Por: la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares
Colombia, desde la década de los ochenta, ha tenido diversos procesos de paz con distintas organizaciones insurgentes ¿Qué gobiernos se han sentado a negociar? ¿Con qué grupos armados? ¿Qué hemos aprendido de estos encuentros?
Este recuento trata el contexto y sus protagonistas, así como analiza sintéticamente los aspectos favorables y desfavorables de cada proceso. La historia de cada grupo armado se aborda muy tangencialmente, pues el énfasis está en los acercamientos y en los procesos de paz.
Primera mitad de la década de los ochenta (1982-1986): La Uribe-Meta
Protagonistas y contexto histórico El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) encuentra sus raíces en el crudo enfrentamiento en que se encontraba la sociedad colombiana a mediados del siglo XX, en medio del periodo conocido como “La violencia”. Esta etapa está comprendida como los enfrentamientos entre guerrillas liberales y conservadoras, en muchos casos atizadas por la dirigencia política (los gobiernos nacional y regionales). De estas dinámicas surge en 1964 las FARC como una guerrilla campesina que inicia como organización de autodefensa, que con los años da un viraje al comunismo, con el fin de tomar el poder por medio de una lucha revolucionaria del campo a las ciudades. Con los años, de menos de una centena de combatientes, las FARC se convirtió en una importante fuerza guerrillera con presencia en distintos sectores rurales de Colombia.
Para 1982 las FARC se propone el ‘Plan estratégico para la toma del poder’ que pretendía cercar a Bogotá y llegar al poder por la vía armada. Por otra parte, el presidente Belisario Betancur, conservador que había llegado a la primera magistratura con una propuesta de paz, decretó la amnistía para la desmovilización de miembros de grupos guerrilleros. En 1984 se suscribió el primer acuerdo de cese al fuego entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en el municipio de La Uribe (Meta) sobre la idea de una reestructuración y modernización de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y la constitución de garantías para ejercer la actividad política por parte de los miembros de las FARC. De manera paralela a este proceso de paz con el gobierno, en la VII Conferencia las FARC-EP formularon en su Plan Estratégico Político-Militar los criterios para la Salida Política al Conflicto Social y Armado.
En agosto de 1984, el M-19 había hecho una alianza con el Ejército Popular de Liberación (EPL) para llevar a cabo negociaciones con el Gobierno de manera conjunta en el Huila y el Cauca (En los municipios del Hobo y Corinto, respectivamente), lo que concluyó con un acuerdo en el que se estableció un cese al fuego, que posteriormente se rompió.
Entre tanto, en el ámbito de la insurgencia se creó en 1985 de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), en la que participaron el EPL, el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado “Quintín Lame” (MAQL), el Movimiento de Integración Revolucionario “Patria Libre” (MIR-PL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por su parte, las FARC se lanzan a la lucha democrática con la creación de la Unión Patriótica, partido conformado por miembros de las FARC, del Partido Comunista, líderes indígenas, estudiantiles y sindicales. Este partido llegó a ganar 23 alcaldías propias y 102 en coalición.
En contraste, en 1985 el M-19 protagoniza con el Ejército Nacional una de las confrontaciones armadas más dramáticas en la historia del país: la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuyo trágicos hechos fueron aprovechados, tanto por los sectores radicales de ultra derecha para criticar los procesos de paz con las guerrillas, deslegitimando sus demandas políticas y promoviendo de esta manera la salida militar, como por los grupos guerrilleros, que encontraron en la retoma una expresión de la crudeza de la Fuerzas Armadas.
Estos años de conversaciones, treguas, acuerdos y de procesos de paz adelantados con los diferentes grupos guerrilleros llegaron a su fin hacia la segunda mitad de la década de los ochentas. Esto se detonó por: los incumplimientos a lo pactado entre las partes, la falta de garantías para ejercer la oposición, los ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares. Las FARC-EP tuvo una de las cuotas más sangrientas, pues la Unión Patriótica padeció una aniquilación en manos los sectores radicales de ultra derecha, aliados con las élites nacionales y ante la pasividad de la sociedad civil que fue testigo del asesinato de cerca de 4.000 militantes y simpatizantes de este partido político. Esto generó en las FARC una profunda desconfianza hacia el establecimiento, acompañada de una radicalización en el plano militar (García Duran, 2010).
