Por: Katerin Erazo, Periodista
La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia podría estar enfrentando serios retos que comprometen tanto el cumplimiento de las sanciones impuestas a los responsables del conflicto armado, como la ejecución de un plan gubernamental para acelerar el desarrollo territorial y garantizar la seguridad en las regiones más afectadas por la violencia.
En una carta enviada, el pasado 20 de septiembre, por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Vidal, al presidente Gustavo Petro, se advirtió que el presupuesto necesario para que militares y excomandantes de las extintas FARC puedan cumplir con las sanciones impuestas por el tribunal no está garantizado. Vidal enfatizó que, aunque la JEP tiene la responsabilidad de imponer las sanciones, el Gobierno Nacional es el encargado de asegurar los recursos para su ejecución.
"La preocupación de la magistratura radica en que los fondos destinados a los planes y proyectos que buscan garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición, parecen estar siendo dirigidos a otras áreas del gobierno", señaló Vidal. Esta desviación de recursos afecta directamente la implementación de las medidas impuestas por la JEP y pone en riesgo el compromiso de Colombia con los principios fundamentales del Acuerdo de Paz.
Vidal solicitó al presidente Petro que emita instrucciones claras para que los recursos del Fondo Colombia en Paz, el cual financia estos programas, se utilicen específicamente para cumplir con las sanciones y medidas reparadoras establecidas por la JEP. De no hacerlo, las sanciones, que buscan hacer justicia para las víctimas, podrían quedar en el aire, debilitando la legitimidad del sistema de justicia transicional en el país.
Por otro lado, la administración de Gustavo Petro también enfrenta desafíos en la implementación integral del Acuerdo de Paz firmado en 2016. El presidente ha impulsado con fuerza una estrategia de choque para acelerar su ejecución, con un enfoque en la transformación territorial y la seguridad de excombatientes y líderes sociales.
Un borrador que circula en las oficinas de alto nivel del gobierno detalla esta estrategia, la cual busca dinamizar la implementación del Acuerdo de Paz a través de seis pilares fundamentales. Entre los más destacados se encuentran la agilización del acceso a tierras, la actualización del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) —clave para proteger a firmantes del acuerdo y defensores de derechos humanos— y la creación de un nuevo modelo de gobernanza territorial, basado en los pactos territoriales.
El acceso a tierras, uno de los compromisos más cruciales y difíciles del acuerdo, es una prioridad en este plan de choque. La redistribución de tierras y la titulación de 7 millones de hectáreas se han visto frenadas, con solo 112.000 hectáreas adquiridas desde el inicio del gobierno de Petro. Este retraso ha sido criticado, y el gobierno busca acelerar el proceso mediante un enfoque más eficiente de la Agencia Nacional de Tierras.
Adicionalmente, el plan de choque aborda la necesidad de una mayor seguridad para los excombatientes y las comunidades vulnerables en las zonas afectadas por el conflicto. Se propone una reconceptualización del sistema de protección, centrándose no solo en esquemas tradicionales de seguridad, sino también en medidas que fortalezcan el desarrollo económico y social en esas regiones. El Sistema Integral de Seguridad, que ha sido poco eficaz por falta de recursos, está siendo revisado para mejorar su capacidad de respuesta.
Tanto la carta del magistrado Vidal como el plan de choque del gobierno reflejan un desafío compartido: la falta de recursos y la urgencia de redirigirlos adecuadamente para cumplir con las promesas del Acuerdo de Paz. Mientras la JEP requiere de fondos para garantizar que los responsables del conflicto cumplan con las sanciones impuestas, el gobierno necesita acelerar la implementación del acuerdo para lograr un desarrollo territorial equitativo y garantizar la seguridad de excombatientes y comunidades afectadas.
La coincidencia de estos dos desafíos pone en evidencia que la implementación del Acuerdo de Paz sigue siendo un proceso complejo que requiere coordinación entre las distintas ramas del gobierno. La falta de recursos puede generar serios retrocesos tanto en la reparación de las víctimas como en la consolidación de una paz duradera en Colombia.
El presidente Petro, en su estrategia de aceleración del acuerdo, deberá enfrentar no solo las dificultades logísticas de su plan de choque, sino también garantizar que las instituciones, como la JEP, cuenten con los recursos necesarios para cumplir su misión de justicia. El éxito de ambos esfuerzos será decisivo para el futuro del proceso de paz en el país.
Según Mauricio Valencia, investigador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la situación actual en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) refleja varias tensiones dentro del Gobierno Nacional. Valencia señala que la carta enviada por Roberto Vidal, presidente de la JEP, evidencia inconsistencias en las políticas del Gobierno con respecto a la implementación de medidas para acelerar el proceso de paz. Mientras que se propone un plan de choque para avanzar en ciertos aspectos del Acuerdo de Paz, como la protección de líderes y lideresas y la restitución de tierras a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), no se asignan los 450 mil millones de pesos que la JEP requiere para continuar su funcionamiento eficiente, recursos que además hacen parte de un acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional.
Valencia subraya que la falta de claridad en el respaldo financiero y político hacia la JEP ha generado críticas desde diversos sectores, incluidos excombatientes de las FARC y figuras como el expresidente Juan Manuel Santos. A inicios de año, los voceros de las FARC expresaron preocupación por la lentitud en el avance de la JEP y la inseguridad jurídica para los excombatientes, mientras que Santos ha advertido que la JEP se está volviendo maximalista y que debería limitarse su alcance para asegurar un cierre oportuno de su mandato. En esa misma línea, el Alto Comisionado para la Paz ha propuesto la creación de un tribunal de cierre que agilice los procesos judiciales y delimite las funciones de la JEP.
Por otro lado, el plan de choque del Gobierno, que busca acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, pone un énfasis particular en áreas como la restitución de tierras y la protección de líderes y lideresas sociales, pero deja de lado aspectos cruciales relacionados con la justicia transicional, como el fortalecimiento de la JEP.
La ausencia de medidas concretas para garantizar el funcionamiento de la JEP dentro del plan de choque refuerza las críticas hacia el manejo gubernamental, que parece desatender las obligaciones financieras y operativas adquiridas en el marco de los Acuerdos de Paz.
Valencia concluye que, mientras no se garantice una mayor claridad sobre el futuro de la JEP y su capacidad para impartir justicia en los 11 macro casos que tiene en curso, seguirá habiendo incertidumbre sobre la consolidación de la paz en Colombia.
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