Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
El ambiente alrededor del sonado caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) ha tomado un segundo aire en las últimas semanas, primero con el auto proferido por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que abrió formalmente la investigación contra Iván Name y Andrés Calle antiguos presidentes del Congreso durante la época del escándalo.
Días después el turno les correspondió a los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, así como también contra el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes, siendo miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, presuntamente movieron de manera ilegal recursos para beneficio propio.
Aunque los parlamentarios mencionados están presuntamente ligados a uno de los casos de corrupción más graves durante este gobierno, la cadena no termina ahí, pues las órdenes y los manejos del dinero se dieron desde el gobierno mismo y ahí varios funcionarios han sido mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, cabezas de este entramado.
El acelerador de la Fiscalía
Fuente: Revista Cambio
Es en medio de ese ruido y del hecho de que la Fiscalía actuaba de manera lenta que se comenzó a hablar de una “fiscal de bolsillo”. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que la Fiscalía, a diferencia de lo que se pensaba, sí estaba actuando en medio del proceso.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia anunció entonces, el 15 de noviembre, que imputará a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Estas imputaciones se llevarán a cabo en una audiencia programada para el 29 de noviembre.
Por otra parte, la misma Fiscalía indicó que logró un preacuerdo con 6 de los acusados por este escándalo. Este preacuerdo consistió en la aceptación de culpabilidad por parte de los involucrados en delitos como concierto para delinquir, soborno, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado. Este acuerdo también incluyó penas de prisión y la obligación de reintegrar sumas significativas de dinero que fueron apropiadas indebidamente.
Los preacuerdos se alcanzaron con Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad; el contratista Luis Eduardo López Rosero, un exasesor, Pedro Andrés Rodríguez Melo; el exdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva; y Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado involucrado en el escándalo.
En total, la Fiscalía espera reintegrar más de 10.024 millones de pesos por parte de los implicados.
Por el lado de la exconsejera y exsenadora Ortiz, deberá someterse a la imputación que se hace por Ley 906 de 2004, es decir, por el código de procedimiento penal actual, muy diferente a los congresistas quienes son juzgados por el condigo de procedimiento anterior, conocido como la Ley 600 del 2000.
Será entonces la Fiscalía la que impute los cargos y la justicia ordinaria deberá decidir sobre la culpabilidad y responsabilidad penal de Sandra Ortiz en el marco de este escándalo que ha puesto en duda la honestidad del mismo gobierno. Del mismo modo, también será la justicia la que apruebe los preacuerdos alcanzados con los 6 implicados en el caso.
Aunque Sandra Ortiz ha salido a los medios a decir que ella es inocente, que la imputación está “inflada” y que se le está atacando por su condición de mujer, las pruebas en su contra parecen ser relevantes y su nombre sigue apareciendo en diversas etapas del proceso.
No es que a Sandra se le considere el “eslabón débil”, sino que su actuación fue inadecuada y, dentro de la cadena criminal que se ha constituido, su papel es el “menos importante”, ya que se ha establecido que la señora Ortiz no ordenó, sino que actuó como “mensajera”. Ella era la encargada de mover el dinero que presuntamente terminó en manos de Iván Name y con el cual se buscaba agilizar el trámite de las reformas en el Congreso de la República.
Y… ¿Los otros?
Fuente: El Heraldo
Ahora bien, si Sandra era la encargada de las coimas y los movimientos de la plata, la pregunta que se hacen los colombianos es ¿de dónde vinieron las ordenes?
Aquí está el centro de todo este asunto, porque según lo que ha podido conocer la opinión pública, en este entramado estarían metidos el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el ex director del DAPRE y del Departamento de Inteligencia, Carlos Ramón González, el exministro de Interior, Luis Fernando Velasco y unos funcionarios que hacían parte del círculo cercano del ministro Bonilla, entre esos, María Alejandra Benavides, su asesora de confianza y quien presuntamente coordinaba el proceso de entrega de coimas con Olmedo López.
Según Transparencia por Colombia, la falta de claridad sobre el rol que altos cargos del gobierno pudieron haber tenido sobre este entramado es parte de los pendientes que queda por resolver frente a este caso, especialmente ante el riesgo de que haya existido una presunta desviación de 100 mil millones de pesos desde la Agencia Nacional de Tierras, y que también respondería a las causas fundamentales que llevaron a este caso.
