Por: Laura Cano. Periodista Pares.
En el marco de la Emergencia económica, social y ecológica decretada con la propagación del COVID-19, desde el Gobierno Nacional se han venido tomando una serie de medidas a través de decretos, circulares y resoluciones, en vía de atender las diversas situaciones y problemáticas que se han acentuado con la presencia del virus.
Una de estas medidas, y que por lo menos desde la semana pasada ha estado en la lupa, es la que permite la distribución de los recursos del programa de la Línea Especial de Crédito (LEC) de ‘Colombia Agro Produce’, desde el cual se destinarían cerca de 213.000 millones de pesos a través de créditos que se le otorgarían, en principio, a pequeños, medianos y grandes productores que ejerzan actividades rurales, servicios de apoyo para la producción agropecuaria, siembra de cultivos de ciclo corto, sostenimiento de cultivos perennes y de producción, comercialización y transformación de la producción agropecuaria.
¿Qué ha pasado con esos créditos?
Desde la Contraloría General de la Nación se estuvo alertando sobre posibles irregularidades que se estarían presentando en la entrega de estos créditos, pues según lo planteado por la entidad, los criterios establecidos por el Fondo para Financiamiento el Sector Agropecuario (Finagro) no estaban permitiendo que esta medida estuviera llegando a los pequeños agricultores, argumentando que de este dinero $152 mil millones se entregó a los grandes productores agropecuarios; 93 mil millones a medianos y 20 mil millones a pequeños.
Ante esto, la Fiscalía General decidió investigar a Finagro, al Departamento Nacional de Planeación e igualmente al ministro de agricultura, Rodolfo Enrique Zea, tras lo que podría ser un mal manejo y distribución de estos dineros, además de haber podido brindar beneficios, fuera de los intereses del programa, a empresarios y empresas.
Por esto también se modificaron algunos lineamientos del programa, uno de estos fue que entre los beneficiarios de los créditos ya no estarían los grandes productores.
Cabe señalar, como lo indicó Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la línea de democracia de Pares que: dependiendo del tamaño de la empresa, a estos préstamos se les subsidia la tasa de interés. Para las grandes empresas el subsidio es muy bajo; para los campesinos, pequeñas y medianas empresas, el subsidio es grande. Cada crédito permite solamente subsidiar la tasa de interés hasta $250 millones, y si se pide más que eso el beneficio solo aplica hasta ese monto y ahí para adelante las tasas de interés son normales.
Además, dentro de las medidas implementadas también se contó con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG), el cual permite que el 70% de la deuda esté protegida por parte del Gobierno, lo que lleva a que, si el productor que solicitó el préstamo no puede solventarlo, el Estado pasará a cubrir esa deuda en ese porcentaje.
Muchas preguntas para Finagro
Por otra parte, en medio de las claridades que solicitó la Contraloría a Dairo Estrada, presidente de Finagro, a quien también se le sugirió renunciar a su cargo, se presentó el informe sobre cómo habían sido entregados los créditos.
Allí se aclaró que, con corte al 29 de abril, 2.689 pequeños productores realizaron operaciones y lograron obtener un monto de crédito por $23.603 millones, mientras que los medianos productores realizaron 804 operaciones, obteniendo un valor de crédito de $105.123 millones y los grandes productores realizaron 65 operaciones para registrar un valor de $132.646 millones de pesos, disponiendo así de $261.372 millones de pesos. Sin embargo, cerca de diez de las grandes empresas decidieron, tras las alertas presentadas, regresar el dinero.
Ante este contexto, Daniela Gómez plantea que hay tres escenarios que se deben analizar para poder tener claridad de la discusión que se ha abierto alrededor de Finagro y los subsidios entregados.
Soluciones ordinarias, para problemas extraordinarios
Si bien la investigación y el debate giran en torno al monto de los recursos que fueron entregados, hay una variante que es necesaria tenerla en cuenta, y es que, si bien la mayor cantidad de dinero de los préstamos fue otorgada a grandes productores, el mayor número de créditos se concentran en campesinos, pequeños y medianos productores.
Esto respondería a una lógica económica y de mercado, que como explica Daniela Gómez, un campesino no pide créditos por $3.000 millones, sino de $30 millones, 20 o 10. En cambio, una empresa como Mac Pollo, que fue la que recibió el crédito más alto: de $10.000 millones de pesos, necesita en efecto montos así de altos. Por eso es que se dan esas dinámicas en la entrega de créditos.
