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Un Tribunal Nacional Pro Témpore para la fuerza pública y un Fuero Militar Integral figuran como proyectos claves en la agenda legislativa del Centro Democrático. En el primero se trata de revisar todas las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la fuerza pública desde 1980. En el segundo se propone darle una interpretación amplia y laxa a los delitos relacionados con el servicio y llevar el conocimiento y el juzgamiento de estos hechos a la Justicia Penal Militar. Es una jugada aviesa para halagar a los militares y a los policías con una impunidad total apartándolos de la justicia transicional que se está abriendo paso en Colombia con motivo del proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con las Farc y el ELN.
Desde cuando se iniciaron los contactos y los diálogos con las guerrillas las Fuerzas Armadas se convirtieron en un apasionado campo de disputa. Se sabe que sin ellas no habrá paz negociada. Se sabe que sin su concurso no habrá reconciliación nacional. Eso lo comprenden por igual quienes apoyan las negociaciones de La Habana y las conversaciones con el ELN y quienes las cuestionan. Ambas corrientes tiran de la manga a los militares. Es una apuesta dura, quizá la apuesta política más dura de la vida nacional.
Uribe y sus seguidores tienen en su contra la tradición institucionalista de la fuerza pública y la tendencia siempre mayoritaria de los generales a respetar finalmente las decisiones del presidente en ejercicio. Pero tienen a su favor la incertidumbre y el miedo que despiertan al final de una larga guerra irregular y degradada que ha golpeado de manera atroz a la población civil. Hay muchas preguntas en la oficialidad sobre el cambio de roles que vendrá en el posconflicto para militares y policías y sobre las garantías jurídicas que tendrán quienes, en algún momento, se han desviado de sus funciones. Son graves interrogantes sobre el futuro de ellos y sus familias cuando se apague el fuego de la confrontación. Uribe ha explotado a fondo el miedo. No descansa un minuto en esta tarea. Los dos proyectos de ley son piezas maestras del juego.
La justicia transicional que impulsan el presidente Santos y el fiscal general Eduardo Montealegre busca darle a la verdad un valor político, establecer beneficios judiciales iguales para todas las fuerzas involucradas en el conflicto y ofrecer penas alternativas para los máximos responsables que vayan a juicio. En contravía Uribe y su grupo, a la vez que exigen cárcel para los jefes guerrilleros que vengan a la vida civil, proponen la excarcelación masiva de los militares involucrados en delitos ligados al conflicto y unos mecanismos especiales de justicia con la misión expresa de exonerar a quienes se han desviado de sus funciones constitucionales y legales.
Es un regalo envenenado para la fuerza pública. Ese doble rasero no cabe en un proceso de reconciliación. Eso no tiene ninguna posibilidad jurídica, no tiene ninguna legitimidad política, tiene muy pocas posibilidades de pasar en el Congreso y menos posibilidades de sobrevivir al control de la Corte Constitucional, tampoco será aceptado por los organismos internacionales. Solo le servirá al uribismo para mantener la agitación en los cuarteles y para retrasar y enlodar la reflexión necesaria y urgente que debe hacer la fuerza pública sobre la justicia transicional.
Lo dicho por el presidente Santos hace pocos días –aún en medio de la demencial arremetida de las Farc contra la población civil– hace parte de los nuevos vientos que soplan en este país adolorido. Dijo Santos: “Lo primero que tiene que pasar es que todos los sectores reconozcan su propia responsabilidad: las guerrillas, los exjefes paramilitares y los agentes del Estado. Pero no solo ellos. También deben concurrir los partidos, las empresas y la sociedad civil en general”. Hablaba en el Foro de Cultura de Paz y Justicia Transicional.
Con estos vientos debe ir la fuerza pública. Todos los militares y policías de Colombia que han participado en el conflicto tienen derecho a que la sociedad les reconozca su sacrificio. Deben ser tratados con dignidad y respeto. De eso no puede haber duda. Solo así avanzaremos hacia la reconciliación. Las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de víctimas que tienen acusaciones y reclamos justos sobre las actuaciones de la fuerza pública están obligadas, no obstante, a tomar nota de esta realidad. Pero los miembros de las Fuerzas Armadas que han incurrido en delitos ligados al conflicto deben saber que solo la ola de la justicia transicional les puede ofrecer un camino para su reivindicación.
Columna de opinión publicada en Semana.com