En 1987 se crea la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSM), con la participación de las guerrillas de la otrora Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) más las FARC-EP, en el marco de la “Primer Conferencia Bolivariana”, con el fin de alcanzar algunos acuerdos políticos, militares, organizativos entre las guerrillas que se materializaron en una declaración política sumada a un en el plan de acción unificado. No obstante, esta iniciativa duró relativamente poco, pues dos años más tarde se iniciaron los procesos de paz con el M-19, el EPL, las Autodefensas Obreras (ADO), el Quintín Lame y el PRT (Girón Sierra, 2014, pág. 3).
Aspectos favorables y desfavorables
Segunda mitad de los años ochenta (1986-1990): Algunos acercamientos y proceso de paz con el M-19 (1989-1990)
Protagonistas y contexto histórico
Los últimos años de la década del ochenta y los comienzos de los noventa son una de las épocas más convulsas de la historia nacional. El Movimiento 19 de abril o M-19 fue una guerrilla de corte nacionalista que surgió en la década de los setenta ante la imposibilidad práctica de posicionar nuevos actores y propuestas en el sistema político colombiano, derivadas de las prácticas excluyentes del bipartidismo encarnado en el Frente Nacional. Este grupo guerrillero introdujo a la insurgencia novedosas formas de lucha armada con acciones que lograban capitalizar la atención de la opinión pública, impactando a sectores urbanos de la sociedad colombiana. A lo largo de la historia del M-19, los objetivos siempre estuvieron orientados a exigir al gobierno nacional reformas sustanciales en el sistema político, que permitieran abrir canales de participación democrática y cambios estructurales en el diseño institucional colombiano, demandas que se sintetizaban en la urgencia de modificar la Constitución Política de 1886.
En 1988 durante el gobierno de Virgilio Barco, tres años después del episodio de la toma y retoma del Palacio de Justicia, que junto al genocidio de la Unión Patriótica puso en crisis la esperanza de la paz en Colombia, el M-19 realiza el secuestro del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, que tenía como fin presionar al Gobierno Nacional para abrir nuevos espacios de diálogo. El M-19, exigía “[…] que se posibilitara un diálogo en Panamá entre los insurgentes y los sectores políticos, sociales y gremiales del país. La cumbre política se hizo, y allí surgió, entre otros compromisos, futuras cumbres, a fin de buscar diálogos de paz” (Moreno Parra, 2011). Con la liberación de Gómez Hurtado, el M-19 retomó protagonismo y mostró su voluntad para acercase al gobierno nacional, lo que daría como resultado el acuerdo de paz y la desmovilización de esta guerrilla en 1990.
Aunque el acuerdo final con el M-19 consistió en diez puntos, uno de los aspectos más importante fue que efectivamente lo logró que se abrieran espacios democráticos como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en donde el gobierno permitió la inscripción de una lista de los desmovilizados del M-19, quienes tomaron el nombre de Alianza Democrática AD-M19 y obtuvieron 19 curules, equivalente al 27%, constituyéndose en la segunda fuerza política del país después del partido liberal (Centro de Memoria Histórica, 2014).
Dos de los éxitos que se le atribuyen a este proceso de paz es que, primero, contribuyó a transformar de manera significativa el panorama político colombiano, lo que se materializó en un nuevo diseño institucional propuesto en la Carta Magna de 1991, y segundo, que buena parte de su dirigencia se incorporó a la vida civil participando en la contienda política y en la vida pública, sin volver a las armas y, por el contrario, defendiendo la democracia como sistema para llevar al poder.
Primeros años de la década de los noventa: procesos con el el EPL, el Quintín Lame y el PRT en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente
Protagonistas y contexto histórico
Como se afirma en un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Asamblea Nacional Constituyente convocada en 1990 implicó una oportunidad importante para los grupos guerrilleros para quienes la experiencia del M-19 estaba resultando exitosa, lo que no tardó en desencadenar otros procesos de paz, que significaban, en la práctica, participar en el nuevo diseño institucional del país: […] el proceso animó a parte del resto de la insurgencia a medírsele a una paz negociada. El EPL, el Quintín Lame, y el PRT entraron en conversaciones con el gobierno nacional, las cuales se aceleraron a lo largo de 1990 con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ya que su desmovilización se convirtió en precondición para participar con varios escaños en la Asamblea Constituyente (Centro de Memoria Histórica, 2014, pág. 2).
