Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial; Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial
Oficina Pares Pacífico
Buenaventura enfrenta una crisis humanitaria que se ha agudizado de manera incremental durante los últimos tres años y que a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno Nacional y la Iglesia, que consiguieron des-escalar la violencia en la zona urbana, en lo rural la situación no ha mejorado y, por el contrario, tiende a empeorar a raíz del control social y restricciones a la movilidad que han impuesto las disidencias de las FARC y a los últimos anuncios sobre que se termina el cese bilateral con el Clan del Golfo, en el marco de las discusiones sobre la Paz Total.
Toda esta situación llevó a que el día 22 de marzo, nueve consejos comunitarios de Buenaventura y comunidades indígenas realizaran una marcha desde el casco urbano hasta el sitio conocido como “El Gallinero”, ubicado en la entrada de la ciudad, en donde realizan un bloqueo que ha dejado parcialmente incomunicada la ciudad-puerto con el interior del país. El propósito es exigirle al Gobierno Nacional acciones que garanticen la vida digna en sus territorios y a los grupos armados ilegales que cesen las violencias en contra de la población civil.
Se trata de los consejos comunitarios de Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Cajambre, Mayorquin, Yurumanguí y Naya; que conforman, en su mayoría, el Palenque el Congal del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Estos consejos comprenden el 95% de la extensión territorial de Buenaventura, zona donde la guerra no ha dado tregua, principalmente por la limitada implementación del Acuerdo de Paz de la Habana de 2016.
Las guerras que no dan tregua en la zona rural
A finales del año pasado el presidente Gustavo Petro anunciaba que Buenaventura sería el laboratorio de la Paz Total. No se trató de un anuncio vacío, sino reconociendo las complejidades de las guerras que se están desarrollando en la ciudad de manera simultánea, especialmente en la zona rural, donde aún la Paz Total parece no hacer eco.
En los ríos de Buenaventura tienen presencia las cuatro grandes estructuras armadas ilegales que hay en el país: el ELN, el Comando Coordinador de Occidente (CCO), la Segunda Marquetalia y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo. Estas se disputan a sangre y fuego el control territorial, la minería ilegal, la producción primaria de la coca, las rutas entre los ríos y la salida al océano Pacífico.
La situación más compleja se vive en Calima y Yurumanguí. En Calima, desde inicios del año pasado, la población ha sido víctima de la disputa entre el ELN y las AGC. Desde el Bajo Calima se han desplazado alrededor de 3.000 familias hacia el casco urbano de Buenaventura y a ciudades como Cali. Además, veredas han quedado totalmente confinadas por los reiterados enfrentamientos entre ambas agrupaciones (Ver: Crisis humanitaria en zonas rurales de Buenaventura y recomendaciones sobre la violencia territorial).
En cuanto a Yurumanguí, este se ha convertido en el epicentro de la disputa entre la Columna Móvil Jaime Martínez del CCO y la Segunda Marquetalia, esta última que está en alianza con el ELN. En este corregimiento, junto al Naya, Cajambre, Mayorquin y Raposo, los grupos armados ilegales ejercen una fuerte presencia forzada en medio de los caseríos y la población civil, además de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como los asesinatos de Edinson Valenzuela (30 de octubre de 2021), directivo de la Junta de Gobierno del río Raposo, y Arley Cuero, directivo veredal en Cajambre.
También se han presentado desapariciones como las de Edinson Valencia y Abencio Caicedo, autoridades étnicas del Consejo Comunitario de Yurumanguí, quienes el 28 de noviembre de 2021 emprendieron un viaje hasta el río Naya y a la fecha se desconoce su paradero (Ver: En Yurumanguí faltan dos constructores de paz). Algo similar ocurrió en noviembre del año pasado, cuando 4 personas que salieron desde la bahía de Buenaventura con destino a Yurumanguí fueron interceptadas en el camino sin volverse a saber de ellas. Entre las víctimas se encontraba un firmante de paz.
