Por: Juan Camilo Rodríguez Investigador Línea Conflicto, Paz y Posconflicto
La Casa Blanca entregó detalles sobre la nueva estrategia antinarcóticos que involucra a los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia en la lucha contra la oferta y demanda de drogas ilícitas. En esta, se plantearon algunos aspectos que se apartan de los pilares establecidos por la administración Trump.
La Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) estadounidense planteó la necesidad de implementar una estrategia holística que aborde las razones por las que las comunidades rurales, en Colombia, ven la necesidad de cultivar hoja de coca.
Para ello, en el caso del país, planteó nuevas medidas de éxito relacionadas con el aumento de servicios estatales, presencia institucional, ingresos para productores lícitos y erradicación de coca. Todo esto, según plantean, partiendo de monitorear y contrarrestar crímenes ambientales que tienen un impacto negativo en los ecosistemas colombianos y en la región amazónica.
En ese sentido, se establecieron tres pilares para la estrategia antinarcóticos Estados Unidos – Colombia:
El primero de ellos es más de lo mismo: reducción en la producción y suministro de drogas. Este esfuerzo “renovado” vincula la erradicación forzada, la destrucción de laboratorios, la incautación de sustancias ilícitas, la reducción en la demanda de drogas, esfuerzos contra el lavado de dinero y la judicialización de narcotraficantes.
Queda claro en este punto que, a pesar de que se plantea tener en cuenta los impactos ambientales, no hay una apuesta distinta a la continuación de la erradicación forzada y, más grave aún, no hay un rechazo a la posibilidad de que vuelva la aspersión aérea con glifosato.
Llama también la atención que, mientras el Gobierno gringo ahonda en expandir políticas públicas para consumidores en su territorio (tales como la mitigación del daño, la prevención basada en evidencia, el tratamiento y los servicios de apoyo para la recuperación), en Colombia el primer pilar de la estrategia sigue siendo la mano dura, que al final aumenta las brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad, victimiza a comunidades enteras y, para colmo, es ineficaz en el largo plazo en lo que se refiere a solucionar el problema de las drogas.
Cabe recordar que, a diferencia de lo afirmado por Naciones Unidas y el Gobierno Duque, la Casa Blanca concluyó que la cantidad de hectáreas con hoja de coca aumentó un 15% para 2020, llegando a 245.000 hectáreas.
En contraste, Estados Unidos coincidió con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en que el potencial de producción de cocaína aumentó un 10%. Ya sea por el aumento del número de hectáreas o por el crecimiento en la producción, lo cierto es que las medidas tomadas no han conseguido reducir la cantidad de coca que se produce en territorio colombiano.
Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés).
De esta gráfica se extrae que la estrategia mencionada no reduce, a largo plazo, ni la cantidad de hectáreas con cultivos de hoja de coca ni el potencial de producción que aumenta por la aparición de nuevas cepas de la planta.
Siendo así, el Gobierno Biden acierta en establecer los pilares dos y tres para la estrategia antinarcóticos, que se diferencian de lo establecido por su antecesor.
El segundo es el pilar denominado desarrollo y seguridad rural integral. En este se plantea consolidar el progreso rural mediante la implementación integral del Acuerdo de Paz y el robustecimiento de la inversión para el desarrollo rural, la seguridad ciudadana y el acceso a justicia. En este pilar se incluye la protección de líderes y lideresas comunitarias, la reducción de la dependencia de la coca para familias campesinas, la formalización de tierras y el cambio en las medidas de éxito para este componente.
Es claro que el Gobierno Biden reconoce la importancia de profundizar en la implementación de los puntos del Acuerdo para la terminación del conflicto, pero esto también requiere considerar las capacidades diferenciales que tiene el Estado colombiano para ejecutar proyectos en las regiones del país, así como contemplar la poca voluntad política y los intereses ocultos en temas tan esquivos como la Reforma Rural Integral.
Por último, el tercer pilar es el de protección ambiental (quizás el más alejado de la administración Trump). A través de este se propone asistir al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por monitorear y contrarrestar los impactos y crímenes ambientales derivados del narcotráfico.
Según el comunicado, esto se lograría a través de intervenciones adicionales para restaurar las selvas tropicales, eliminar los campos de cultivos de coca y los paraísos para los laboratorios de cocaína, fortalecer el Estado para evitar territorios-santuario para los grupos armados ilegales y generar oportunidades para avanzar en los objetivos de cambio climático en la región amazónica.
Llama la atención que se plantee la protección ambiental de esta forma. En primer lugar, porque, por supuesto, los cultivos de hoja de coca son monocultivos que profundizan la deforestación y afectan la biodiversidad, pero su eliminación tiene que ser consecuente con reducir el problema y no aumentarlo, como ocurre con la erradicación forzada manual —que incita a los cultivadores a cortar más selva— o con la aérea —que genera daños a la salud humana y contribuye a la contaminación de cuerpos hídricos.
En segundo lugar, porque no hay una relación muy clara entre la protección ambiental y la destrucción de laboratorios de cocaína o, incluso, entre la eliminación de territorios-santuario y la protección ambiental. Esta idea ignora la complejidad de la relación entre conflicto y medio ambiente, pues, por ejemplo, hay evidencia de que, en algunos casos, las extintas FARC-EP prohibieron la deforestación de las selvas en tanto les servían de refugio ante el despliegue militar. Lo anterior trajo, como efecto colateral, la conservación de muchos ecosistemas ahora amenazados.
Hay muchos factores que deben ser resueltos en este pilar para que efectivamente se mitiguen los impactos del narcotráfico —y del conflicto armado y del posconflicto— en los ecosistemas colombianos, que, entre otras cosas, abarcan una mayor extensión que la región amazónica.
En conclusión, lo nuevo en la última estrategia gringa contra la coca es más de lo mismo: tratar los problemas de manera holística y humana en el Norte Global, e implementar soluciones descontextualizadas en el Sur. Soluciones que ignoran la realidad de las comunidades más vulnerables —el eslabón más débil en la cadena del narcotráfico— y la complejidad del problema, por lo que terminan siendo inefectivas y profundizan la brecha de desigualdad en los campos colombianos.
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