Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El presidente Gustavo Petro es un político avezado, sabe cómo dejar instalada en la agenda pública asuntos controversiales de interés para el Gobierno y la sociedad. El miércoles 23 de agosto, en la entrega de tierras de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a campesinos -en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba-, anunció que propondría al país, muy pronto, una ley de reconciliación nacional.
Este anuncio -como pasa casi siempre con sus propuestas- ha provocado una discusión de gran calado en el ámbito nacional. Su idea consiste en entregar al Congreso, para su debate y aprobación, una norma que permita al país avanzar en el perdón y la superación colectiva de enemistades. Una ley que, de una vez por todas, ayude a enfrentar las múltiples conflictividades que tenemos como sociedad y trabajar en la reparación de toda clase de víctimas.
Esta es una idea atrevida que, aunque aún no está escrita y articulada, de llevarse a cabo, le permitiría a Petro atender, por lo menos, tres frentes de trabajo: primero, avanzaría en el cumplimiento de las promesas hechas en campaña; segundo, atendería el vacío jurídico que podría abrirse en torno a la su política de paz si se rechaza la Ley de Paz Total; y, tercero, aumentaría su vigencia y presencia en la esfera pública.
Comencemos por el primer frente. Hace más de un año, Gustavo Petro realizó varias promesas en campaña que fueron ratificadas en su discurso de posesión el 07 de agosto de 2023. Una de ellas fue el cumplimiento a rajatabla de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y como podemos recordar, allí estaba la necesidad de la estructuración de una norma que permita la creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación.
Además, en el ideario del Gobierno está la necesidad de buscar la reconciliación de todas y todos los colombianos. Un gran pacto colectivo que incluya tanto a los tradicionales actores armados políticos, como las guerrillas o los grupos armados, como también a todas aquellas personas y agrupaciones que hayan cometido ilicitudes, a los corruptos de Odebrecht o los narcotraficantes del Clan del Golfo.
Según el presidente, todos estos actores tienen responsabilidades directas e indirectas en la situación de violencia que vive el país. Todos ellos han incidido negativamente en el desarrollo y progreso del país. Por eso, es con ellos que se debe hacer pactos y realizar negociaciones -que lleve a amnistías o indultos, por ejemplo- para lograr dejar atrás las múltiples conflictividades violentas -políticas, económicas, culturales-.
En breve, Petro llegó a la Presidencia hace un año con la idea de que una de sus tareas prioritarias era avanzar en la reconciliación nacional. En proponer al país un pacto colectivo que le permitiera reducir disputas y delinear los senderos para salir de círculos viciosos que no dejan avanzar al país. Un acuerdo social que avance en el respeto de la Constitución, en que se reconozca a las víctimas y en que aporte a la verdad, la justicia y la reparación.
El segundo frente de trabajo que lograría atender el Gobierno con esta propuesta es mitigar el riesgo que se provocaría si la Corte Constitucional niega la constitucionalidad de la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total. El Gobierno está previendo un vacío jurídico, de allí que debe avanzar en buscar construir un plan B, con el que logre anticiparse y enfrentar una posible negativa de esta norma por parte del tribunal supremo.
Desde noviembre el Gobierno ha logrado avanzar en las negociaciones tanto con el ELN como con los otros grupos armados usando la norma conocida como de Paz Total. El cuestionamiento de esta norma dejaría en el limbo jurídico dichos avances. Por eso, el Gobierno desea, mientras la Corte da respuesta, avanzar en la construcción de herramientas legales que le permitan continuar con los diálogos de paz.
Además, una ley de reconciliación nacional tendría la virtud de ser más general y amplia que la Ley de Paz Total. Lo que le posibilitará, por un lado, atender el clásico tema de la seguridad nacional; y, por el otro, avanzar en el tema de sometimiento a la justicia -propuesta que también está en riesgo y con ella el componente de paz urbana-.
Incluso, de presentarse y aprobarse una ley de reconciliación, el gobierno Petro dejaría sentadas las bases para la desmovilización armada y la reincorporación de grupos armados con carácter político, como el ELN. La normatividad actual impide que delitos como el narcotráfico y el secuestro sean amnistiables.
Finalmente, el tercer frente de trabajo que lograría atender Petro con esta propuesta de reconciliación es aumentar su presencia y vigencia en la esfera pública. Como hemos visto en este primer año, para el presidente ha resultado rentable políticamente lanzar propuestas, aunque ellas sean controversiales. Con sus discursos Petro ha logrado generar debate y con ello permanecer vigente en el campo político.
En esta lógica, la propuesta ¡reconciliémonos! tiene la virtud para Petro de mantenerlo vigente en la esfera pública. Le permite de nuevo poner en la agenda temas de interés colectivo y a la vez enfrentar a la oposición. Como ávido político, sabe cómo picarles la lengua a los adversarios y generar controversias, y con ello ganarse espacios en el mundo de lo público.
De acuerdo con lo anterior, la propuesta de presentar una ley de reconciliación nacional le está permitiendo a Petro atender varios frentes de trabajo: lo pone como un gobernante serio y cumplidor de sus promesas; como estratega que sabe hacerle frente a las adversidades y seguir adelante con sus iniciativas; y como un adversario político siempre presente en la esfera pública.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.