Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: Radio Nacional y Sindesena
El lunes 22 de enero, el presidente Gustavo Petro emitió una respuesta contundente ante una carta firmada por un grupo de 18 exministros y exviceministros de salud. Estos exfuncionarios expresaron sus inquietudes y críticas específicas en relación con la polémica Reforma a la Salud liderada por el Gobierno Nacional, la cual ha enfrentado intensos debates en el Congreso de la República.
El origen de este conflicto se dio a conocer cuando el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, compartió la carta a través de sus redes sociales, detallando las preocupaciones y argumentos de los firmantes. Entre los exfuncionarios que suscribieron el documento se encuentran Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Diego Palacio, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz, y otros destacados nombres en la esfera de la salud pública colombiana.
La misiva, según el exministro Gaviria, señala que Colombia podría encaminarse hacia un colapso en su sistema de salud si se implementa la Reforma tal como está planteada actualmente. Los exfuncionarios argumentan que, tras realizar un profundo análisis del articulado que está en el Senado para su tercer debate, encontraron numerosos aspectos que podrían tener consecuencias negativas para el sistema de salud del país.
Por esta razón, la respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. En defensa de la Reforma, Petro afirmó que, por el contrario, el país está avanzando hacia un modelo sólido en prevención en salud. Este intercambio de opiniones refleja la polarización que rodea a una de las Reformas más significativas y controvertidas que se han propuesto en Colombia en los últimos tiempos.
En la carta, los exministros y exviceministros expresaron su preocupación acerca de la toma de decisiones del Gobierno Nacional, especialmente en el ámbito de la salud. Argumentan que estas decisiones se han tomado desde el desconocimiento, agravando la situación actual del sistema de salud en el país.
Dos puntos críticos destacados en la carta son los recursos destinados para el pago de consultas y el porcentaje de incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que consideran "insuficiente". Los exfuncionarios sostienen que el aumento del 12,01% para la UPC, aprobado en los últimos días de diciembre, carece de base en la información sobre el consumo de la mayoría de los afiliados al sistema.
Además, critican la falta de participación y comentarios sobre la resolución del incremento, así como sobre la nota técnica que sirvió de base para calcular las adiciones al Plan de Beneficios. Estos aspectos, según los exfuncionarios, son fundamentales para garantizar una reforma sólida y eficaz en el sector de la salud.
Enfatizan que el aumento de la UPC no se basa en la realidad del consumo de la mayoría de los afiliados al sistema de salud y que la falta de participación en la discusión sobre el incremento va en detrimento de la transparencia y legitimidad del proceso.
Cabe recordar que el pasado viernes 19 de enero, el proyecto de ley de la Reforma de la Salud fue oficialmente remitido desde la Secretaría General del Senado a la Comisión Séptima del Senado. Este paso es crucial, ya que el próximo 16 de febrero se reanudarán las sesiones del Congreso, y el Gobierno busca avanzar con la iniciativa.
La presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta Epieyú, senadora del Pacto Histórico, anunció los congresistas que serán ponentes y coordinadores del proyecto. Nueve ponentes representarán diversos partidos: Piedad Córdoba y Martha Peralta, del Pacto Histórico; Omar Restrepo, del partido Comunes, Alirio Barrera, del Centro Democrático; Norma Hurtado, del Partido de la U; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Ana Paola Agudelo, del MIRA; Beatriz Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres y Nadia Blel Scaff, del partido Conservador.
La Reforma de la Salud logró la aprobación en la Cámara de Representantes en diciembre del año pasado después de 42 semanas de debate. La sesión fue extensa, superando las seis horas, y se dedicó a debatir los últimos cinco artículos de la iniciativa, algunos de los cuales generaron gran controversia.
La sesión incluyó la aprobación de los artículos 122 y 123, de carácter estatutario, relacionados con las consultas previas y el poder otorgado al presidente Petro para expedir normas con fuerza de ley. Estos artículos también abordan el cambio en el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) y la regulación de la "salud intercultural aplicable" en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del pueblo Rrom.
