Por: Redacción Pares
Foto tomada de: Cablenoticias
En noviembre del 2023 el observatorio para la defensa de la vida, ODEVIDA, junto con la Fundación Paz y Reconciliación, presentaron el informe Colombia y las paradojas de la Paz Total. A pesar de la buena intención del presidente de intentar presentar un plan macro de negociación con la totalidad de los actores armados en el país, el camino no es fácil. En la última semana, el ataque de las EMC en Toribío Cauca a la Minga Indígena, que dejó, entre otras, a una Mayora asesinada y la posterior decisión del gobierno de levantarse de la mesa con este grupo armado, deja ver las costuras del proceso. Hay zonas del país en donde el Estado no ha tenido control ni incidencia alguna en los últimos cuarenta años, como es el caso de Argelia Cauca. En su zona rural, que incluye el corregimiento de Plateado, los que mandan son las tropas de Iván Mordisco, quien, incluso, ha tomado medidas como ordenarle a la misma población que sean ellos los que expulsen de la zona al ejército.
A pesar de las medidas que ha intentado el gobierno para proteger a los líderes como un plan de emergencia o la ratificación del acuerdo de Escazú, estas medidas no alcanzan a frenar los asesinatos, amenazas e intimidaciones que sufren estas personas. Los números son fríos y hablan por sí mismos: en el 2022, en el último año de Iván Duque como presidente, se registraron 189 asesinatos de líderes. En el 2023, en donde Petro estuvo los 12 meses, la cifra sólo se pudo bajar a 188. La cifra de Odevida es aún más grave, entre el 7 de agosto del 2022, fecha en la que Petro se puso la banda presidencial, y noviembre del 2023 se habían registrado 213 asesinatos.
La situación es tan grave que la Corte Suprema, a finales de febrero del 2024, mediante un fallo, declaró la existencia de un estado de cosas institucional debido a la violación generalizada y sistemática de derechos que está sufriendo esta población. En el fallo queda claro que este gobierno no ha podido cumplir con una de sus metas fundamentales: frenar el asesinato de líderes. “Las fallas estructurales en el cumplimiento de los deberes estatales se subsumen en la ausencia de capacidad que permita la adecuada articulación entre diferentes entidades públicas para enfrentar y prevenir la violencia contra dicha población y las limitaciones presupuestales para garantizar la oferta de la totalidad de medidas de protección de la población afectada”.
Este informe le pone la lupa y hace un llamado a intensificar los esfuerzos para consolidar un mecanismo que garantice la vida y, sobre todo, el trabajo en campo de las personas que deciden dar todo, hasta la vida, para proteger el territorio y su población de los desmanes de los grupos armados que imperan en Colombia.