Por: Katerin Erazo, Periodista
El fenómeno del reclutamiento de menores de edad en Colombia ha tomado un giro alarmante en las últimas décadas, especialmente en regiones rurales y urbanas donde la presencia estatal es mínima.
Las estrategias de captación y convencimiento utilizadas por grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros actores criminales, van más allá de la mera propaganda: son tácticas diseñadas para aprovechar la vulnerabilidad de niños y adolescentes que, en ausencia de oportunidades de desarrollo, se convierten en objetivos fáciles para organizaciones que prometen "salidas" a su situación de pobreza.
En el Bajo Putumayo, el frente Carolina Ramírez, una de las facciones disidentes más activas de las FARC, ha intensificado sus esfuerzos de reclutamiento con una oferta tentadora para los menores: dos millones de pesos, una motocicleta y un fusil. De esta manera, intentan captar a jóvenes y adolescentes, invitándolos a sumarse a sus filas en una supuesta misión de defensa de una "idea política de la revolución".
Las denuncias de los habitantes locales apuntan a que los reclutadores han llegado incluso a las escuelas de la región, entregando panfletos y propaganda directamente a los estudiantes, con el objetivo de sembrar ideas revolucionarias y fomentar un sentido de pertenencia a su causa.
Esta situación no es exclusiva de Putumayo; en por lo menos siete departamentos de Colombia se han reportado casos similares de reclutamiento en los últimos meses. Entre ellos destacan Tibú, La Gabarra y Sardinata en Norte de Santander; Yarumal y Campamento en Antioquia, así como municipios en el departamento de Huila. En estos territorios, el Estado Mayor Central (EMC) ha implementado una estrategia similar para captar menores, ofreciendo la posibilidad de "escapar de la pobreza" a través del ingreso a sus filas, una promesa atractiva en medio de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven estos jóvenes.
La Defensoría del Pueblo ha registrado un incremento de casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país, alcanzando un total de 282 casos reportados entre el 1° de enero y el 5 de noviembre de este año, de los cuales el 50 % corresponde a población indígena.
Estas cifras revelan un fenómeno complejo y multifacético: en muchas zonas, el reclutamiento no solo es una práctica de convencimiento directo, sino que también se basa en la utilización de redes sociales, donde grupos como el Clan del Golfo han desplegado una estrategia digital dirigida a jóvenes, promoviendo imágenes de poder, dinero y estilo de vida para hacer de su estructura una opción deseable.
En el sur de Bolívar, el Clan del Golfo ha dirigido su esfuerzo hacia los adolescentes a través de videos en redes sociales, en los cuales muestran armas, motos y fajos de billetes para atraer la atención de menores. Esta estrategia ha sido reforzada con kits escolares que incluyen imágenes de comandantes guerrilleros, convirtiendo estos recursos en anzuelo para que los jóvenes desarrollen una afinidad hacia estas organizaciones. La naturaleza de estos mensajes no solo tiene un impacto psicológico, sino que genera una percepción de éxito económico y poder que los menores no encuentran en sus comunidades, caracterizadas por la pobreza y la falta de oportunidades laborales y educativas.
El departamento de Cauca encabeza las cifras de reclutamiento con 202 casos (72 % del total nacional). Las comunidades indígenas en esta región son de las más afectadas debido a la presencia de facciones disidentes de las FARC, lideradas por figuras como “Iván Mordisco”, quienes han consolidado su control territorial.
Esta situación ha llevado a un estado de vulnerabilidad para los menores, quienes ven en la afiliación a estos grupos una opción de supervivencia en un contexto donde la violencia es cotidiana y las alternativas pacíficas escasean.
En medio de este panorama, el gobierno de Gustavo Petro ha iniciado un esfuerzo por establecer mesas de diálogo con diferentes grupos armados, con el fin de abrir espacios de paz y reducir la violencia en el país. Sin embargo, el reclutamiento de menores sigue siendo un tema que no se ha abordado de forma específica y profunda en estos diálogos.
Hasta la fecha, el proceso de negociación con el ELN ha sido el único en incluir el tema de la participación infantil en sus ciclos de paz, abriendo una pequeña puerta para la protección de los menores en zonas afectadas por el conflicto. No obstante, en otras mesas, como la de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, el tema del reclutamiento forzado ha sido prácticamente ignorado, lo que deja a los menores de edad en una situación de riesgo continuo.
Para algunos sectores, la falta de consenso sobre la desvinculación de menores representa un retroceso en los esfuerzos de paz del país. Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señala la importancia de ver a los niños y niñas como víctimas del conflicto y no como agentes de guerra. Desde el ICBF se reconoce la necesidad de llegar a las regiones más afectadas, pero también se enfrentan con barreras en algunos sectores, donde los grupos armados restringen el acceso de las autoridades y dificultan las labores de protección de menores.
La discusión sobre el límite de edad para el ingreso de menores a grupos armados en Colombia ha sido un tema recurrente, especialmente a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que prohíbe el reclutamiento de niños menores de 15 años. A pesar de esta normativa, grupos armados como el ELN argumentan que el ingreso de adolescentes de 16 años es "voluntario" y una "decisión propia", lo cual plantea un desafío para las autoridades encargadas de proteger a estos jóvenes y evitar su involucramiento en actividades armadas.
El abandono estatal y la falta de desarrollo en las regiones más afectadas son elementos que contribuyen a la perpetuación de esta problemática. Sin oportunidades reales de educación, empleo y crecimiento personal, los menores encuentran en el alistamiento armado una salida a la pobreza y a la falta de perspectivas en sus comunidades. En algunas zonas como Buenaventura, Valle de Aburrá y Chocó, los niños y adolescentes participan en las actividades de estos grupos, trabajando como "campaneros" o vigías a cambio de pequeñas sumas de dinero, integrándose en una estructura que, aunque peligrosa, les otorga cierta estabilidad económica que no encuentran en sus hogares.
El panorama para los menores reclutados por grupos armados en Colombia continúa siendo desalentador. Aunque existen algunos avances en los diálogos de paz, aún queda mucho camino por recorrer para lograr una protección efectiva y una desvinculación real de los menores involucrados. En caso de que alguna de las negociaciones logre resultados tangibles, el desafío será crear políticas de reintegración y apoyo a estos niños y adolescentes, garantizando que puedan retomar sus vidas y evitar que sean revictimizados en el proceso.