Por: Katerin Erazo, Periodista
El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó nuevamente su reforma política ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, uno de los proyectos clave en su agenda legislativa. Con varios ajustes frente a la versión inicial, esta propuesta busca reactivar un proceso que se había estancado en la primera legislatura, en medio de un ambiente de polarización política. La reforma, impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha generado un intenso debate, especialmente en torno a los mecanismos de participación electoral.
Uno de los puntos más controvertidos sigue siendo la implementación de las listas cerradas en los comicios, un tema que ya había causado fricciones en intentos previos, especialmente durante la gestión del exsenador Roy Barreras. Aunque este mecanismo se plantea como una vía para mejorar la organización interna de los partidos y la transparencia en las fuentes de financiación, muchos sectores se oponen, argumentando que podría limitar la representación democrática. Sin embargo, el Gobierno persiste en su defensa, confiando en que esta vez las mayorías parlamentarias respalden la iniciativa.
Otro tema central de la nueva ponencia es la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). El proyecto mantiene la disposición de que el Congreso continúe siendo el encargado de esta elección, pero bajo un nuevo esquema de convocatoria pública. Esta medida, similar al proceso utilizado para elegir al contralor General, busca dar mayor transparencia y rigor a la selección de los magistrados, una decisión que llega en un momento en que el CNE ha adquirido relevancia mediática por la investigación sobre la campaña presidencial de Petro, debido a presuntas violaciones de los topes electorales en 2022.
El representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, es uno de los redactores del proyecto, junto a otros ponentes como Carlos Felipe Quintero, Jorge Eliécer Tamayo y Juan Carlos Wills, quienes provienen de distintas fuerzas políticas. A pesar de la diversidad de orígenes, el artículo 264 de la Constitución, que otorga al Congreso la facultad de elegir a los magistrados del CNE, sigue siendo un tema clave en las discusiones, especialmente por su impacto en las dinámicas de poder entre el Ejecutivo y el órgano electoral.
La reforma también aborda cambios importantes en la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. La nueva versión elimina una polémica disposición que habría permitido a los partidos mantener sus derechos sin cumplir con el mínimo de votos requerido en los próximos cuatro años, lo que algunos críticos consideraban una maniobra para beneficiar a partidos como Comunes. Ahora, los partidos deberán obtener al menos el 3% del censo electoral para garantizar su representación, lo que reaviva el debate sobre la justicia electoral y la representación política en Colombia.
Con estas modificaciones, la reforma política continúa avanzando en el legislativo, aunque no sin obstáculos. Mientras algunos sectores ven estas propuestas como un avance hacia un sistema electoral más equitativo y transparente, otros consideran que aún queda mucho por hacer para asegurar una verdadera transformación del proceso electoral colombiano.
Según Alejandro Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la ponencia más reciente sobre la reforma política presenta varios cambios importantes con respecto a la propuesta inicial. En primer lugar, destaca que en el proyecto original se contemplaba que las altas cortes eligieran a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que posteriormente fue modificado.
Aunque el Congreso seguirá eligiendo a los magistrados, la diferencia es que ahora la nominación provendrá de las altas cortes, como la Corte Suprema y el Consejo de Estado, con participación del presidente en la terna, tal y como pasa con la elección a procurador y a contralor. Ver: (Modificaciones al CNE, Partidos y Transparencia: Los Tres Pilares del segundo intento de Reforma Política).
El Congreso evaluará las hojas de vida de los candidatos y los seleccionará mediante un proceso meritocrático. Sin embargo, Chala señala que este método no elimina los riesgos de politización en el CNE, ya que, pese a los criterios de mérito, el Congreso sigue siendo el órgano que toma la decisión final, lo que podría perpetuar la politización de esta institución.
Chala también resalta el impacto potencial de la implementación de las listas cerradas en las elecciones. Esta medida podría modificar la dinámica de las relaciones clientelistas y fortalecer la influencia de los clanes políticos. En una lista cerrada, los clanes podrían negociar los primeros puestos con los partidos, lo que complicaría aún más las disputas internas. Sin reglas claras sobre cómo se garantizará la democracia interna de los partidos, existe el riesgo de que los procesos de selección se mantengan controlados por estos clanes. Además, menciona que la eliminación de la prórroga de cuatro años para que los partidos con riesgo de perder su personería jurídica mantuvieran su estatus, introduce un nuevo sistema de afiliaciones.
Bajo esta reforma, los partidos deberán obtener al menos el 3% del umbral electoral para conservar su personería jurídica, mientras que los movimientos políticos podrán mantenerla si logran una base de más de 80 mil afiliados a nivel nacional o logran tener suficiente cantidad de afiliados a nivel departamental. Esto podría llevar a una mayor fragmentación del sistema de partidos en Colombia, al permitir la participación de un mayor número de movimientos que, aunque puedan perder su personería como partidos, la mantendrían como movimientos.
De cara a las elecciones de 2026, el investigador de Pares considera que la reforma podría tener un impacto significativo. Por un lado, la fragmentación del sistema de partidos podría permitir una mayor participación de movimientos políticos, mientras que la imposición de listas cerradas cambiaría la lógica electoral al priorizar a los partidos sobre los candidatos individuales. Aunque la intención es fortalecer los debates políticos e ideológicos dentro de los partidos, es probable que las lógicas transaccionales, especialmente en los partidos tradicionales, se adapten a este nuevo sistema.
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