Por otra parte, este auxilio fue una modificación que se realizó a la línea Especial de Crédito, la cual ha venido implementando Finagro desde años atrás y en la que anualmente las cifras de distribución entre campesinos, grandes, medianos y pequeños productores, es similar a la que se presenta hoy. Lo que hizo el Gobierno ante la emergencia sanitaria, fue incluir un incremento al subsidio de los intereses y del porcentaje de garantías.
En este sentido una de las principales problemáticas ante este panorama es que, como lo afirmó Daniela Gómez, se están usando soluciones ordinarias para problemas extraordinarios. Esto manteniendo las mismas políticas que ya estaban creadas en el LEC, haciendo algunos cambios, pero sin evaluar a fondo los retos que implica la actual coyuntura causada por el COVID-19, en relación con las afectaciones que traerá esto al agro colombiano de manera diferenciada en los distintos productores y trabajadores.
Se deben focalizar los créditos
“Realmente dentro del agro van a haber sectores que se verán muy afectados por la crisis y otros que van a aumentar su demanda, por ejemplo, las arroceras, las productoras de maíz, las azucareras. Ante esto estamos implementando una solución ordinaria; no hay focalización en los sectores que están más afectados, más allá de que si es grande, mediana o pequeña empresa, porque si algo también es cierto, es que para el bienestar social del país es muy grave que se quiebren sectores grandes de los cuales dependen los empleos y los ingresos de muchas familias. Entregar créditos a la agroindustria no está mal, eso se tiene que hacer, pero se debe focalizar”, explicó Daniela Gómez.
Las empresas en donde más se concentró la entrega de dinero destinado para los créditos de Finagro son del gremio avícola, de harina de maíz y de alimento para animales, donde además se usa como insumo de producción el maíz duro amarillo, del que cual días antes que se aprobará la medida se decidió suspender los aranceles hasta el 30 de junio, tanto de este producto como del sorgo y soya, esto como lo explicaba el Gobierno, por el incremento de la tasa de cambio que está rondando los $4.000.
Por ley está prohibido que el Gobierno subsidie o impulse la importación, porque por lo que se tiene que velar es por el fortalecimiento del mercado propio, no por el extranjero, insistió la investigadora de Pares.
Darle créditos a empresas con solvencia económica, podría ser un indicio de que las empresas estarían pidiendo esos préstamos diciendo que es para operación, pero podría ser también que lo soliciten para la compra de grandes cantidades de estas materias primas sin aranceles, para almacenar, aumentar producción y luego importar mucho más barato, eso incentivaría la importación de productos sobre los que nosotros producimos.
A eso hay que aclarar que nosotros sólo producimos el 5% del maíz que consumimos, el 95% es importado. Así, podría ser que haya intereses, pero también puede ser que se haya dado como un incentivo natural dentro de la emergencia, dijo Gómez.
El dinero va a comercializar y transformar productos
De las veinte 20 empresas que recibieron los créditos más altos, hay solo tres que realmente producen dentro del sector del agro, el resto transforma y comercializa los productos resultantes de esas materias primas. De esta forma, dentro de ‘Colombia Agro Produce’ los créditos se quedan en empresas como Harina Pan, las moliendas de arroz, tiendas de café o empresas de transporte público, afectando la producción per se, la cual determina que los otros sectores puedan funcionar correctamente.
“Si no hay quién recoja el café, por ejemplo, esas transformadoras de café ¿a quién le van a comprar café? ¿Para qué se necesita tener dinero para transformar si los productores no van a tener cosecha? De esta forma, lo grave en este punto es que los créditos terminen en apoyos a la producción y no en la producción en sí misma”, agregó.
Ante este panorama, uno de los puntos que concluye Gómez Rivas es que aunque las decisiones que se tomaron son legales, no quiere decir que sean correctas. Esto partiendo de que, como se han hecho el llamado desde muchos sectores, el Gobierno en esta coyuntura debe priorizar sus esfuerzos, entendiendo que hay focos donde las acciones urgen más y éstas deben ser diferenciadas teniendo en cuenta los escenarios sociales, ambientales y económicos de las poblaciones.
Lo que anunció el Contralor son problemas estructurales que cruzan todo lo que está pasando. Por ejemplo, la bancarización en el sector campesino es muy baja. En las zonas rurales más dispersas no hay entidades bancarias, entonces, ¿qué hacen para solicitar un crédito?
Si tampoco están bancarizados, no tienen acceso a internet o a señal. ¿Cómo en estas circunstancias se pide que se pueda acceder a estos préstamos? Así que, aunque hay legalidad en las medidas, el Gobierno debe fortalecerlas enfocadas a las economías campesinas y a las pequeñas y medianas empresas, atendiendo a su vez a todas estas circunstancias”, concluyó Daniela Gómez Rivas.
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