Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El asesinato confirmado de cinco firmantes de paz, la desaparición de 14 y el desplazamiento forzado de 137 excombatientes en los municipios de El Tarra, Convención y Teorama en la región del Catatumbo, representan para las exFarc y la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) el más duro golpe, recibido en ocho años, al programa de reincorporación a la vida civil de excombatientes en Colombia.
Hasta la fecha, según el partido Comunes, se han registrado 441 asesinatos de los firmantes de paz. Siendo enero de 2025 el más fuerte, con 8 firmantes de paz asesinados. Una situación desafortunada, pues en el año anterior se registró una caída del 44% en los asesinatos de excombatientes en el país respecto al 2023. Lo que prende las alarmas, ante una tendencia que podría convertir este año en el peor en la historia contra los reincorporados de las Farc.
Como sabemos, el responsable de esta catástrofe humanitaria es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien decidió, desde mediados de enero de este año, declararle una guerra al Frente 33 de las Disidencias de las Farc. Y está usando la misma estrategia que utilizó en décadas pasadas el paramilitarismo para perfilar, señalar y perseguir a los desmovilizados de grupos armados, en especial, de la insurgencia.
Con lista en mano, los miembros del ELN van a las casas de los excombatientes, los hacen salir de sus viviendas, los detienen y los asesinan a sangre fría. Acusan a varios de los firmantes de paz de ser colaboradores de alguno de los grupos que hacen presencia en la región, incluyendo al mismo Estado. Usan la violencia contra estos líderes, que consideran incómodos, para sembrar el terror y aumentar el dominio territorial y el control de las rentas criminales en la región del Catatumbo.
Una situación que es demasiado problemática, debido al alto número de personas que están en proceso de reincorporación y a la importancia estratégica que tiene el territorio para los excombatientes de las Farc. En esta región se encuentran, según la ARN, 464 firmantes de paz, ubicados en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Caño Indio y las nuevas áreas de reincorporación (NAR) de Tibú.
La decisión de los firmantes de paz de ubicarse en este territorio está, por un lado, a que en este espacio la exFarc tenía una presencia histórica y muchos vínculos con la base social y comunitaria, y en este sentido, se sienten muy protegidos y acogidos por las comunidades. Y por el otro lado, a que los firmantes quieren acompañar a las comunidades y devolverles con el programa de reincorporación algunos beneficios al territorio y la población.
Entre los daños causados está el gran abandono en el que Estado ha tenido a estos espacios fronterizos. De allí que esperan que con su presencia puedan proteger la vida de las comunidades, en un territorio con presencia de muchos grupos armados y donde las carencias son múltiples. Los firmantes quieren que el Estado llegue y les ayude implementando los importantes programas y acciones que contiene el Acuerdo final de paz.
Desean, por ejemplo, que el Gobierno continúe implementando los programas asociados a la Reforma Rural Integral (RRI), como la adjudicación de tierras al campesinado, la construcción de vías terciarias y la inversión en infraestructura para educación y salud. Todo esto permitiría que las comunidades afectadas por la guerra se les contribuya con mejores niveles de desarrollo.
Además, desean que se reduzca la estigmatización y la violencia contra la comunidad firmante de paz. Para que, finalmente, se permita la construcción de liderazgos políticos que contribuyan con la sobrevivencia de los valores que siempre ha tenido la comunidad fariana y se mejore las condiciones de seguridad en los territorios.
De manera específica, en la región del Catatumbo, los firmantes de paz desean que el Estado por fin comience a implementar programas para la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. Políticas que ayuden a concretar la transición de producción de hoja de coca y que se desarrollen otras opciones económicas para que este territorio salga de la trágica historia que le ha generado el involucramiento con este cultivo ilícito.
En definitiva, los firmantes desean que el Estado, por fin, actúe en los territorios donde las extintas Farc tuvieron presencia. Desean que los múltiples problemas sociales, económicos y políticos sean atendidos. Esto como una forma de cumplir con la implementación del Acuerdo Final y producir los cambios que se desean para estos territorios y poblaciones. Acciones claras y sostenidas que permitan que en el Catatumbo se pueda avanzar en la construcción de paz y sea este un espacio de no violencia.
Quieren ver los firmantes, en pocos años o al menos al finalizar el tiempo que se tiene programado para implementar el Acuerdo Final, que la renuncia al uso de las armas tiene efectos positivos, tanto para los excombatientes como las comunidades víctimas del conflicto. Unas acciones que permitan crear lazos de amistad y confianza, que hagan posible, ante situaciones de violencia, unir a las comunidades para proteger a los firmantes. Seres con los que se está agradecido y que quieren proteger para el buen vivir.
Esperemos entonces que con el decreto de conmoción interior por 90 días, en el Catatumbo el Gobierno logre trazar el rumbo para convertir a esta región fronteriza en un laboratorio de construcción de paz territorial. Un programa con el que esperamos decir: partió con la protección de los y las firmantes de paz, al igual que las comunidades, y continuó con la implementación de una serie de políticas y programas con los que se logró mostrar una efectividad alta en la política de paz total, al incluir en ella la implementación del Acuerdo final de paz.
Y todo esto fue posible, en buena parte, porque al defender la vida de los firmantes, sacándolos y luego devolviéndolos al territorio de manera segura, se permitió que estos impulsaran los programas sociales del Acuerdo final de paz. Se permitió que los firmantes se convirtieran en actores del desarrollo territorial; en líderes y lideresas que, luego de dejar las armas, se quedaron en las regiones para ayudar a sanar las heridas que ellos mismo coadyuvaron a crear. Y que, finalmente, con su presencia se logró avanzar en la superación de las causas estructurales del conflicto armado en Colombia.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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