Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La decisión de archivar la propuesta de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, por parte de ocho de los catorce congresistas que conforman la Comisión Séptima del Senado —dos de cada uno de los partidos Conservador y Centro Democrático y uno de cada uno de los partidos Liberal, ASI, Mira y Colombia Justa Libre—, ha dinamizado la arena política colombiana en 2025.
Este es un acto político que, a pesar de ser tomado por integrantes del Legislativo —quienes fueron elegidos por voto popular y representan a la ciudadanía— tiene la desventaja de poner nuevamente en la opinión pública la idea de que las decisiones políticas del país las toman élites y no el mandato ciudadano como lo promete el sistema democrático.
La decisión de archivo la tomó un puñado de representantes políticos, a quienes se les señala de defender los intereses de unas élites económicas. A estas últimas no les interesa para nada echar para atrás las ventajas que les entregaron las reformas laborales anteriores. Y están presionando a los partidos y legisladores para que se opongan a cualquier reforma que les perjudique.
La estrategia de los gremios económicos fue ponerle barreras a las propuestas de reforma lo más pronto posible. Con lo que buscan reducir los costos o inversiones para defender sus intereses. De allí que hayan decidido usar la opción de parar el proceso apenas se iniciaba la discusión en las comisiones del Senado, usando incentivos y poniendo de acuerdo a tan solo un puñado de sus miembros: ocho, que es la cuota más baja para que se hundiera la propuesta legislativa.
Este rechazo sirvió al gobierno Petro para levantar su voz de indignación y proponer la consulta popular como mecanismo para obligar al Congreso en pleno a discutir su propuesta de reforma laboral. Petro no quiere que se le recuerde como el presidente que no pudo cambiar nada debido a la oposición que tuvo en el Senado durante los cuatro años de mandato.
La idea del Gobierno es presentar al Congreso, en las próximas semanas, una serie de preguntas para que se discutan, aprueben y utilicen en la consulta popular. Preguntas directas donde se le dice al ciudadano que opine si está o no de acuerdo con que en el pleno del Senado —y no en una pequeña comisión— se dialogue la propuesta de reforma y se acuerden los cambios necesarios para este importante mercado laboral.
La ventaja de esta opción consultiva, es que con ella el Gobierno está cambiando la forma de decidir en la política. Está buscando pasar de la opción donde son las élites políticas y económicas las que decidan sobre lo colectivo, a una donde sea la ciudadanía, en su pluralidad, la que exija cambios y la dé línea al Legislativo para que tome las decisiones públicas.
Con la consulta popular el Gobierno busca activar en pocas semanas uno de los mecanismos democráticos más importantes consagrados en la Constitución y la ley. Le pide al pueblo que sea el mismo, mediante el mandato popular, el que obligue al Congreso a que legisle, a pesar del rechazo previo, sobre un tema en cuestión. Le devuelve al pueblo el poder.
Pero es una opción que tiene, al menos, dos problemas. El primero es que cuestiona al Legislativo y le resta legitimidad. Le quita parcialmente al Congreso el poder que posee, en su autonomía, de decidir qué es importante o no discutir para el país. La consulta le entrega a la ciudadanía el poder de obligar al Congreso a discutir unas reformas, a sí este no esté de acuerdo con la agenda programática.
La segunda desventaja es que la consulta popular la puede utilizar la clase política como instrumento para hacer campaña en las próximas elecciones. El 2025 se considera un año preelectoral, donde se preparan las campañas para la Presidencia y el Congreso; y dado que estos son los dos poderes donde se propone y discute la posible reforma laboral, la consulta popular podría instrumentalizarse y aprovecharse con fines electorales y no de mandato ciudadano.
Está propuesta de consulta corre el riesgo de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo hagan campaña política. El Gobierno buscará el apoyo popular recurriendo a la furia que tiene la mayoría de ciudadanos de que no se le quiera reconocer el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, el aumento de la remuneración en los días de descanso y el horario complementario.
Buscará el Gobierno que la gente salga a las calles y activen el poder ciudadano. Que le diga al Congreso y a los grupos de interés de la industria que los empleados quieren recuperar los derechos laborales. Que nuevamente se les permita la estabilidad laboral, para que se priorice el contrato laboral a término indefinido sobre el existente hoy por un tiempo definido. Y que desean recuperar los beneficios a que tienen derecho cuando trabajen en las noches y los fines de semana.
Los miembros del Legislativo, por su parte, buscarán: primero, rechazar la propuesta de consulta, buscando que no se les cuestione su autonomía legislativa. Además, nuevamente aparecerán los grupos de interés buscando presionar a los miembros del Congreso para que no se ponga en cuestión el actual modelo laboral —para los empresarios la siguiente etapa de consulta aumentaría las inversiones de campaña por él No—.
Segundo, de ser aprobada la consulta, se activarán todos los actores buscando que la gente vaya a las urnas o se abstenga —que vote o no—. Las campañas por el Sí y él No serán agresivas y las inversiones de los partidos y grupos de presión serán más altos. Aquí, será muy difícil explicarle a la ciudadanía que los efectos que se desea de la reforma en el empleo, inversión y crecimiento no se lograrán.
De allí que el poder de organizarse por una opción u otra será determinante y pondrá en ventaja a los grupos que mejor sepan hacer la tarea de apoyar o no las opciones que se tienen. En este camino, la teoría y la evidencia ha demostrado que los grupos pequeños y económicamente más sólidos llevan la ventaja sobre una ciudadanía más dispersa, poco cohesionada y sin recursos para hacer campañas.
Finalmente, si la gente sale a las urnas y dice sí, los debates en el Congreso serán duros. El pueblo habrá evidenciado el gran interés que tiene el tema laboral. Donde los ambientes del trabajador le interesan a muy diversos sectores: campesinos, microempresarios e incluso al del rebusque informal. Al fin y al cabo estamos en una economía donde prima el trabajo pago. Una economía colombiana basada en la utilización de trabajo barato y con difíciles condiciones para los jóvenes.
En conclusión, estamos en un momento candente de la política colombiana. Un momento donde se pone en oposición la opción de que sean las élites políticas las que determinen, como casi siempre se ha hecho, las reformas sociales, económicas y políticas; o la pluralidad de poderes que existen en la sociedad y que sea la ciudadanía la que tenga el poder de mandar sobre los poderes del Estado.
En todo caso, estamos en un momento muy valioso para la política. Son numerosos los actores que tienen interés en que se active o no el mandato popular. También serán muchas las consecuencias que se tendrán, incluso, podría dejar abiertas las puertas para convocar a una Asamblea Constituyente. En especial, en un momento preelectoral donde de nuevo se está en disputa entre los partidos por quien se queda o se va de la Presidencia y del Congreso.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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