Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
El martes 23 de octubre de 2018 se cumplió el plazo de 10 días que le otorgó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a 31 exguerrilleros para que hicieran efectiva entrega de un informe detallado de sus actividades de reincorporación para reafirmar su compromiso con el proceso de paz. Esta solicitud de información se dio en el marco del caso 001, relacionado con secuestros perpetrados por la antigua guerrilla de las FARC-EP.
La JEP recibió 18 informes de exjefes guerrilleros y 9 solicitudes de prórroga. Es decir, un total de 27. Sobresale que se recibió el informe de Iván Márquez a la JEP por medio de un abogado, quién apareció con este acto de voluntad sobre lo acordado en respuesta a las incertidumbres sembradas por los meses de ausencia.
Sumado a Iván Márquez se encuentran los nombres de Henry Castellanos (‘Romaña’), Rodrigo Echeverri Londoño (alias ‘Timochenko’), Luis Albán, Julián Gallo (‘Carlos Lozada’), José Benito Cabrera y Seuxis Paucías Hernández (‘Santrich’). Hubo cuatro exguerrilleros de los que no hubo razón, entre ellos, alias ‘El Paisa’.
La información que ha sido entregada por la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Fundación País Libre, contiene investigaciones judiciales, recopilación de prensa, cuadros estadísticos y demás insumos en lo referente al caso 001, que llega a manos del Secretariado, al Estado Mayor Central y a los abogados.
¿Quiénes son los llamados a comparecer por el Caso 001 ante la JEP?
Los 31 dirigentes de la Farc que debían enviar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad son: Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Pablo Catatumbo; Torres Victoria; Julián Gallo Cubillos; Luis Alberto Albán Urbano; Luciano Marín, ‘Iván Márquez’; Seuxis Paucias Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich’; Rodrigo Granda Escobar; Orlay Jurado Palomino; Abelardo Caicedo Colorado; Jesús Mario Arenas Rojas; Jaime Alberto Parra Rodríguez; Milton de Jesús Toncel Redondo; Rodolfo Restrepo Ruiz; Juan Emilio Cabrera Díaz; Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’; Edgar López Gómez; Juan Carlos Ramírez; Jaime Bustos Aldana; Jairo González Mora; Jesús Emilio Carvajalino Carvajalino; José Benito Cabrera; Guillermo Enrique Torres Cuelter (o Cuéllar); José Aldinever Sierra Sabogal; Erasmo Traslaviña Benavides; Floresmiro Burbano; Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, ‘El Paisa’; Luis Óscar Úsuga Restrepo; Martín Cruz Vega, José Vicente Lesmes y Luis Ernesto Medina Ávila.
¿Por qué se solicita la prorroga?
Los 9 integrantes del partido FARC que pidieron una prorroga a la JEP han argumentado la imposibilidad de esta solicitud, debido a que no hay un cumplimiento sobre el funcionamiento pleno del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (Saad).
Este sistema se radicó en el decreto número 1166 del 11 de julio de 2018 en el cual, con base en el punto 5 del Acuerdo Final, Y dispone que ante el SVJRNR las personas podrán ejercer su derecho a la defensa, según lo escojan de manera individual o de forma colectiva. El SAAD promoverá el respeto a la seguridad jurídica, individual y colectiva de todas las personas comparecientes ante el SVJRNR.
En el decreto también se establece que los distintos componentes y medidas del Sistema Integral están interconectados a través de mecanismos, garantías y requisitos para acceder y mantener los tratamientos especiales de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Justamente, de mantenerse la ausencia de los informes solicitados por la Sala de Reconocimiento, la misma decidirá si se abre o no un incidente de incumplimiento en el cual se determine en que radicó el incumplimiento de una parte del régimen de condicionalidad. Se busca, entonces, que los comparecientes presenten su contribución a la verdad.
¿Qué establece la JEP sobre los incumplimientos?
La Jurisdicción Especial para la Paz establece sanciones que van hasta la exclusión del sistema, lo que determinaría el paso a la justicia ordinaria. En el caso 001 si salen del modelo de justicia especial, pasarían de ser culpables a una pena de entre 28 y 40 años (como se consagra el delito de secuestro en Colombia).
¿Qué dice el Gobierno Nacional?
El presidente Iván Duque Márquez se refirió al tema pidiéndole ‘disciplina’ la JEP con lo que respecta a los casos de los excombatientes que no comparezcan ante dicha Jurisdicción. El mandatario, desde Bruselas, enfatizó que “si la JEP llega a enterarse de que estas personas siguen cometiendo hechos criminales que los expulsen y que la justicia ordinaria los juzgue”.
Por su parte, Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, aseguró que el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila Peñalosa, confirmó que se desembolsaron recursos suficientes para la contratación de los abogados de los excombatientes. Puntualmente, se pusieron a disposición 2,500 millones que, según Miguel Ceballos, van para la contratación de 7 abogados, así como también para la reparación a las víctimas y la ayuda psicosocial.
¿Cómo están las condiciones territoriales para la Reincorporación según la Misión de las Naciones Unidas?
El último informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas de Colombia —4 de octubre de 2018— determinó que existen riesgos enormes en el proceso de reincorporación que han generado que varios excombatientes hayan abandonado los espacios de reincorporación. Las razones, según el informe, son por la preocupación sobre la seguridad física y jurídica dejando los espacios donde se están reincorporando aproximadamente 1.500 excombatientes.
En el informe se resalta la importancia del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa y que este cuente con recursos y el personal necesario para desempeñar sus responsabilidades en el marco de la provisión de garantías jurídicas y la reincorporación. Se debe, en este sentido, priorizar los tiempos y focalizar los fondos para este sistema para que se dote al mismo de alrededor de 30 abogados en los próximos meses.
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