Por: Redacción Pares
El 24 de enero del 2022 el empresario Andrés Escobar fue citado por la Fiscalía por haber disparado contra una manifestación en el barrio Ciudad Jardín de Cali el 28 de mayo del 2021. Cali fue el epicentro de lo que se conoció como el estallido social. Por su posición geográfica, que lo ha convertido en el centro de los caminos del occidente del país, de diversidad y también de conflicto, se generó un descontento debido a las políticas excluyentes del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Lejos de dialogar, de escuchar a los que protestaban, la represión fue tan brutal que dejó más de 100 personas lesionadas en los ojos, debido a los disparos de balas de perdigones del ESMAD. Sumado a esto, en noviembre del 2019, en pleno centro de Bogotá, fue asesinado Dylan Cruz, un joven bachiller que lo único que hacía era manifestarse contra las medidas económicas del presidente Duque.
En Cali, en uno de los barrios más emblemáticos de esa ciudad, Puerto Rellena, se condensó el descontento ciudadano. Allí se hizo un monumento, el de la mano gigante y se cambió el nombre a Puerto Resistencia. Solo la pandemia pudo parar por unos meses a la gente que estaba decidida a hacer un cambio desde las calles. El 28 de mayo del 2021 los miembros de la Minga Indígena decidieron marchar hasta Ciudad Jardín, uno de los barrios más encopetados de Cali y también se manifestaron por los alrededores de la Universidad del Valle.
Entonces apareció la figura de Andrés Escobar, autodenominado empresario de la ciudad de Cali quien apuntó y disparó hacia los manifestantes. Las fotos fueron la prueba reina. Lo que mas perturba de estas fotos es ver que al lado de Escobar, casi que protegiéndolo, estaban agentes de la policía nacional. Por más increíble que esto parezca hubo gente poderosa, como la senadora María Fernanda Cabal, que defendió a este hombre, lo llamó héroe porque estaba defendiendo a los miembros de la comunidad de Ciudad Jardín y hasta le dio cobijo en su seno político para lanzarse al consejo de la ciudad. En donde no se quemó.
Escobar está acusado de los siguientes delitos: usurpación de las funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustracción de objetos peligrosos, tortura, entre otros hechos. Mientras Escobar fue premiado a Daneidy Barrera Rojas, la popular Epa Colombia, tuvo que cargar con el peso de una justicia que a veces es desproporcionada. En noviembre del 2019, mientras la policía disparaba sobre manifestantes y los CAI se llenaban de jóvenes detenidos que eran muy maltratados, Epa Colombia grabó un video en donde aparecía destruyendo un Transmilenio con un martillo. La influencer creyó que ese contenido le iba a servir para grabar un video y viralizarlo desde sus redes. Pero la movida no salió como esperaba. Fue acusada y encontrada culpable de los siguientes delitos de los que era acusada: daño en bien ajeno agravado, perturbación del transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas. La condena fue de cinco años de cárcel y está obligada a pagar 493 salarios mínimos. La influencer de 28 años ya había pagado 450 millones de pesos en multas por estos hechos y a pesar de eso no logró evadir la cárcel.
Epa Colombia se había destacado por sus emprendimientos comerciales. Sus keratinas habían sido un éxito y le habían permitido poner varias peluquerías en la capital. Su abogado ha ideado en una estrategia en donde incluye al presidente Gustavo Petro de quien espera la nombre gestora de paz o buscar algún beneficio por ser madre cabeza de hogar. Incluso intentaron que no fuera recluida a una cárcel común pero en la mañana de este 30 de enero fue ingresada al Buen Pastor de Bogotá.
Si, el chiste le salió muy caro, pero viendo que Andrés Escobar no sólo eludió la justicia sino que fue reconocido como concejal en Cali, la indignación sacude las redes sociales y se preguntan si en verdad todos los colombianos son iguales ante la ley.
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