Del mismo modo, tampoco existe claridad sobre la identificación de los actores financieros involucrados en el caso, más cuando presuntamente estos dineros también fueron transados a través de criptodivisas. No se tiene aún una identidad clara del prestamista de los dineros, ni de los mecanismos utilizados para transferir estos mismos.
Las nuevas revelaciones y lo que se sabe hasta el momento del caso de la UNGRD
Fuente: Red+ Noticias
Según la reconstrucción realizada por La Silla Vacía a finales de julio de 2024, junto con las nuevas revelaciones que Noticias Caracol y otros medios han realizado desde entonces hasta el 26 de noviembre, esta sería la línea de tiempo que narraría lo que sucedió dentro del escándalo de la UNGRD.
La primera referencia se da en octubre de 2023, cuando comenzaron a realizarse pagos en efectivo a altos funcionarios del Congreso. Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, declaró ante la Fiscalía que se entregaron 4 mil millones de pesos en sobornos a Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Estos pagos fueron realizados entre el 12 y el 14 de octubre del presente año. Según Pinilla, los sobornos fueron obtenidos de prestamistas y luego reembolsados por Luis Eduardo López Rosero, un contratista vinculado al caso de los carrotanques. El 12 de diciembre, Pinilla y López entregaron más dinero a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y ficha del Partido Alianza Verde dentro del gabinete Petro, quien se encargó de llevar la maleta con los 1.500 millones de pesos restantes a la casa de Iván Name.
Por otro lado, el 27 de noviembre de 2023, se llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño, específicamente en la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Este encuentro, calificado por los testigos ante estos medios como un "cónclave", reunió a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a Olmedo López (exdirector de la UNGRD), Ricardo Bonilla (ministro de Hacienda), Guillermo Jaramillo (ministro de Salud), Gloria Ramírez (ministra de Trabajo) y Carlos Ramón González (director de inteligencia). Según los testimonios de Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y Sneyder Pinilla, en esta reunión se discutió la estrategia para garantizar el apoyo legislativo a los proyectos del gobierno Petro. Esto incluyó el supuesto uso de sobornos para influir en congresistas clave.
El núcleo de la estrategia giraba en torno al manejo de contratos millonarios, los cuales se utilizarían como herramienta de negociación política. Este esquema no solo buscaba asegurar la aprobación de reformas, sino también consolidar alianzas en el Congreso. López y Pinilla, colaboradores clave en el caso, indicaron que la reunión marcó el punto de partida para lo que se convertiría posteriormente en el entramado de corrupción más importante que ha sucedido en este gobierno.
Un día después del cónclave, el 28 de noviembre, se llevó a cabo una reunión virtual por la plataforma Teams. Los registros de usuarios indican la participación de Alejandra Benavides, asesora en ese momento del Ministerio de Hacienda, y los congresistas Wadith Manzur, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Karen Manrique, quienes hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Este encuentro marcó el inicio de una serie de reuniones con el objetivo de influir en las decisiones del Congreso en beneficio del gobierno nacional, a través de los recursos de la UNGRD.
El 4 de diciembre, la congresista Karen Manrique, representante por las curules de paz de Arauca, visitó el Ministerio de Hacienda, donde fue recibida por Benavides. Manrique fue llevada posteriormente al despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en lo que se señala como una reunión clave en el entramado de corrupción. Según la Corte Suprema, estas reuniones fuera de los procedimientos habituales buscaban asegurar el respaldo político de la congresista en la Comisión Interparlamentaria.
Tras ello, el 5 de diciembre hubo dos reuniones en MinHacienda, ambas con la participación de congresistas y altos funcionarios ministeriales. Llama la atención la ausencia del director de la Comisión de Crédito Público, pese a la relevancia técnica de su área. Según la Corte, esto evidenció un enfoque político más que técnico en la organización de estos encuentros. Los congresistas participantes fueron Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Karen Manrique, quienes discutieron posibles aprobaciones de créditos y beneficios para proyectos.
Entre el 11 y el 14 de diciembre, se intensificaron los encuentros entre congresistas y funcionarios del MinHacienda. Estas reuniones sirvieron para afinar los detalles de la aprobación de créditos y contratos. La presión de los congresistas sobre el equipo técnico de la UNGRD, según testimonios, era evidente.
Ese mismo 11 de diciembre, el Ministerio de Hacienda autorizó la transferencia de $700 mil millones a la UNGRD. Esta asignación de recursos tenía como propósito formal financiar proyectos destinados a comunidades vulnerables, pero los testimonios revelaron que gran parte de estos fondos se desviaron a actividades ilícitas. La rapidez con la que se movilizó el dinero fue motivo de preocupación para los propios funcionarios de la UNGRD, como se evidencia en comunicaciones internas que posteriormente fueron filtradas.
