Foto tomada de www.vanguardia.com
¿Qué tipo de refrendación ciudadana le conviene a los acuerdos de La Habana? ¿Cómo se enfrentan algunos retos de seguridad en el posconflicto? Otra vez se ha puesto a prueba la sensibilidad del país ante los temas de paz y otra vez estamos librando una apasionada discusión. Al contrario de lo que piensan algunos de mis colegas columnistas estos son debates muy oportunos y necesarios. En Cuba se están negociando en subcomisiones y de manera simultánea los puntos que faltan para el acuerdo final. Esto exige que acá también les entremos a esos temas. La refrendación ha sido un compromiso de las partes estipulado en la agenda de negociación. Veo muy difícil, si no imposible, que el gobierno y las Farc se bajen de esa promesa. El país espera esa oportunidad y la oposición la exige con la esperanza de que allí puede hacer valer sus objeciones a lo pactado. El gobierno había señalado que su figura preferida era el referendo tal como está establecido en la Constitución Nacional; pero en los últimos días muchos expertos le han advertido que el mecanismo exige trámites que demorarán aún más el cierre del conflicto, y le han hecho ver que entraña el riesgo de despedazar el acuerdo si los ciudadanos no aprueban uno u otro punto de lo convenido con las guerrillas, cuestión que implicaría romper la lógica de que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’. Las Farc en cambio habían mostrado preferencia por una constituyente. Pero también a la insurgencia, algunas personas con mucho sentido político, le están diciendo que este escenario se parece mucho a lo planteado por el uribismo y conduce de manera obligatoria a una renegociación de la paz con las fuerzas opositoras. Así las cosas, se está abriendo la posibilidad de una consulta popular. Este mecanismo tiene tres virtudes: les hace una pregunta general a los ciudadanos, es convocada por el presidente con la firma de los ministros –previo consentimiento del Senado– y tiene carácter obligatorio. La coalición de gobierno y las guerrillas debían considerar este escenario que tiene un sentido eminentemente político y facilitaría una gran movilización ciudadana, que no podría ser ignorada por la comunidad internacional y por las instancias jurídicas del país. La posibilidad de una policía rural o de otro tipo de organismos para reforzar la seguridad en las vastas zonas campesinas donde ha tenido lugar este largo y doloroso conflicto armado, no está en la agenda de La Habana y no tiene que ser parte de los acuerdos con las guerrillas, pero es una necesidad inapelable. En los últimos meses, y con ocasión de una investigación que adelantan la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación sobre las condiciones locales para el posconflicto, he tenido la oportunidad de examinar las demandas de seguridad y de justicia que expresarán las comunidades campesinas una vez se firme el acuerdo final y se inicie en firme el posconflicto. En esto no podemos decirnos mentiras, las Farc han hecho alguna presencia en 242 municipios en los últimos 30 años y en muchos de esos territorios –al lado de sus acciones depredadoras y violentas– han cumplido funciones de Policía y han alentado mecanismos para la resolución de conflictos, especialmente en las acciones comunales y otras organizaciones sociales. ¿Quién llenará este vacío en territorios lejanos? ¿Y quién velará porque otras organizaciones ilegales no se tomen otra vez esos lugares y gesten nuevas violencias? Las mismas preguntas hay que hacer para las zonas del ELN y de las bandas criminales, al momento en que haya luz en las conversaciones con esta guerrilla o se encuentre una salida de sometimiento a la Justicia de los herederos de los paramilitares. Bien sé que cualquier insinuación de reformas a la fuerza pública suscita malestar en las filas policiales y militares y también en sectores de la opinión, pero en este momento no podemos meter la cabeza en la arena y hacer caso omiso de los retos que en cuestión de meses se nos vendrán encima. Esto es de vida o muerte. Una vez empiece la desmovilización y el desarme de las guerrillas tenemos que tener listo el dispositivo de seguridad para esas zonas. La idea de la policía rural se volvió más polémica por la declaración de que a ese cuerpo podrían llegar algunos miembros de las Farc. Esta es apenas una posibilidad que no necesariamente aceptarían las guerrillas, pero tampoco hay que tenerle miedo al asunto, mi experiencia es que en un proceso de paz bien llevado los guerrilleros desmovilizados tienden a ser más apegados a la ley y a la Constitución que muchos ciudadanos o dirigentes políticos tradicionales.
Columna publicada en Revista Semana
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