Por: Katerin Erazo, Periodista
Este 28 de agosto en horas de la noche, Colombia alcanzó un hito crucial en la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia ambiental con la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional. Este tratado, adoptado originalmente el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, representa un compromiso sin precedentes para América Latina y el Caribe, orientado a garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
La decisión del alto tribunal, tomada de forma unánime, no solo avala la constitucionalidad del acuerdo, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia de la gobernanza ambiental en Colombia.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez, encargado de la ponencia, subrayó que este fallo marca un avance significativo en la consolidación de la democracia ambiental en Colombia. Según lo informado por la Corte Constitucional, la Sala Plena verificó que tanto la fase gubernamental previa como el proceso legislativo que condujo a la aprobación del Acuerdo de Escazú cumplían con todos los requisitos constitucionales y legales establecidos. En particular, la Corte determinó que no era necesario agotar la consulta previa durante el trámite legislativo, dado que el acuerdo no contiene disposiciones que afecten directamente a las comunidades étnicamente diferenciadas.
Además, la Corte declaró exequible la Ley 2273 de 2022, con la cual el Congreso de la República había adoptado formalmente el tratado. Este paso era fundamental para garantizar que las disposiciones del Acuerdo de Escazú fueran coherentes con los principios y normas establecidas en la Constitución Política de Colombia.
El Acuerdo de Escazú se erige como un instrumento esencial para promover la transparencia, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales en la región. Los llamados "pisos mínimos" que establece el acuerdo tienen como objetivo crear un marco común de estándares que fortalezcan la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Estos pisos mínimos se dividen en cuatro grandes grupos: el fortalecimiento del acceso a la información, la ampliación de la participación ciudadana, la mejora de la justicia ambiental y la protección especial para los defensores del medio ambiente.
La importancia de estos elementos no puede subestimarse en un país como Colombia, donde los defensores ambientales han enfrentado una violencia persistente. Según el informe Global Witness publicado en 2023, Colombia registró 60 asesinatos de defensores ambientales, la cifra más alta del mundo. En este contexto, la ratificación del Acuerdo de Escazú es vista como una medida esencial para garantizar un entorno seguro para quienes luchan por la protección de la naturaleza.
Uno de los aspectos más destacados del Acuerdo de Escazú es su enfoque en la protección de los defensores ambientales. En un país donde estos líderes han sido objeto de amenazas y violencia, el acuerdo establece mecanismos específicos para garantizar su seguridad. Este compromiso es vital no solo para salvaguardar la vida de los defensores, sino también para fomentar un ambiente en el que la ciudadanía pueda participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, destacó la importancia de este aspecto al afirmar que "con la ratificación del Acuerdo de Escazú damos un paso histórico en Colombia hacia la protección de quienes defienden la naturaleza y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales". La ministra también señaló que el gobierno ya ha comenzado a trabajar en la implementación del acuerdo, con la creación de una Comisión Interinstitucional y el programa "Alerta por mi ambiente", que busca mejorar la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en todo el país.
Aunque la ratificación del Acuerdo de Escazú representa un logro significativo, la verdadera prueba radica en su implementación efectiva en todo el territorio colombiano. La experiencia ha demostrado que la adopción de leyes y tratados no garantiza su aplicación adecuada, especialmente en regiones donde los defensores ambientales enfrentan riesgos mayores.
El Ministerio de Ambiente, consciente de estos desafíos, ha comenzado a desarrollar un Sistema Nacional de Control Social Ambiental y un Protocolo de Reacción ante situaciones de riesgo para defensores ambientales. Estos esfuerzos son fundamentales para asegurar que los compromisos asumidos por el país se traduzcan en acciones concretas que beneficien a las comunidades y protejan a quienes están en la primera línea de la defensa del medio ambiente.
La ratificación del Acuerdo de Escazú posiciona a Colombia como un líder regional en la protección ambiental y la participación ciudadana. Este tratado no solo refuerza el marco legal para la protección del medio ambiente, sino que también establece un entorno seguro para los defensores de la naturaleza. En un país donde la violencia contra estos líderes ha sido una constante preocupación, el Acuerdo de Escazú emerge como una herramienta crucial para mitigar esta situación.
El presidente Gustavo Petro, consciente de la importancia de este avance, celebró la ratificación del acuerdo en su cuenta de Twitter, afirmando: "Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia. Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida". Sus palabras reflejan el compromiso del gobierno en la protección del medio ambiente y en la promoción de una democracia más inclusiva y participativa.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es también una victoria para las organizaciones de la sociedad civil, que han trabajado incansablemente para que este tratado se convierta en una realidad. La Alianza por el Acuerdo de Escazú, que reúne a diversas organizaciones y líderes ambientales, celebró la decisión de la Corte Constitucional y reiteró su compromiso de impulsar y vigilar la correcta implementación del tratado.
A medida que Colombia avanza en la implementación del Acuerdo de Escazú, es fundamental que todos los sectores de la sociedad se involucren en este proceso. La ratificación del tratado es solo el primer paso en un largo camino hacia la consolidación de una democracia ambiental robusta y participativa. El éxito del Acuerdo de Escazú dependerá en gran medida de la voluntad política, la cooperación entre las instituciones y la participación activa de la ciudadanía.
En un momento en que la crisis climática exige respuestas urgentes y decididas, el Acuerdo de Escazú ofrece una hoja de ruta clara para fortalecer la protección del medio ambiente y garantizar la justicia ambiental en Colombia y en toda la región. La tarea que queda por delante es inmensa, pero con el compromiso y la determinación de todos los actores involucrados, es posible construir un futuro más sostenible y equitativo para las generaciones presentes y futuras.
Con este fallo, Colombia se posiciona como un líder regional en la defensa de los derechos ambientales, y su compromiso con la implementación del Acuerdo de Escazú será fundamental para enfrentar los desafíos que plantea la crisis climática. La sociedad colombiana, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno tienen ahora la responsabilidad de trabajar juntos para garantizar que este acuerdo se convierta en una realidad tangible que beneficie a todas y todos los colombianos y proteja el invaluable patrimonio natural del país.
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