Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En materia de política económica la labor de los tomadores de decisiones es bastante compleja. Las decisiones que toman inciden de manera muy diversa en los agentes económicos y, en muchos casos, los efectos son contradictorios, incluso, para la misma agencia gubernamental. Esta dinámica hace que veamos a los funcionarios estatales como actores en continuas disputas, incluso, como si trabajaran en bandos contrarios.
Un ejemplo claro de este tipo de situación ocurre hoy en terreno de la fijación del precio de la gasolina. En este tema se observa enfrentamientos continuos entre la cartera de Minas y la de Hacienda: vemos a una ministra que aboga por un incremento bajo y regulado del precio del combustible; y un ministro que defiende, por el contrario, un aumento sostenido y cercano al del mercado. Lo que da la impresión, ante la opinión pública, de que estamos en una arena política atiborrada de peleas al interior del Gobierno.
Como saben, desde agosto de 2022 el gobierno Petro tomó la decisión de reducir el subsidio a la gasolina corriente, generando un aumento del precio del galón mes a mes en $600 pesos. Lo que ha permitido pasar de un precio inicial de $9.200, en agosto del año anterior, a $11.767 a principios de mayo de 2023; con la intención de llegar en diciembre a los $16 mil.
La razón de este incremento está en el deseo del Gobierno de reducir el creciente déficit fiscal que está dejando el subsidio a la gasolina: el precio interno está muy por debajo del externo, y el Estado debe asumir el diferencial mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este subsidio ha producido un hueco fiscal que en agosto de 2022, al final del gobierno de Iván Duque, estaba en $37 billones de pesos —unos 7.100 millones de dólares—.
Lo que hizo el presidente Petro al llegar fue poner al frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se comprometiera con la reducción del déficit: primero con José Antonio Ocampo, y luego con Ricardo Bonilla. El objetivo —según la autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)— es en año y medio aumentar el precio de la gasolina corriente en 67,5%. Y, hasta la fecha, lo viene cumpliendo: ha reducido el déficit en 5 billones —situándolo en $32 billones— y para finales de diciembre de 2023 estará en 22 billones.
Este compromiso gubernamental ha sido muy bien valorado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), además de los organismos internacionales y las agencias de riesgo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero también ha causado un efecto crítico entre la ciudadanía y diversos sectores económicos y una respectiva caída en la imagen del gobierno: los cerca de 17 millones de usuarios que tienen vehículos y 11,3 millones que utilizan motocicletas consideran esta decisión es impopular y que atenta contra el bienestar al aumentar el costo de vida.
Por esta razón la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, salió recientemente a sugerir la necesidad de revisar la fórmula tarifaria de la gasolina corriente. Su propuesta es la de cambiar la metodología para el establecimiento del precio del combustible: una que tenga en cuenta el menor precio de la producción de gasolina interna. Según la ministra, al país le cuesta menos producir gasolina y, por tanto, este 50% de la gasolina que producimos debería tener un precio menor a la gasolina importada.
Esta propuesta de inmediato causó un choque con el Ministerio de Hacienda, dado que su labor es tener saneadas las finanzas públicas, sabe que un incremento por debajo de lo planeado hará que el déficit fiscal continúe creciendo, lo cual haría que se desconociera la recomendación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Además, la baja en el precio interno la tendría que asumir directamente Ecopetrol: la empresa estatal que representa para el Ministerio una de las mayores fuentes de recursos —en 2022 generó unos ingresos de $37,7 billones, debido al aumento del precio—.
Adicionalmente, el recién posesionado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, nos recuerda lo regresivo que resulta para la sociedad el mantenimiento de este subsidio. Según las cifras que maneja, el 70% de los consumidores de gasolina son de los estratos socioeconómicos más altos. Y además insiste en que este Gobierno tiene como premisa atacar la desigualdad, la regresividad y atender la población más pobre y peor situada, haciendo falta los recursos que se destinan al FEPC; incluso propone revisar para mediados del año el precio del combustible ACPM que hasta el momento se ha tocado poco.
En síntesis, el caso de la variación en el precio de la gasolina evidencia lo común que es en el país las peleas entre ministerios y agencias estatales; sus objetivos son distintos, incluso contrarios. Lo que vemos diariamente son funcionarios públicos que defienden intereses sectoriales e intentan hacer su papel lo mejor posible, para que su gestión sea buena. En este caso, una ministra de Minas que quiere defender el bienestar de los usuarios del servicio del combustible; y un ministro de Hacienda que desea proteger la estabilidad financiera del Estado y las utilidades de la empresa que tiene a cargo.
Incluso, como dije al inicio, pueden existir contradicciones al interior de cada ministerio. Por ejemplo, la ministra de Minas es consciente de que el incremento real en el precio de la gasolina estimula el consumo eficiente y reduce el consumo del carburante; contribuyendo a la reducción de las emisiones de gases contaminantes del medio ambiente e incentivando la transición energética al impulsar la electrificación vehicular. A pesar de ello, propone una reducción en precios que genera un consumo irracional excesivo, un precio bajo que hace que la gente malgaste el combustible y aumenta la acción contaminante.
Lo mismo pasa con el ministerio de Hacienda. Entre sus responsabilidades, como miembro del Banco de la República, está el control de la inflación. Él sabe que el incremento en el precio del combustible genera un efecto cascada en los costos de producción, aumentando los precios en muchos bienes y servicios —especialmente en los alimentos—, por tanto se esperaría que apoyara la reducción del precio del carburante; sin embargo, su objetivo de sanear las finanzas está por encima de este otro.
En conclusión, debemos estar habituados a las discrepancias ministeriales y agencias del Estado. Es necesario comprender que todas ellas tienen objetivos diversos y que es imposible encontrar una única postura de parte del Estado. En materia de toma de decisiones siempre habrá contradicciones, no estamos ante un organismo estatal monolítico. Hay que dejar que los funcionarios defiendan intereses y encontrar puntos medios en los que las pérdidas de bienestar no las asuman los más débiles.
De allí que debemos esperar que en los próximos meses los espacios de diálogo ministerial se amplíen y busquen establecer formas de hacer que las decisiones sean más coherentes ante la opinión pública. En materia de precio de combustibles es conveniente que se sienten los ministerios en mesas técnicas para que revisen variables y propongan medidas de cálculo de los precios de la gasolina que afecten lo menos posible al país, este debe ser su objetivo mayor.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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