Por: Esteban Salazar Giraldo, Coordinador
Línea Democracia y Gobernabilidad
Días aciagos se viven en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, a raíz de las filtraciones y escándalos derivados de las interceptaciones ilegales e irregularidades en las investigaciones relacionadas con la señora Marelbys Meza por el presunto robo de dineros pertenecientes a Laura Sarabia, hasta hace poco jefe de gabinete de la Presidencia de la República.
Lo que, a su vez, develó una disputa de Sarabia con Benedetti mediante audios y explosivas declaraciones del excongresista y exembajador de Colombia en Venezuela, en las que se revelaron diversos hechos cuestionables relacionados con la financiación de la campaña Petro-Márquez 2022, el tejemaneje político de la burocracia en el Gobierno Nacional, los procesos judiciales de Benedetti, los presuntos malos manejos del Ministerio del Interior y del Congreso, así como las estrategias para intervenir en las elecciones locales de 2023.
En suma, todos estos escándalos se pueden congregar en dos líneas de análisis: una a nivel judicial y otra a nivel político. A continuación, una aproximación de lo que se viene para este escándalo.
Las posibles líneas de investigación judicial
Para el caso que desató todo el escándalo, relacionado con las interceptaciones a la exniñera Marelbys Meza y el presunto hurto del dinero de Sarabia, es competencia de la Fiscalía General de la Nación (FGN) realizar las investigaciones para esclarecer los responsables de estos hechos. Sin embargo, en el caso en que haya alguna conducta irregular por parte de funcionarios de la Fiscalía o de la policía judicial en relación con la solicitud de las interceptaciones, será función de la Procuraduría General de la Nación (PGN) determinar su responsabilidad disciplinaria.
A pesar de lo anterior, Sarabia, al ser funcionaria pública, también deberá también responder ante la PGN y/o FGN si existió abuso de poder o extralimitación en sus funciones, respectivamente.
Ahora bien, en el caso de los audios y revelaciones de Benedetti, las investigaciones tienen tres rutas diferentes:
Por un lado, Benedetti señaló al exministro del Interior Alfonso Prada y su esposa, así como al expresidente del Congreso, Roy Barreras, de presuntos robos en ambas entidades, razón por la cual, en el caso de Prada, deberá ser investigado por la FGN y la PGN, y, en el caso de Barreras, al tratarse de un aforado, es competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) esclarecer estos hechos.
No obstante, hay que aclarar que, ante estas acusaciones, el exministro Prada ya se adelantó denunciando ante la Fiscalía a Benedetti por injuria y calumnia, con total razón, toda vez que Benedetti no ha aportado información adicional sobre estos audios filtrados.
La segunda línea de investigación está relacionada directamente con Benedetti, en la que se debe revisar el avance e injerencia de sus procesos ante la CSJ, así como sus relaciones con propietarios de aviones privados que se los han prestado para sus viajes personales en ejercicio de su dignidad como embajador y si hubo algún tipo de intereses de por medio. Una investigación que le corresponde a la CSJ.
La tercera línea de investigación está relacionada con las declaraciones de Benedetti sobre las fuentes y montos de financiación de la campaña de Petro-Márquez 2022 en la Costa Atlántica. A pesar de que también hace parte de investigaciones de carácter judicial, quien cuenta con la competencia para indagar sobre estos hechos es el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual deberá llamar a Sarabia, Benedetti y al gerente de campaña –y actual presidente de Ecopetrol–, Ricardo Roa, a rendir cuentas sobre estos hechos.
Todas estas líneas de investigación se podrán realizar por competencia e iniciativa propia de la CSJ –para el caso de aforados–, la FGN, la PGN y el CNE, o por denuncia interpuesta. Sin embargo, se debe advertir que en este tipo de circunstancias mucho daño le ha hecho al país el proceso de escogencia de los directores de estas tres últimas entidades, en las cuales hay una injerencia política, bien sea del presidente o del Congreso. Un hecho que afecta el equilibrio de poderes, la independencia y la legitimidad de estas instituciones que, actualmente, específicamente para el caso de la FGN y la PGN, sus directores han politizado sus funciones y compiten por convertirse en líderes de la oposición al presidente Gustavo Petro, más allá de cumplir sus deberes institucionales de forma independiente, lo cual genera preocupaciones sobre las garantías procesales.
Todo lo anterior sin contar que, hasta el momento, lo único que existen son declaraciones de parte de Benedetti y filtraciones que hicieron por parte de medios de comunicación, sobre los cuales no reposa el suficiente respaldo probatorio para las acusaciones realizadas.
Las responsabilidades políticas
Si bien se han planteado al menos 12 líneas de investigación judiciales, disciplinarias y electorales hasta este punto, existen también responsabilidades políticas que tienen fuertes impactos en la gobernabilidad, la legitimidad y la estabilidad institucional.
En el caso del presidente Gustavo Petro, a quien hasta el momento no se le han sindicado ningún tipo de responsabilidades dentro de los hechos, o pruebas que lo vinculen, se podría enfrentar a una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de llevar a cabo los procesos en contra de aforados constitucionales. No obstante, para que se recolecte el suficiente material probatorio, se deben surtir primero los procesos de investigación, especialmente en el CNE, sobre la financiación de su campaña política y posteriormente recolectar material probatorio que lo vincule a él y que determine si tiene alguna responsabilidad o no. Un caso que no ha prosperado contra ningún presidente en la historia del país.
Aunado a lo anterior, sobre los costos políticos, Petro tuvo que asumirlos con la salida de su mano derecha –Sarabia– para poder garantizar que no hiciera uso de su cargo y poder para interferir en las investigaciones que se han planteado hasta ahora. Aunado a la crisis de gobernabilidad que vive en su gabinete luego del remezón en el que cambió la mitad de sus ministros y ministras.
Todo lo anterior sin contar el alto costo político que tiene dentro de su coalición de Gobierno en el Congreso, con un futuro cada vez más incierto sobre el trámite y aprobación del paquete de reformas del cambio, específicamente las reformas de salud, empleo y pensional, las cuales se han venido debilitando en el legislativo, a pesar de que, según recientes declaraciones del senador Alexander López, aún contarían con las mayorías suficientes para pasarlas todas con algunos puntos de concertación.
Lo que se viene
Cada uno de los procesos que se podrían adelantar podrían tomar no menos de meses o años, con lo cual, la celeridad en estos dependerá más del interés político –y politizado– del fiscal general Francisco Barbosa o de la procuradora Margarita Cabello, que por proteger el interés general.
Adicionalmente, esta situación de ingobernabilidad puede generar impactos importantes en los resultados de las elecciones locales de 2023, en las que cada vez el presidente pierde más popularidad en las encuestas, pasando del 50% en noviembre del 2022 al 33,8% en las más recientes encuestas de Invamer.
Al final, eso sí, solamente una cosa es cierta: el presidente Petro sabe que ha pasado de ser el primer gobierno de izquierda a, tal vez, el único nuevamente en años; por esta razón, su objetivo será el de rodearse cada vez más de copartidarios de antaño, aliados de la izquierda y centroizquierda, así como de apelar a la radicalización democrática: sacando a la ciudadanía a las calles a defender las reformas del cambio e intentar recuperar el rumbo en los poco más de tres años que le restan de gobierno, con las limitaciones de su coalición pero la maniobrabilidad que le queda desde el Ejecutivo.