Dentro de los grupos que participaron en estos procesos, además del M-19 que se encontraba en un proceso más maduro, participaron una parte importante del EPL, el Quintin Lame, y el PRT. El EPL es una organización Marxista-Leninista-Maoísta que surgió del Congreso Clandestino Constitutivo del Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, en julio de 1965. El EPL se organiza entre 1966 y 1967 en medio de levantamientos campesinos en las regiones del Urabá y bajo Cauca antioqueños y en los departamentos de Córdoba y Sucre, pero no inicia acciones armadas hasta 1968 (Rojas, 2009). En aquella época se dieron varias situaciones que sentaron las bases para el nacimiento del EPL que van desde las fracturas internacionales entre los partidos comunistas; hasta la inspiración revolucionaria que significó en sectores obreros y académicos el triunfo de la Revolución Cubana (Villarraga, 2014). En este proceso de paz se desmovilizó un 80% de sus combatientes, más de dos mil, quienes conformaron el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, que posteriormente fue diezmado por acciones tanto paramilitares como de las FARC que acusó a muchos de ellos de convertirse en agentes del Estado colombiano.
El Movimiento Armado Quintín Lame-MAQL fue una guerrilla indigenista originada en el Cauca que aparece públicamente el 5 de enero de 1985 con la toma de la población de Santander de Quilichao. Surge de la mano de distintas organizaciones indígenas que tenían como propósito la recuperación de tierras usurpadas por las clases dirigentes con la anuencia de las autoridades y como forma de autodefensa ante las agresiones, tanto de la Fuerza Pública como de las organizaciones insurgentes a la población indígena. Su nombre es un homenaje al líder indígena Manuel Quintín Lame, quien lideró un levantamiento indígena regional durante la primera mitad del Siglo XX. Su salida a la luz pública se dio después del asesinato, por parte de terratenientes y agentes del Estado, de varios líderes indígenas (Peñaranda Supelano, 2010). En 1991, tras su participación en la Asamblea Nacional Constituyente, la comandancia del movimiento decide entrar a un proceso de desmovilización, en el cual más de 130 hombres entregaron las armas, uno de los acuerdos a los que se llegó fue la entrega de un subsidio mensual durante los primeros meses de la reinserción de los militantes a la vida civil y el compromiso por parte del gobierno de comprometerse en la inversión de recursos para cubrir las necesidades de los grupos indígenas.
Finalmente, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) nació en 1982 a partir de una facción marxista-leninista del Partido Comunista, sus raíces se remontan a la gama de diversos movimientos de orientación maoísta en torno al Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), que formaron parte de la nueva izquierda latinoamericana, caracterizada por su crítica a los comunistas tradicionales (partidos y grupos armados). Al insistir en que sólo una verdadera revolución podía conducir a la dictadura del proletariado (como fin último), este sector ortodoxo de la izquierda revolucionaria colombiana rechazó la posibilidad de una convivencia pacífica de ideas capitalistas y socialistas, y por lo tanto, también todo tipo de participación en las instituciones burguesas. La mejor expresión de este principio fue una estricta política de abstención en cualquier tipo de elecciones (Archila 2008; CINEP, 2013). La desmovilización de los miembros del PRT dio como resultado que se convirtiera en un partido y así pudo participar en la Asamblea Constituyente de 1991 e incluso algunos de sus militantes se integraron a la Alianza Democrática M-19.
Con respecto a los procesos de paz con estos tres grupos insurgentes puede inferirse que los acuerdos se concretaron en la participación política por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior apertura de espacios de participación política tanto en lo nacional como en lo regional.
Proceso de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) en Caracas y Tlaxcala (abril-junio de 1992)
Protagonistas y contexto histórico
Para el 30 de abril de 1991 se hace pública la intención de otras insurgencias adscritas a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar como el ELN, las FARC-EP y el EPL de dialogar con el gobierno; estos procesos terminan el 4 de mayo de 1992 con resultados diferentes para cada grupo armado.
