esa construcción se refleja en: los esfuerzos de reforma agraria liberal de Pumarejo; las conquistas laborales en la lucha de María Cano; las tomas de tierra lideradas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); la creación de las cuatro grandes centrales obreras; la imponente oleada de paros cívicos con sus pliegos y la movilización ciudadana, casi siempre por acceso y tarifas de servicios públicos; la emergencia del movimiento indígena, la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); y la conquista del reconocimiento como etnia de los pueblos afro, en el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993.
Estos avances sociales y políticos de reconocimiento a nuestra diversidad étnica, cultural, religiosa y de género, consignados en la Constitución del 91, se vieron truncada con la presencia emergente de una nueva clase mafiosa que hizo uso del “conglomerado” narcotraficante para mantenerse aferrada al poder, con la complicidad de esa oligarquía que ha controlado las tres ramas del poder (ejecutivo, legislativo y judicial). Sirviéndose de las instituciones para financiar las campañas políticas y con el manejo burocrático de retornar los favores recibidos, la clase política tradicional fue labrando la pérdida de credibilidad en las instituciones.
La “juntanza”, la “minga”, la “conversa” de un pueblo que se expresó incluso bajo el temor a los efectos de la pandemia del Covid-19, una nueva generación de muchachos y muchachas que, como les han quitado todo, para perder no tenía nada, las calles volvieron a ser habitadas en un hermoso matrimonio campo ciudad. El resultado final: un nuevo gobierno, un programa para hacer de Colombia “una potencia mundial de la vida”.
Este es un momento de transición, la alternatividad ha ganado el Gobierno, pero el poder lo conserva la oligarquía, que mediante sus grandes medios de comunicación continúa su práctica a base de mentiras, determinadora de la opinión de los más desfavorecidos.
De resaltar las palabras del presidente Gustavo Petro en el discurso del triunfo el 19 de junio del año anterior: "nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos. Sino porque primero hay que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo, la nueva esclavitud".
Con 20 senadores y 30 representantes a la Cámara, siendo la fuerza política más grande, no alcanza a tener la mayoría necesaria para la toma de decisiones, de ahí que el “acuerdo nacional”, conseguido inicialmente con varios partidos tradicionales, garantizaría el paso de las reformas estructurales, sin desconocer las lógicas fricciones, por ser estos beneficiarios de los anteriores gobiernos.
El cambio, la mágica palabra que unió mayoritariamente a los colombianos votantes, avanza en su concreción, lentamente, primero diseñando para luego implementarse, no se puede opacar la destinación de un subsidio significativo para las mujeres cabeza de hogar con niños menores, el esfuerzo por volver lo público a la administración estatal, los derechos laborales dignos, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la entrega de los dineros de la salud directamente a las IPS, en fin, éste, con sus errores y aciertos, es nuestro gobierno, así lo vemos desde el Cauca digno y rebelde.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.