Por: Nicolás León Rodríguez, Investigador Nacional
Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
Foto tomada de: Xataka
El pasado 22 de agosto la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentaron el “Plan Choque Seguridad 360”, una estrategia que busca la articulación entre Policía Nacional, Fuerzas Militares y autoridades político-administrativas para contrarrestar los delitos de mayor impacto y reforzar la seguridad en los territorios. Este plan tendrá una duración inicial de cinco meses y pretende generar resultados notorios en la reducción de los delitos de alto impacto social.
Este Plan busca la coordinación de autoridades del nivel nacional con el nivel local, principalmente de entidades como Fiscalía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Justica con las Administraciones Municipales o Distritales con el fin de contar con los recursos humanos, tecnológicos y logísticos de la Fuerza Pública para la mitigación de las afectaciones de la seguridad y la convivencia.
El Plan Choque se enfoca en cuatro ejes fundamentales: 1) la seguridad ciudadana, rural y urbana; 2) la investigación criminal, 3) la inteligencia y 4) la contrainteligencia. De esta manera, busca el diseño y focalización de estrategias orientadas a mejorar los índices de seguridad a través del aumento de la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad. Del mismo modo, el plan está dirigido a fortalecer la integración ciudadana con los procesos de denuncia y llamado a la Policía con el fin de contrarrestar y/o desactivar las dinámicas criminales, fortaleciendo el lazo con la comunidad y el esfuerzo institucional. Según el ministro de Defensa Iván Velázquez:
“(...)tiene como propósito que los mandatarios locales y la comunidad se vinculen para abordar los riesgos sociales, según las características del territorio y las particularidades de la problemática, con lo cual se hará un despliegue de unidades de todas las dependencias de la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación (…)”
Este Plan busca dar resultados contundentes en la reducción de delitos de alto impacto, por lo que se priorizan delitos como los homicidios, el tráfico local de estupefacientes, la extorsión y el hurto en todas sus modalidades. Para el director general de la Policía, William Salamanca:
“Este plan es una respuesta integral a los sentidos reclamos de la sociedad, el cual lideraremos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales y departamentales”.
La aplicación del plan prioriza las ciudades pertenecientes a Asocapitales (las 32 ciudades capitales de los 32 departamentos del país) y Asointermedias (integrada por 65 ciudades intermedias que suman, aproximadamente 10 millones de habitantes), teniendo como principales objetivos:
Afectación de finanzas criminales y rompimiento de las cadenas del delito.
Mejorar la contundencia productividad y capacidad de respuesta rápida de la fuerza pública.
Fortalecer y consolidar el tejido social y comunitario.
Reducción de los delitos de alto impacto social.
Estrategias
Las estrategias hacen referencia al conjunto de acción orientadas a garantizar los objetivos trazados. En este contexto, hace referencia a la armonización de los actores e instituciones que estructuran el plan de seguridad, es decir, la articulación entre instancias del gobierno, territorio y población en pro de un funcionamiento armónico y el cumplimiento de propósitos comunes. El Plan Choque entonces se compone de un conjunto de acciones operativas, preventivas y de investigación criminal.
Entre algunas de las estrategias que han predominado en la aplicación del plan se destacan: el desarrollo de megaoperativos policiales, especialmente de allanamiento y captura para golpear organizaciones criminales; el fortalecimiento de medidas correctivas, es decir, la imposición de comparendo por razones que afectan la convivencia en la ciudad, en donde se focaliza el porte y tenencia de armas de fuego y elementos cortopunzantes; puestos de control ubicados en puntos neurálgicos con altos índices de criminalidad (ya sea por delitos de alto impacto y/o por la construcción de cadenas de mercados ilegales); la articulación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes; socialización de volantes de los más buscados por la Policía; campañas de pedagogía y educación orientadas a la prevención del delito; la estructuración del plan “Vecinos del CAI” para el fortalecimiento de las denuncias ciudadanas y la resolución pacífica de conflictos, entre otros.
Como se mencionó con anterioridad, las estrategias deben alinearse al contexto, necesidades y riesgos específico del territorio y la población que lo cohabitan. De esta manera, además de las estrategias expuestas (que hasta el momento han predominado la ejecución del plan), también se despliegan una multiplicidad de medidas orientas a las amenazas propias del contexto local de cada municipio. Como ejemplo de estas estrategias en Sahagún, Córdoba (territorio con altas tasas de hurto a automotores, residencias y comercio), se vienen estructurando “comandos situacionales” que buscan adelantar planes de registro y control enfocado hacia el registro de vehículo y trabajos de inteligencia en los sectores residencial, comercial y financiero.