Uno de los protagonistas más importantes de este proceso de paz fue el ELN, otro grupo insurgente que con las FARC-EP y el EPL hacen parte de los más antiguos del país y cuyo origen también está ligado al contexto de exclusión política derivada del Frente Nacional, de las protestas sociales provenientes de diferentes sectores del país liderados por estudiantes, campesinos, profesores y trabajadores, que conllevaron al fortalecimiento de las revueltas populares y de organizaciones sociales de izquierda que inspiradas por el triunfo de la Revolución Cubana buscaron imitar su experiencia, confiando en que solo a través de la lucha armada lograrían las transformaciones sociales justas para el país. A lo largo de su historia, el ELN ha participado de tres procesos de paz; sin embargo, la primera vez que decide participar en una experiencia semejante fue en el marco del II Congreso (1988), pues esta guerrilla contemplaba la salida negociada al conflicto armado como estratégica, en tanto que resultaba el camino más viable para lograr los cambios sociales que los llevaron a alzarse en armas.
A este proceso de paz también se unió el reducto del EPL que no se desmovilizó entre 1990 y 1991 y que ahora participaba en las negociaciones como miembro de la CGSB.
Por su parte, las FARC-EP decide participar en esta convocatoria a partir de una decisión concertada al interior de su comandancia -y apalancada por la CGSB- a pesar de la desconfianza construida a partir del genocidio de la Unión Patriótica que tiene entre sus puntos más dramáticos el asesinato de Bernardo Jaramillo (1990), candidato presidencial. Como respuesta, las FARC incrementó su accionar militar, que desencadenó una respuesta de la administración Gaviria mediante el bombardeo a “Casa Verde”, la denominada “Cuna de las FARC”, en La Uribe-Meta, en el mismo año.
Es así como se inician los diálogos en Caracas en junio de 1991 en dos rondas (Medina Gallego, 2011): en la primera se discutió un cese bilateral al fuego, pero con concentración de la fuerzas guerrilleras en ciertas regiones; en la segunda ronda[…] se planteó la necesidad de llegar a acuerdos sobre la convivencia pacífica para lo cual era necesario que se revisara la estrategia de seguridad del Estado, de manera tal que se anulara la concepción del enemigo interno propia de la doctrina de la “Seguridad Nacional” y se implantara una estrategia sustentada en la democracia y la defensa de la soberanía nacional (Medina Gallego, 2011, pág. 583).
Los diálogos en Caracas se interrumpieron de manera unilateral por parte del gobierno a raíz del atentado al político liberal Aurelio Irragorri y por el golpe de estado que se dio en Venezuela, por lo que se decide realizar los diálogos en Tlaxcala (México).
En 1992, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, hizo públicos sus “Doce puntos para construir una estrategia de Paz”, en Tlaxcala, en donde se planteaba una agenda amplia y no tan restringida como la que promovía el Gobierno Nacional, que a juicio de varios analistas se centraba en la desmovilización y entrega de armas, sin incluir discusiones sobre asuntos estructurales del país como el modelo económico.
Esta propuesta de agenda de la CGSB se sumó al secuestro y muerte del ex ministro Argelino Durán Quintero durante los diálogos, por parte del EPL, dio al traste con el proceso de paz y propició la intensificación de las acciones militares entre las partes.
Proceso de paz con la Corriente de Renovación Socialista (CRS): entre 1993 y 1994
Protagonistas y contexto histórico Con la caída del muro de Berlín y del Comunismo Soviético, y tras los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y los movimientos Quintín Lame, PRT, M 19 y EPL, una disidencia del ELN organizada como la Corriente de Renovación Socialista (CRS) decide dejar las armas para adentrarse en la vida civil y política. La CRS surge con el objetivo de hacer un reemplazo de la estrategia de la lucha armada por la política. A partir de este proceso se reinsertaron a la vida civil 650 combatientes. Su dejación de armas tuvo lugar en Flor de Monte, Sucre, en abril de 1994, al final del gobierno de César Gaviria.