El clamor de las comunidades
Ante la difícil situación humanitaria que deben enfrentar, el constante riesgo y el desespero, las comunidades se tomaron las vías de hecho con el único propósito de que se les permita vivir en paz y dignidad en sus territorios ancestrales. Las comunidades hacen un llamado al Gobierno, en especial al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al ministro del Interior, Alfonso Prada, para abrir una mesa de diálogo que gire en torno a 20 puntos de petición que dieron a conocer a través de un comunicado público, de los cuales, resaltan cuatro:
Los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse a desmontar el control social que tienen al interior de las comunidades, entre ellos, no estar en medio de la población civil ni sus dinámicas organizativas y no hacer más retenes ilegales en los territorios, que como denuncian líderes, retienen sus documentos de identidad y sus celulares para revisarles el contenido.
Que, en un gesto de buena voluntad y compromiso con la paz, los grupos armados devuelvan a los líderes y habitantes desaparecidos, como lo son Édinson Valencia y Abencio Caicedo, además que esclarezcan los asesinatos de las dos autoridades étnicas de Cajambre y Raposo.
Que se establezca una ruta, para que, en un tiempo no mayor a cuatro meses, los grupos armados devuelvan a los jóvenes y menores reclutados para la guerra en sus territorios.
Adelantar e implementar en el menor tiempo posible un plan de saneamiento del territorio contra la minería ilegal con maquinarias pesadas, control del narcotráfico (factores como expansión de la siembra de coca, insumos y laboratorios) y demás economías ilegales que dificulten la vida de las comunidades en el territorio y sustenten la guerra.
Liderazgos bonaverenses y el llamado al Gobierno Nacional
Se han iniciado los primeros acercamientos presenciales entre la comunidad y el Gobierno Nacional, de acuerdo con Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura: “de ayer a hoy nos han hecho varias llamadas. Aquí en Buenaventura hoy hay una comisión que la está encabezando la viceministra de Diálogo Social del Ministerio del Interior. Nosotros estamos solicitando la presencia del Alto Comisionado de Paz y del ministro del Interior, y ahí para allá digamos quienes se sumen. Igual nosotros vamos a atender el llamado que nos están haciendo ahora, entre una hora vamos a estar ahí conversando”.
Frente a la gestión del Alto Comisionado para la Paz, Mario Angulo entiende que su agenda es muy apretada para tanto que se trata de abarcar, pero manifiesta como central la necesidad de que se cuente con una comisión que estudie la realidad de los territorios con estos actores armados, pero que además se propicie la participación de las comunidades, el cuidado de la naturaleza y la protección de los liderazgos.
Asimismo, la lideresa Maricruz, de Yurumanguí, resalta que lo que se está demandando es “una acción principal para proteger la vida en los territorios que tiene que ver con que se revisen los acuerdos bilaterales que se están haciendo en el marco de las distintas negociaciones que está haciendo este Gobierno, porque no es posible que el Gobierno desde el nivel nacional esté haciendo unos acuerdos y en los territorios nuestros esté la situación, o sea, tan jodida, tan crítica de retenes, de confinamiento, de reclutamiento, de señalamiento”, que como lo resalta Maricruz son acciones que violan los derechos que se tienen como pueblo, de ahí la urgencia de la revisión de la situación por parte del Gobierno Nacional para poder avanzar en la construcción de la paz.
Finalmente, la lideresa María Riascos, de la cuenca del río Anchicayá, le dice al Gobierno Nacional que “las comunidades necesitan que el alivio humanitario sea real y que sea ya, no podemos seguir esperando y que el Estado Colombiano, el Gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez avancen a través de quien tienen que avanzar en esos diálogos de paz, porque es que las comunidades están pasándola muy mal y somos los que hemos vivido el embate de la guerra, somos los que hemos perdido nuestros hijos e hijas, nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros amigos, hemos sido los que hemos salido desplazados del territorio y también somos los que vamos a pagar ahora en supuestamente tiempos de la Paz Total”.
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