Primeros resultados
Como parte de las estrategias, la Policía Nacional trazó una meta inicial para el cumplimiento de los objetivos planteados que contempla 513 operaciones a nivel nacional: 363 dirigidas a combatir el hurto, 85 contra el homicidio, 51 contra la extorsión y 14 contra el secuestro. Estas operaciones se han dado de manera diferenciada según las necesidades de cada territorio, así la Policía ha venido rindiendo los resultados iniciales del plan a las autoridades territoriales. Los resultados que se presentan a continuación son resultados preliminares, publicados posterior al 22 de agosto, es decir, apenas en los primeros días de aplicación del plan.
Dentro de las tres ciudades más grandes del país, Medellín y Cali han sido las primeras en mostrar resultados. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó la captura de 279 personas apenas en los primeros días de ejecución del plan, según el comandante de Policía del Valle de Aburrá, General Rossemberg Novoa, estas capturas están orientadas a la diminución de los delitos de alto impacto y la afectación de cabecillas y delincuentes relacionados con grupos delincuenciales. Por su parte, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali reportó la captura de 80 personas y la realización de 25 diligencias de allanamiento, operativos que permitieron la desarticulación de dos grupos de delincuencia común (GDCO) en las comunas 15 y 20. Hasta la fecha, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha mostrado cifras preliminares.
Otras ciudades capitales también han venido entregando resultados. En la Costa Caribe, Barranquilla reportó 266 capturas relacionadas con casos de homicidio, incautación de armas de fuego y flagrancia, asimismo, afirmaron la incorporación de 400 nuevos efectivos de la Policía a partir del mes de octubre. Por su parte, en Cartagena se reportaron 112 capturas y la imposición de 1371 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 815 de estos comparendos por el porte de armas y elementos cortopunzantes.
Finalmente, otras ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Neiva e Ibagué también han publicado resultados, en su mayoría, relacionados con la captura de delincuentes en flagrancia, incautación de estupefacientes, armas de fuego y cortopunzantes, y acciones de pedagógicas orientadas a la prevención de delitos de alto impacto.
¿Funcionará el Plan Choque?
El Plan Choque Seguridad 360 se presenta como un enfoque estratégico para abordar los desafíos de seguridad en diversos municipios. La importancia radica en su capacidad para unir fuerzas entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y las autoridades locales, promoviendo una colaboración efectiva en la lucha contra los delitos de alto impacto. Este ha mostrado resultados iniciales que indicarían un fortalecimiento de la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad en diferentes ciudades del país.
El Plan se da en un contexto en el que urge la desarticulación y desactivación de las disputas entre grupos delincuenciales armados. La Paz Total necesita de métodos y estrategias que involucren a la Fuerza Pública que permitan transitar hacia el desescalamiento de la violencia, sobre todo, en un contexto de aumento de percepción de inseguridad y aumento de afectaciones humanitarias. En este sentido, la capacidad y acciones militares y de policía son necesarias.
Aún más, en el contexto del desarrollo de elecciones regionales y los riesgos en los procesos electorales que tienen algunas ciudades capitales. Según la Alerta 030 de la Defensoría del Pueblo, ciudades como Medellín, Barranquilla, Tunja, Valledupar, Montería, Riohacha, Santa Marta, Pereira Ibagué y Cali presentan un riesgo alto de afectación al proceso electoral, mientras que Cúcuta, Neiva y Quibdó tienen un riesgo extremo.
Sin embargo, la cuantificación de los resultados operativos y presencia militar o policial no puede convertirse en el criterio de éxito de la estrategia, como hasta el momento lo vienen reflejando los resultados entregados. La garantía de seguridad ciudadana no puede depender de estrategias de militarización y aumentos del pie de fuerza, sobre todo, teniendo como base el proyecto de Paz Total y la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana que priorizan las acciones preventivas enfocadas a atacar las causas estructurales de la violencia e inseguridad. En este sentido, es fundamental establecer estrategias de evaluación y seguimiento que midan efectivamente el impacto del plan en los territorios y que se articulen, a su vez, con la política del gobierno.
El Plan Choque debe adaptarse de manera efectiva a las particularidades de cada territorio. Cada municipio enfrenta desafíos específicos en términos de seguridad, de esta manera, el éxito del plan depende de su capacidad para personalizar sus estrategias y medidas en respuesta a estas particularidades, como también del compromiso de las autoridades locales y nacionales en sostener la participación ciudadana como un eje transversal para la intervención.