Dentro de los acuerdos construidos entre la administración Gaviria y la CRS se negoció la reincorporación a la vida política y democrática del país, la implementación de proyectos de desarrollo en las comunidades y territorios donde tenían presencia armada, más beneficios jurídicos, económicos y sociales para la reinserción de sus miembros, sumados a una vocería en la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente se acordó un programa de tierras y promoción del proceso, beneficios jurídicos, indulto y suspensión de procesos judiciales, nombramiento por decreto de dos integrantes como representantes a la Cámara por una única vez, para el período 1994-1998 (IEGAP, 2012).
Aspectos favorables y desfavorables
Finales de la década del noventa: acercamientos entre la administración Samper y el ELN en el Palacio de Viana (1997-1998)
Protagonistas y contexto histórico Para finales de la década del noventa el gobierno de Ernesto Samper, electo en 1994, se encontraba cuestionado y deslegitimado nacional e internacionalmente por nexos entre la campaña electoral que le llevó a la presidencia con el narcotráfico (el llamado proceso 8000). En el marco del conflicto armado en Colombia, se dio una arremetida paramilitar contra todos los grupos guerrilleros y lo que se consideraba sus bases civiles. Como respuesta el ELN emprende una campaña nacional de saboteo en contra del gobierno y las elecciones. Entre ellas que entre un paro armado que llevó a que en que aproximadamente en 5 municipios no hubiera elecciones y se vieran afectados cerca de 500 (según lo referido por esa guerrilla). La abstención electoral ese año fue mayor al cincuenta por ciento.
A pesar del saboteo electoral y los escándalos alrededor del apoyo del narcotráfico al candidato presidencial, la sociedad civil y algunas organizaciones promovieron una movilización por la paz e incluyeron en las urnas un “voto por la paz”, el cual tuvo mucha acogida. A pesar de su oposición a las elecciones, el ELN legitima esta iniciativa política y en la Cumbre Comandantes convoca a la “Convención Nacional”, que dará inicio a un nuevo intento por darle fin a la guerra, el cual no consistió en una negociación sino que se limitó a diálogos y acercamientos. Así, se convoca a una reunión secreta que tuvo lugar el 9 de febrero de 1998 en el Palacio de Viana, España, pero el ELN suspende los diálogos debido a la controversia generada frente a las implicaciones de este preacuerdo con las elecciones presidenciales.
Aspectos favorables y desfavorables
Proceso de negociación entre las FARC-EP y la administración Pastrana en San Vicente del Caguán (Caquetá, 1998-2002)
Protagonistas y contexto histórico La campaña presidencial al final de la administración Samper tuvo un hecho que marcó los resultados de las elecciones: la promesa de paz del candidato, y posteriormente presidente, Andrés Pastrana, de iniciar un diálogo con las FARC-EP. Una vez en el poder, inicia el proceso de paz y en 1999 Pastrana ordena la desmilitarización de 5 municipios de presencia histórica de las FARC-EP: La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, territorio conocido en la época como la zona de despeje o de distensión.
Es preciso anotar que este proceso de paz se dio en medio de la guerra, pues mientras muchas organizaciones de la sociedad civil procuraban hacerse escuchar en las mesas del Caguán, las confrontaciones armadas entre FARC y Fuerzas Armadas continuaron en todo el territorio nacional, a excepción de la zona de despeje.
La agenda acordada entre las partes se la denominó: “Política de paz para el cambio”, en la que se encontraban temas como Derechos Humanos, reformas agrarias, reformas políticas, paramilitarismo, y Derecho Internacional Humanitario, entre otros. La metodología de los diálogos de paz del Caguán incluyó una amplia participación de la sociedad civil, hecho que le dio una importante relevancia ante la opinión pública; sin embargo, esa “publicidad” de la negociación posibilitó múltiples críticas desde diversos actores políticos al proceso. A esto se sumaron las evidencias de actividades armadas de las FARC-EP, al punto que para distintos sectores de la opinión, la zona de despeje les permitió a las FARC asumirla como un escenario de repliegue estratégico para su fortalecimiento y preparación para la guerra. Esta también fue una época de fortalecimiento progresivo del paramilitarismo y de la intervenciónde los Estados Unidos, mediante la acogida del “Plan Colombia” por parte del gobierno Pastrana, teniendo como justificación la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia.
