Ranchería: un río que ahora es sujeto de Derechos

Por: Isabela Puyana

Comunidad Coushalapu, a pocos metros del arroyo Bruno, afectada por las desviaciones de su cauce. Fotos de Isabela Puyana

“Si no protegemos el agua puede llegar la minería, cualquier otro agente externo, o el mismo gobierno, a impactar el río Ranchería. Queremos que las comunidades se empoderen para cuidarlo, protegerlo y conservarlo”: Martha Peralta Epieyú

El pasado 8 de agosto se promulgó la Ley 2415 de 2024, por medio de la cual se reconoce al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos. El proyecto legislativo que dio origen a la norma indica que este río tiene relación directa con más del 22 % de la población de La Guajira. Desde su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, en sus 248 kilómetros de recorrido el Ranchería pasa por ocho municipios.

Este río y sus afluentes han sufrido impactos históricos con la extracción de carbón en la mina a cielo abierto más grande del mundo: el Cerrejón. De igual forma, las comunidades y poblaciones que habitan sus márgenes han padecido afectaciones socioambientales, culturales y económicas como consecuencia de la actividad minera.

Tal es el caso del arroyo Bruno, desviado en la zona alta de la serranía del Perijá, dentro de la Reserva Forestal Montes de Oca (La Guajira), en el que recorría cerca de 21 kilómetros y desembocaba en el río Ranchería, la principal fuente hídrica del departamento.

Históricamente, el arroyo Bruno no solo ha sido una fuente de agua y de bienestar cultural y espiritual para las comunidades Wayuù que habitan en la zona, sino también era considerado un corredor biológico. Este fue desviado por el Cerrejón acentuando la desnutrición de los niños en la zona, se menciona en el Espectador en el artīculo ​​ ¿Y si hablamos de Bruno, el arroyo que desvió Cerrejón en La Guajira?

“La Guajira es un departamento en el que han muerto más de 5 mil niños de hambre y sed en la última década, sin contar los subregistros, pero es el mismo departamento donde está la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica operando hace 45 años, la empresa Carbones del Cerrejón”, Asegura Rosa Mateus, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo

Es por esto que El proyecto de ley tiene el propósito de: “garantizar su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente”.

Comunidad Coushalapu, a pocos metros del arroyo Bruno, afectada por las desviaciones de su cauce. Fotos de Isabela Puyana

Para que esto sea posible, la ley propone la creación de un “cuerpo colegiado”, es decir, un espacio de discusión y decisión integrado por representantes de diferentes comunidades que viven a lo largo del territorio. Por cada comunidad que habite la cuenca, habrá dos representantes en el grupo de guardianes del río. Y aunque la participación de la comunidad es central, se ha señalado la falta de garantías para que la elección de estos representantes sea realmente beneficiosa para las comunidades como lo mencionó Freddy Ordoñez Gómez, Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias para ILSA:

“Preocupa la falta en el articulado de definiciones frente a la forma en que se apoyará desde la institucionalidad los procesos de elección de las representaciones poblacionales y las garantías para que estas representaciones puedan cumplir su papel en la Comisión de Guardianes, ya que son quienes de una forma más clara y decidida pueden posicionar acciones y estrategias que hagan frente a la principal problemática que tienen el río y las comunidades: la explotación de carbón dentro de las dinámicas y la forma de producción propias del sistema económico dominante. En esta misma línea, se debió en la norma incorporar una construcción discursiva de los ecosistemas —en este caso, el río Ranchería— como sujetos de derechos que dificulte el uso y dominación de esta novedosa estipulación legal en el país a sectores políticos y empresariales que propugnan por una naturaleza sometida y al servicio del modelo económico hegemónico”.

Martha Peralta Epiayuu, congresista del Pacto Histórico, que durante meses impulsó la ley en el Congreso afirmó que la  sanción presidencial  hoy muestra una iniciativa para que sea ley de la República: “puesto que en la Guajira nosotros hemos sufrido históricamente por el agua, pero además, descontaminar el río nos va a permitir que no haya más desviaciones de ríos, de arroyos, de riachuelos en el departamento de La Guajira por causas asociadas a la a la minería y por las mismas represas que no nos benefician”

Según Freddy Ordóñez Con la Ley 2415 de 2024 se inicia el reconocimiento legal de ríos como sujetos de derechos en el país, siendo un cambio en el abordaje de lo ambiental y de la naturaleza en la legislación que se puede llegar a sumar a las rupturas recientes que desde nuestra América se han dado con el derecho ambiental mayoritario, en perspectiva contrahegemónica.