La controversia llegó a su punto álgido con el artículo 42, que generó alarma por cambiar las reglas de juego en la contratación de directores de hospitales y clínicas del Estado. Este artículo fue uno de los puntos más debatidos durante la sesión y evidenció las diferencias de opinión entre la oposición y los partidos gobiernistas. Ver: (Avanza la discusión de la Reforma a la Salud: el 84,2% de los artículos fueron aprobados)
La reforma se encuentra ahora en el Senado, y las audiencias públicas previas al tercer debate ya han comenzado. Estas audiencias, que se llevarán a cabo en diversas regiones del país, buscan abrir un espacio para la participación de la sociedad civil, pacientes y distintos actores del sistema de salud. La presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta, señaló que se ofrecerán todas las garantías para un debate amplio y abierto.
Las primeras audiencias se llevaron a cabo este 22 de enero en Bucaramanga, en el Auditorio Ágora de la Universidad Industrial de Santander, y se abordaron temas cruciales como la atención primaria en salud, la construcción del Sistema Nacional de Salud, y el papel de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y de las gestoras de salud y vida.
Estas audiencias continuarán en diferentes ciudades del país, incluyendo Riohacha el 27 de enero, Cúcuta el 9 de febrero, Cali 14 de febrero y el 15 de febrero en Medellín. Se espera que ofrezcan una plataforma para el debate en torno a los 143 artículos del proyecto de Reforma. Luego de estas audiencias, los ponentes designados deberán presentar el informe de ponencia ante la Comisión, dando inicio oficial al tercer debate de la Reforma de la Salud en el Senado.
Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), identifica una oportunidad estratégica y, al mismo tiempo, un desafío para el Gobierno en relación con la Reforma. Observa que existe la posibilidad de obtener el respaldo necesario en la Comisión Séptima del Senado para avanzar a la etapa final del Congreso. No obstante, reconoce que el debate en el Senado se presenta como un escenario complejo que requiere una preparación exhaustiva en caso de que avance a su cuarto y último debate.
Pérez expresa que Iván Name, presidente del Senado, es un reto para el proyecto, puesto que Name ha mostrado una postura más opuesta al Gobierno. Contrasta esta situación con la gestión del presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien facilitó el debate y el trámite de la Reforma en su segunda instancia. De este modo, anticipa que superar este obstáculo en el Senado, especialmente en plenaria, será un desafío significativo para el Gobierno.
No obstante, el investigador destaca la existencia de oportunidades en la Comisión Séptima, donde Martha Peralta, presidenta de MAIS, es quien preside esta comisión, asegurando un trámite favorable. Aunque aún faltarían dos votos para alcanzar la mayoría necesaria, Pérez sugiere que estos podrían obtenerse, señalando la posibilidad de negociaciones exitosas con congresistas de partidos como el Partido Verde, el Partido Liberal, la U, y el Partido Conservador, los dos primeros partidos en la coalición con el Gobierno y los otros dos partidos en independencia.
La Reforma a la Salud continúa siendo objeto de intensos debates y enfrentamientos de opiniones. Mientras el Gobierno defiende su propuesta como un paso crucial hacia un modelo fuerte en prevención en salud, los exfuncionarios y diversos sectores expresan sus preocupaciones sobre posibles impactos negativos en el sistema de salud del país.
El futuro de esta Reforma se definirá en las próximas sesiones del Congreso, donde la sociedad civil y los actores del sistema de salud seguirán participando activamente en un diálogo fundamental para el futuro.
Lo que resta de esta legislatura son aproximadamente seis meses, aunque en términos reales son alrededor de cuatro meses, considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de los debates. Es importante señalar que antes de los debates, se llevan a cabo audiencias públicas, lo que contribuye a la duración total del proceso. En resumen, la legislatura tiene unos cuatro meses de vida restantes.