Con esta dinámica y después de tres años de negociación, el proceso llegó a su fin cuando en 2002 fue secuestrado el ex congresista Luis Eduardo Géchem.
Proceso de paz del gobierno Pastrana con el ELN
Protagonistas y contexto histórico
En la administración Pastrana, aunque de manera marginal, se retoman los avances logrados con el gobierno de Ernesto Samper en 1997, si bien es claro que le otorgó una menor relevancia a los acercamientos con el ELN. Ese año esta guerrilla era aún una agrupación con gran acumulado social en el país y presencia en la región norte, oriental, sur y centro del país a pesar de la arremetida paramilitar que se llevó a cabo en esos años. Finalmente no se llega a concretar una agenda, pues las conversaciones se limitan a la construcción de una metodología para la participación de la sociedad civil en torno a la definición de las bases para la consolidación de la paz en el país.
En octubre de 1998 en el Encuentro de Río Verde se retoman los diálogos. Se reconoce el carácter político del ELN como grupo alzado en armas en contra del Estado, pero un par de semanas más tarde se da la masacre de Machuca, originada tras la voladura de un oleoducto en este municipio, accidente en el que fallecen más de 70 personas de la sociedad civil. Esta tragedia opaca lo avances logrados y conlleva a la suspensión de los diálogos.
En febrero de 1999 se retoma el proceso y el ELN busca una zona de despeje para llevar a cabo encuentros con la sociedad civil y académicos para avanzar en la idea de Convención Nacional. La zona desmilitarizada que reclamaba fue otorgada el 15 de febrero de 2000, en San Pablo, Cantagallo (Bolívar) y Yondó (Antioquia), pero el fuerte control paramilitar obstaculiza el proceso debido a la movilización que promueven en contra de esta propuesta.
El 28 de enero de 2002 se realiza la Cumbre por la Paz en Cuba, se reafirman compromisos respecto a la necesidad de gestos de paz. Para ese momento el ELN se ve diezmado por la guerra con el paramilitarismo. El ELN muestra una postura flexible y dialógica exigiendo cumplimiento de acuerdos y mostrando voluntad para un cese al fuego unilateral de 6 meses a cambio del apoyo del gobierno a la guerrilla en términos de financiación. El 3 de junio de 2002 el gobierno rompe unilateralmente con el diálogo.
Primeros años de la administración Uribe: los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN (2005-2008)
Protagonistas y contexto histórico El ELN llega muy debilitado a la negociación: la presencia en la parte norte del país es nula, en el suroccidente carecen de legitimidad debido a su accionar militar, el cobro de extorsiones se ve disminuido debido a la seguridad privada que brindan otros grupos armados a las empresas. Las FARC se han consolidado como el actor armado central, y el ELN es visto como un grupo guerrillero en proceso de declive. El 26 de octubre de 2006 se hacen públicos los diálogos exploratorios que se venían dando con el gobierno desde septiembre de 2005.
Estos acercamientos, más que diálogos en sí, no tuvieron una agenda definida; sin embargo, el ELN reclamaba cuatro puntos: el primero, lograr un acuerdo para construir un ambiente de paz que beneficie a todos los colombianos, donde se contemplaran: a) Soluciones al desplazamiento forzado, b) Cese al fuego y a las hostilidades, c) Tratamiento a los casos de privación de la libertad (liberación de retenidos y liberación de presos políticos), y e) Garantías para la protesta social, cese de los asesinatos y a la persecución política; el segundo, corresponde a lograr la participación de la sociedad en la construcción de la paz y la democratización de la vida nacional, donde se contemplen: a) Preparativos de una Convención Nacional, b) Construir una agenda legislativa favorable al país y a la paz y c) Articulación de los procesos de participación democrática, entre ellos las Casas de Paz. El tercer punto estaba relacionado con el reconocimiento y garantías para el ELN, y el cuarto con la generación de un espacio para la participación de la Comunidad Internacional.
Esta última exigencia se vio alterada tras la declaración del Comisionado de Paz en el que no se reconocía la existencia de un grupo formal de países observadores, como si existió en anteriores procesos de paz. Esta situación minó aún más la confianza del ELN en el proceso de paz y en el gobierno. En 2008 las conversaciones terminan sin avanzar en ninguno de los temas que se habían pactado.
Proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC (2003-2006)
Protagonistas y contexto histórico Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgen en el año de 1997, bajo el liderazgo de los hermanos Castaño Gil, máximos jefes de una de las agrupaciones paramilitares más importantes de ese entonces, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) fundadas en 1995. En abril de ese año, Vicente y Carlos Castaño organizan una reunión con los líderes de las autodefensas del Magdalena Medio, de los llanos orientales, y otras agrupaciones que ya operaban en el país. Allí exponen su idea de construir un proyecto político de orden nacional que les permita participar en negociaciones de paz con el Estado y hacer frente a los acuerdos que se desprendieran de los diálogos del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP.
Bajo las AUC se produce la mayor expansión paramilitar en la historia del país. Entre 1997 y 2001 diversos bloques llegaron a tener presencia activa en 223 municipios en el territorio nacional. El paramilitarismo tiene su mayor crecimiento militar, aumenta su influencia sobre los poderes políticos locales y regionales y hace efectivo el control territorial mediante la intimidación, la muerte y el destierro de la población civil. Algunas de las masacres más recordadas cometidas por este grupo fueron la de Mapiripán en Meta, El Aro en el norte de Antioquia, La Gabarra en Norte de Santander, El Salado en Bolívar, y Chengue en el departamento de Sucre.
Esta situación sucede en medio de la mayor escalada del conflicto armado colombiano, donde además del crecimiento del paramilitarismo, la guerrilla de las FARC tiene su mayor crecimiento militar, propiciándole durante varios años fuertes derrotas a la Fuerzas Armadas. Las AUC son la expresión de una alianza entre élites políticas locales, empresarios y ganaderos, quienes junto con narcotraficantes y agentes del Estado plantean un proyecto político contrainsurgente que frene la avanzada de las FARC, limitara los alcances del proceso de paz del Caguán y mantuviera el statu quo locales.
Uno de los hechos más recordados en este proceso de establecimiento de alianzas entre políticos y paramilitares, que posteriormente se conocería como parapolítica, ocurrió el 23 de julio de 2001, cuando Salvatore Mancuso y otros importantes jefes paramilitares se reúnen con prestantes políticos entre los que se encontraban senadores, representantes a la cámara, gobernadores, alcaldes y concejales, con quienes firman el pacto de Ralito para “refundar la patria” (López, 2010).
El proceso de desmovilización, desarme y reinserción de las AUC se dio durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre 2003 y 2006. Varios jefes paramilitares han señalado en versiones libres que tras el triunfo del presidente Uribe y la puesta en marcha de la polémica política de Seguridad Democrática, su lucha dejó de tener razón de ser y era válido dejar a un lado las armas. Por esta razón más que un proceso de paz, las negociaciones con las AUC son un proceso de amnistía y sometimiento a la justicia de estos grupos para estatales (Revista Semana, 2004).
La agenda de este proceso giró alrededor del proceso de desmovilización, pues no hubo planteamientos respecto a reformas del Estado o determinadas políticas públicas. Ello se observa en el marco jurídico que se estableció para la negociación, la recordada Ley 975 de 2005 más conocida como ley de Justicia y Paz. Tras fuertes debates entre el gobierno, la oposición parlamentaria y organizaciones defensoras de derechos humanos, la ley fue aprobada con un par de artículos sobre jubileo y otorgamiento de estatus político a las paramilitares, situación que fue blanco de fuertes críticas. Además, en la ley se aceptaba la simple declaración de versiones libres como un medio para acceder a beneficios jurídicos, lo cual fue duramente criticado por organizaciones de víctimas que denunciaban la no obligatoriedad de la confesión de los crimines y delitos para acceder a los beneficios jurídicos.
Como garante de este proceso estuvo la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual el 19 de febrero de 2004 firmó un acuerdo con el gobierno para acompañar y verificar el cumplimiento de lo acordado por parte de las AUC. Este acompañamiento fue duramente cuestionado por sectores de la sociedad civil que señalaron la falta de rigurosidad y capacidad de sanción de la organización internacional para denunciar los incumplimientos de los bloques paramilitares.
