Por: Katerin Erazo, Periodista
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo obstáculo en su agenda legislativa, esta vez con la inminente caída de la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado. Tras el reciente hundimiento de la Reforma Laboral, la administración prevé un desenlace similar para uno de sus proyectos más emblemáticos, lo que acentúa la fractura entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció públicamente la posibilidad de una derrota en el Senado y dejó entrever que la estrategia del Gobierno apunta a insistir en el discurso de bloqueo institucional. Aunque el proyecto de ley sigue su curso, fuentes cercanas a la Casa de Nariño indican que su permanencia en el Congreso responde más a un trámite protocolario que a una verdadera expectativa de aprobación.
La Comisión Séptima del Senado, que ya hundió la Reforma en abril del año pasado, aún no ha radicado una ponencia de archivo ni ha nombrado ponentes, lo que genera incertidumbre sobre el momento exacto en que se tomará la decisión final.
En un acto público en Norte de Santander, el presidente Petro dejó clara su postura frente a la reforma: "No necesitamos del Congreso para reformar la salud (...) Esta reforma debe implementarse lo antes posible". Con estas declaraciones, el mandatario refuerza su idea de utilizar decretos y otros mecanismos legales para avanzar en su propósito sin depender del Legislativo.
En paralelo, su administración trabaja en la estructuración de una consulta popular que podría incluir puntos clave tanto de la reforma a la salud como de la laboral, a pesar de las dudas dentro del propio gabinete sobre la viabilidad de esta estrategia en un contexto de crisis del sistema sanitario y desabastecimiento de medicamentos.
Mientras el Ejecutivo busca sortear el revés legislativo, el expresidente Álvaro Uribe y otros sectores opositores han intensificado su llamado a la movilización social contra la reforma. Uribe, en un recorrido reciente por Medellín, instó a los ciudadanos a resistir las propuestas gubernamentales, argumentando que consolidan un modelo centralizado que pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud.
En redes sociales, el exmandatario ha insistido en la necesidad de rechazar el papel de las EPS como gestoras dentro del nuevo esquema propuesto por el Gobierno, calificándolo de un intento de estatización del sistema.
Por otro lado, en el Congreso, el proceso enfrenta cuestionamientos legales que podrían comprometer su validez. La representante Lina María Garrido advirtió sobre presuntas irregularidades en el trámite legislativo y presentó una acción de nulidad que cuestiona la legalidad de las sesiones extraordinarias donde se discutió el proyecto. Según la congresista, estas irregularidades podrían llevar a la Corte Constitucional a declarar la reforma inconstitucional, lo que representaría un golpe definitivo a la iniciativa del Gobierno. En una carta enviada al presidente Petro, Garrido enfatizó que la Reforma debía haber sido tramitada como un proyecto de ley estatutaria y por la Comisión Primera de la Cámara, lo que, según ella, vicia el proceso desde su inicio.
Con un panorama adverso en el Congreso y en las calles, la administración Petro enfrenta un momento crucial para su agenda de reformas. Si la Reforma a la Salud es finalmente archivada, el Gobierno deberá decidir si insiste en su implementación por otras vías o si reconfigura su estrategia para sortear la creciente resistencia política y social que enfrenta. Entretanto, la Comisión Séptima del Senado sigue sin definir el calendario para el debate, mientras el Ejecutivo redobla su discurso en favor de la consulta popular como una alternativa para impulsar sus reformas estructurales.
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