El 14 de diciembre, Jaime Raúl Cobos, asesor de la Presidencia, presionó directamente a Olmedo López y a Sneyder Pinilla para que agilizaran la asignación de contratos por 92 mil millones de pesos. En un cuadro de Excel que circuló entre los funcionarios, se detallaban los proyectos y los beneficiarios finales, dejando evidencia de la conexión entre los contratos y los compromisos políticos. Cobos habría enviado un mensaje claro: "Necesitamos tu ayuda, Sneyder. A Carolina ya le envié un cuadro", subrayando la urgencia de cumplir con estos compromisos. Luego, Bonilla le escribió un mensaje a Pinilla, indicando preocupación por el destino de los recursos para los proyectos viabilizados.
Fuente: Noticias RCN
El 15 de diciembre, el representante Wadith Manzur relevó a Karen Manrique como vocero de los congresistas en una reunión final con funcionarios del Ministerio de Hacienda. Según la Corte Suprema, este periodo coincidió con un cambio drástico en el comportamiento legislativo: los congresistas dieron 13 conceptos favorables a créditos del Gobierno, en contraste con solo cinco conceptos emitidos en los cinco meses anteriores.
Ese mismo día, se llevó a cabo un par de reuniones en el Ministerio de Hacienda. Primero, López y el ministro tuvieron una conferencia, y luego Bonilla le solicitó a Alejandra Benavides que garantizara el cumplimiento de los compromisos con los congresistas. El exsubdirector Pinilla expresó posteriormente que estos compromisos incluían la adjudicación de contratos con sobrecostos, como el de los carrotanques destinados a La Guajira.
El 21 de diciembre, Alejandra Benavides pidió a Pinilla un reporte sobre el avance de los contratos. Según mensajes filtrados, Benavides preguntó: "¿Qué mensaje le doy al ministro respecto al cumplimiento?".
El 22 de enero, Karen Manrique visitó la oficina de Olmedo López para discutir los contratos pendientes. En sus notas, López escribió: "Una de las congresistas llega a mi oficina a preguntarme e impulsar los contratos... le entrego mi libreta y dígame de qué se trata".
Fuente: El Tiempo
Posterior a ello, el 14 de febrero, Benavides volvió a contactar a Pinilla para insistir en un reporte sobre los proyectos del ministro Bonilla, señalando que los compromisos seguían pendientes. Ocho días después, el 22 de febrero, estalló el escándalo por los sobrecostos de los carrotanques para La Guajira, que abrió la ‘caja de pandora’ dentro de la UNGRD, luego de los reportes de prensa de W Radio y El Tiempo, que reportaron un desfalco cercano a los 20 mil millones de pesos. Los 40 carrotanques, destinados a suministrar agua a las zonas más pobres de La Guajira, fueron comprados, pero nunca fueron utilizados de la manera prometida. La falta de transparencia en el proceso de contratación fue uno de los detonantes de la investigación.
Tras la denuncia de los medios, el 29 de febrero de 2024 Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, presentó una denuncia penal contra Olmedo López por la compra irregular de los carrotanques. La investigación desde Transparencia reveló que las empresas adjudicatarias no tenían experiencia en transporte y que se coordinaron para inflar los precios artificialmente. Ese mismo día, Olmedo López renunció a su cargo como director de la UNGRD, luego de que el presidente Gustavo Petro le ofreciera el puesto a Carlos Carillo, quien asumió la dirección de la entidad.
La gestión de López también estuvo marcada por una serie de contrataciones anómalas en el suministro de maquinaria amarilla, particularmente en Uribia, La Guajira, donde se destinaron más de 63 mil millones de pesos a proyectos vinculados al senador conservador Carlos Trujillo. Esta situación desató cuestionamientos sobre la influencia política del senador Trujillo dentro de la UNGRD y su relación con el gobierno Petro.
A inicios de noviembre de 2024, la Corte Suprema en un auto abrió investigación y llamó a indagatoria a Iván Name y a Andrés Calle por este caso. En las nuevas revelaciones hechas por la Alta Corte, se reveló que Carlos Ramón González, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), le solicitó a Olmedo López gestionar contratos por valores de 60.000 millones de pesos para Iván Name y algo más de 10.000 millones de pesos para Andrés Calle, según lo reportó Infobae.
