Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Los grupos armados organizados (GAO) en Colombia se comportan como si fuesen dioses. Van declarando paros armados, enemigos a las personas o reteniendo a los viajeros en las carreteras. Con lo que condenan a toda una población al encerramiento y la zozobra; ponen como objetivo militar y en riesgo permanente de muerte a la ciudadanía; o colocan en sus manos la decisión de dejar vivo o matar a un viajero.
Con esta actitud, los miembros de las organizaciones armadas nos recuerdan el comportamiento similar que tiene el “rápido halcón” con un “ruiseñor de variopinto cuello” en libro Los Trabajos y los Días de Hesíodo. En esta fábula, escrita en el siglo VIII antes de nuestra era, el poeta griego nos plantea una situación donde un fuerte halcón lleva por el aire, entre sus garras, a un débil ruiseñor.
Esta ave de fuertes alas y en tono de superioridad le dice: “¡Infeliz! ¿Por qué chillas? Ahora te tiene en su poder uno mucho más poderoso. Irás a donde yo te lleve por muy cantor que seas y me servirás de comida si quiero o te dejaré libre. ¡Loco es el que quiere ponerse a la altura de los más fuertes! Se ve privado de la victoria y además de sufrir vejaciones, es maltratado”.
Ante esta situación, como Hesíodo, nos preguntamos: ¿qué derecho tiene un ser humano para ejercer violencia sobre otro, para decidir si deja o no vivir a otro ser humano? ¿obedecerá esto a la condición fortuita de ser un animal de “rápido vuelo” o de “amplias alas”? ¿o se lo autoriza el hecho de considerar que sus ideales son mayores o mejores que el otro, lo que le imprime una especie de superioridad moral?
Digo que me recuerda está situación a la que se vive en el país porque todos los grupos armados en Colombia se comportan de similar manera: se creen con el poder superior para rodear un territorio y, con sus máquinas de muerte, ejercer violencia sobre una población. En los territorios que dominan van escogiendo a sus enemigos y deciden, sin sonrojarse, quien se queda o se va —ya sea para otro lado o para el cementerio—.
Esto ocurre hoy en Nariño, en el Cauca, en Antioquia o en el Norte de Santander. Los más de 50 grupos armados organizados que hacen presencia en el país, ejercen, sin mucho control estatal, el poder para violan sistemáticamente los derechos de las personas. No respetan el sagrado derecho a la vida. No paran las afectaciones contra la vida y la integridad. Se conciben como semidioses que pueden, con sus garras afiladas, atrapar a los líderes sociales y acabar con sus vidas.
Piensa que son seres divinos con el poder para controlar los territorios y la población. Para convertir a las personas en mercancías y traficar con ellos. Para producir sustancias aditivas que quita la vida y condena los consumidores al fracaso. Para comerciar todo tipo de bienes contrabandeados. Para extorsionar y cobrar excesivos intereses con el llamado ‘gota a gota’. Son ellos los responsables del secuestro extorsivo, el control poblacional, el ataque a las comunidades y líderes sociales.
Y esta no es la única transgresión a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Todos los días reúnen a personas o aprovechan que actúan en colectividad para realizar masacres y desplazar mensualmente miles de personas. Los mandan al exilio, les quitan sus tierras y pertenencias, les destruyen el poco capital social que tienen. Incluso, obligan a los mandatarios locales y regionales a entregar los impuestos mediante contratos ilicitos.
Esta conducta de superioridad ha llevado a que, como lo presenta la Fundación Pares en su más reciente informe ¿Plomo es lo que viene?, hoy tengamos unas cifras alarmantes de violencia en el país. Tenemos un contador de muertes de firmantes de la paz que hoy supera los 420 asesinados; se han matado este año a 117 líderes sociales; se ha amenazado, entre enero y mayo de este año, a más de 34 mil ciudadanos, desaparecido a 1.757, desplazado a 32.046, extorsionado a 4.734 y asesinado a 4.299.
Además, con su aire de que todo les está permitido, extienden ponen su mirada por doquier y continúan su vuelo por todas partes. Este año el Clan del Golfo creció un 17% y se encuentra en 316 municipios; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ubicó en 16 municipios más y hoy está en 231; y la Segunda Marquetalia en 65 poblados, un 18% más que el año anterior.
Ante esta realidad cabe preguntarles: ¿quién les dio el poder de establecer horarios y confinar a la gente? ¿para carnetizar a la población, indicarles fronteras o, incluso, señalar que prendas de vestir puede usar cualquier vecino? ¿Quién les ha dado el poder para despojar a los campesinos de sus tierras, las mismas que han conseguido con su esfuerzo? O ¿qué poder divino los autoriza para acabar con la naturaleza, ya sea extrayendo el oro con la maquinaria amarilla o destruyendo los bosques con sus cultivos de coca?
Aquí hay que recordarles los violentos lo que bien les advirtió Hesíodo a los poderosos halcones hace 28 siglos: “Preferible el camino que, en otra dirección, conduce hacia el recto proceder; la justicia termina prevaleciendo sobre la violencia, y el necio aprende con el sufrimiento”. Cuando la diosa Dike es violada, “se oye un murmullo allí donde la distribuyen los hombres devoradores de regalos e interpretan las normas con veredictos torcidos”.
El país espera un mejor y recto proceder de los GAO, que dicen protegerlos, pues “El hombre que trama males para otro, trama su propio mal; y un plan malvado perjudica más al que lo proyectó”. Los armados, con su “violencia nefasta”, están construyendo su propio destino; con sus actos están inquietando el espíritu de los pobladores, llenando sus corazones de odio y haciéndoles desear para sus opresores “una terrible calamidad, el hambre y la peste juntas”.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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