Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.
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Ayer se llevó a cabo el conversatorio "Los medios locales en la ruta de la paz", donde se discutió abiertamente la crisis de seguridad en Buenaventura. Durante el encuentro, el periodista Elver Rengifo, director de Voces del Pacífico, preguntó: "¿Quién manda en Buenaventura?" los más demagogos, respondieron que manda dios o la comunidad, pero Monseñor Rubén Darío Jaramillo, sin dudarlo y con una fuerte dosis de realidad, dijo que quienes mandan son las “fuerzas oscuras".
Pensar en cuáles son las “fuerzas oscuras” que mandan en Buenaventura, me hace reflexionar en el contraste que implica la respuesta de la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, quien, desde hace unas semanas, ha intentado desviar la atención diciendo públicamente que las denuncias por el incremento de la violencia corresponde a una “campaña de desprestigio” en su contra, con un claro intento por ocultar la realidad que viven cientos de familias, siendo profundamente negligente evadiendo un problema central que afecta a la población.
Esto ocurre en medio de la creciente incertidumbre que vive Buenaventura, que profundiza los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de seguridad. Los homicidios, balaceras y desapariciones tienen confinadas a comunidades rurales y urbanas, se habla de “barrios fantasmas” donde no se encuentra transporte público después de las siete de la noche, el comercio en los barrios cierra sus puertas al caer la tarde, las calles quedan desoladas desde que empieza la noche y son los grupos armados los que controlan la movilidad, la economía y hasta las fiestas.
La Defensoría del Pueblo, en múltiples informes, ha advertido sobre la compleja situación de seguridad en Buenaventura, donde los enfrentamientos armados han transformado las calles en escenarios de terror, con algunos momentos de tensa calma por la tregua en zona urbana desde el 2022. Los reportes de la entidad muestran un deterioro notable en la calidad de vida de los y las habitantes y la falta de una respuesta adecuada por parte del gobierno local no solo pone en riesgo la integridad de las personas, sino que también ratifica la percepción que tiene la ciudadanía, y que bien lo plantea monseñor, sobre las “fuerzas oscuras” que mandan en Buenaventura. A esto se le suma el temor y la incertidumbre por la posibilidad de una ruptura total de la mesa de diálogo sociojurídico entre los Shottas y los Espartanos.
Por esto, es de reconocer y valorar enormemente iniciativas como el conversatorio realizado por los líderes periodistas de Buenaventura, dado que están promoviendo de manera excepcional la discusión sobre temas de ciudad. Pero, si bien la situación actual exige un compromiso colectivo donde ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales y que insistamos en respuestas efectivas, es clave recordar que la seguridad de Buenaventura no puede depender de la suerte y, en la lucha por una Buenaventura segura, las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa, tienen la obligación de implementar mecanismos efectivos de atención y acompañamiento a la ciudadanía.
La alcaldesa debe demostrar que son las instituciones legales las que mandan en Buenaventura y no las fuerzas oscuras. Para lograr esto, es muy importante que empiece reconociendo las situaciones de violencia y no las minimice. Mediante acciones concretas, ella puede enviar un mensaje claro de que el poder reside en la legalidad y no en la intimidación y el crimen.
Yo mejor le hago la pregunta a la alcaldesa: Ligia del Carmen, cuéntenos ¿Quién manda en Buenaventura?".
Porque cuando se les plantea la pregunta a las gentes, la respuesta común es un secreto a voces, todo mundo sabe, pero nadie se atreve a decirlo. Por esto cierro como cerró Elver el conversatorio: “gracias por sus respuestas sinceras monseñor”, pero también gracias a este grupo de periodistas porque, a pesar de los riesgos que esto representa, movilizaron una discusión que no está terminada en Buenaventura.
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