Además, la Corte Suprema indicó que los dineros que Name y Calle recibieron de los contratos de la UNGRD sirvieron presuntamente para financiar las campañas de familiares cercanos. En el caso del expresidente del Senado, parte de esos recursos terminaron en la campaña de su hija, María Clara Name al concejo de Bogotá, mientras que, en el caso de Calle, algunos de esos recursos terminaron en las campañas de Gabriel Enrique Calle, su hermano, a la gobernación de Córdoba, y en la de Gabriel Alberto Calle, su padre, a la Alcaldía de Montelíbano.
La gran deuda del gobierno nacional con la agenda anticorrupción
Fuente: Noticias RCN
Cualquier decisión que se tome en el caso de corrupción dentro de la UNGRD va a terminar golpeando la legitimidad de un gobierno progresista cuyo programa político se había articulado en un discurso anticorrupción. Ese golpe viene dado, entre otras cosas, porque este caso se da en el seno de una unidad que está adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), con funcionarios cercanos al gobierno, nombrados por el mismo presidente y que hacen parte de sus círculos más cercanos del poder.
Además, porque este escándalo termina socavando la legitimidad del “Frente Amplio” como discurso que justifica el acercamiento a otros actores políticos por fuera del progresismo, pero que defienden el programa político el gobierno. Primero, porque termina generando dudas razonables sobre si ese “frente amplio” debe construirse con actores políticos cuestionados por irregularidades en su paso por la vida pública, y segundo, porque si admitir a estas figuras implica también aceptar, de manera implícita o no, las prácticas clientelistas como parte de procesos de negociación política.
El problema que tiene el caso de corrupción de la UNGRD es que denota que existen bloques dentro del mismo gobierno que presuntamente han apelado a la distribución material de recursos y beneficios desde la burocracia y los aparatos estatales hacia sectores de la clase política, del Congreso y contratitas privados, a cambio de su apoyo político para mover la agenda legislativa en Senado y Cámara, de promover y financiar candidaturas regionales o incluso de permitir procesos de acumulación privados con dineros públicos. En últimas, los recursos del Estado terminan por convertirse en una herramienta de reproducción de poderes políticos existentes, asumiendo un rol transaccional.
Aunque el gobierno pidió perdón ante el pleno del Congreso en la instalación de la tercera legislatura por el caso de la UNGRD, es cierto que los avances de este en una política anticorrupción se han quedado estancados. Según el último informe de Transparencia por Colombia que hace seguimiento a este caso, no existen controles efectivos y los ejercicios de rendición de cuentas o veeduría estatal siguen siendo débiles frente a estos casos, al igual que se mantiene cierta debilidad en las respuestas de los entes de control penal y fiscal, que solo se han movilizado en tanto la Corte Suprema ha empezado a tomar decisiones. De igual modo, las respuestas institucionales no han bastado para evitar que estos casos se sigan presentando en el tiempo.
La Superintendencia de Salud el 30 de octubre de 2024 descubrió otro entramado de corrupción dentro de las interventorías a varias EPS, ordenadas por el gobierno a inicios de este año, en el que destaparon posibles irregularidades en entidades como Coosalud (no intervenida), Asmet Salud, Emssanar y Servicio Occidental de Salud (SOS).
En particular, las revelaciones de la Supersalud se concentraron en el rol de Mario Andrés Urán, exasesor de Coosalud, quien presuntamente manipuló la asignación de contratos entre estas EPS y diversas IPS. Las auditorías revelaron que Urán habría centralizado pagos y favorecido a ciertos proveedores, lo que afectó la distribución de los recursos destinados a la salud pública. Además, se identificaron pagos a terceros para funciones que deberían haber sido ejecutadas por empleados de las EPS, lo que contribuyó a inflar costos innecesarios.
Posterior a estas revelaciones, el entonces superintendente Luis Carlos Leal salió de su cargo a solicitud del gobierno nacional.
En mayo, el gobierno propuso una Mesa Técnica para la Lucha Contra la Corrupción, que tampoco ha emitido conceptos hasta el momento, ni tampoco ha generado ni tenido diálogos interinstitucionales para hacer seguimiento interno a potenciales denuncias de corrupción dentro de la burocracia del Estado. Junto con lo anterior, tampoco se ha construido la Estrategia Nacional contra la Corrupción que estaría a cargo, en parte, de esta mesa técnica, y que no ha evitado que casos como el de las denuncias contra algunas interventorías dentro de las EPS puedan ser sujetos de seguimiento o sean prevenidas a tiempo.
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