Por: Laura Cano, periodista Pares.
Este martes se conoció la noticia que Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), había presentado su renuncia ante la Presidencia de la República, quien remitió el documento al Ministerio del Interior, entidad encargada de la UNP. Los motivos que argumenta González para salir de la dirección de esta entidad, según él, están relacionados con temas personales. Sin embargo, una radiografía rápida de lo que ha sido el tiempo de dirección del exvicefiscal en la UNP muestran un panorama de constantes denuncias por casos de corrupción, por ineficiencia en la forma de ejercer el cargo y en hacerse responsable de las prioridades de la entidad.
González fue designado en el puesto el 03 de septiembre de 2018, poco después de la posesión de Iván Duque, esto en medio de una ola de asesinatos a líderes sociales que se ha recrudecido y que desde su nombramiento se registran, al menos, 133 casos según cifras de SIPARES.
Irregularidades y corrupción en la gestión de González
Según lo planteado legalmente, la principal función de la UNP es “articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, tal como lo establece el Decreto 4912 del 26 de diciembre de 2011 el cual fue compilado por el decreto 1066 del 26 de mayo de 2015”.
A pesar de esto, durante los últimos meses se ha alertado de las irregularidades al momento de asignar cargos y esquemas de seguridad desde la UNP, denuncias interpuestas principalmente por funcionarios de la misma entidad. Yesid Barragán, director del sindicato de trabajadores de la UNP, le dijo a Pares: Como sindicalista de la UNP, presidente del Sindicato de Funcionarios de la entidad, nosotros sí alertamos de esas falencias, y que son muy graves, pero el Estado no ha atendido la solicitudes.
Algunas de las anomalías de la gestión de González, según lo expresado por los funcionarios, se refieren específicamente a personas contratadas “a dedo” y a asignar esquemas de protección en los que se incluyen escoltas, camionetas, armas, chalecos antibalas y celulares, a personalidades públicas que no presentan situaciones de riesgo inminente, casos que llegaron al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) y que al ser estudiados decideron eliminar las medidas de protección, pero que a petición del ex director se debían mantener los esquemas y además realizar otros estudios.
A diferencia de esta situación, también por lo planteado por los funcionarios, a los casos que presentaban vulnerabilidad en cuestiones de seguridad según el CERREM, se les daba una respuesta por parte de la dirección de la entidad y es que se realizarían nuevos análisis y mientras tanto la cabeza de la UNP daba un paso al lado del caso.
Por otra parte, desde hace al menos un año, la prensa viene registrando casos de corrupción, como el pago de algunas empresas privadas para que personas ingresen a la UNP como escoltas, la retención de parte de los salarios de los trabajadores para garantizar la continuidad en los cargos o mejorar sus condiciones laborales, además, de hacer cobros para prestar el sistema de seguridad a terceros.
A esto se le suma una denuncia hecha por el mismo Pablo González, casi un año después de su posesión en el cargo, por la filtración de datos de las personas a quienes se les asignó el esquema de seguridad por medio de la entidad, caso que también se dio en medio de irregularidades, pues algunos funcionarios alertaron que las indagaciones por parte del CTI no iban encaminadas en esclarecer el caso que se había alertado.
La Contraloría General lo advirtió
Hace tan solo unos meses, en diciembre de 2019, la Contraloría General de la Nación presentó el Informe Auditoría de Cumplimiento de la gestión de la UNP durante enero de 2018 y diciembre del mismo año, donde se evaluaba lo misional y también los contractual de la entidad.
Una de las conclusiones que plantea el documento dice que: “La expedición de los actos administrativos por el director de la UNP, concediendo, modificando, ajustando o desmontando medidas de protección y el proceso de implementación de las medidas de protección a través de la adquisición de bienes y servicios, presentan deficiencias de carácter administrativo y de control interno en los procesos que adelantan las áreas involucradas tanto en lo misional como en lo administrativo”.
Acá estamos hablando allá del líder social, del campesino que está abandonado y que está conviviendo con todos los actores del conflicto y esos líderes sociales que denuncian constantemente narcotráfico, que denuncian minería, el tema ambiental, y que por eso son objeto de los grupos delincuenciales. Y están abandonados totalmente en el territorio. Advierte Barragán.
En el documento en general se hace un llamado de atención a la gestión del exdirector y aunque a esto se le sumaba los escándalos y denuncias que fueron saliendo antes y después, solo hasta esta semana hubo un acción que abre la vía para procurar que haya una administración eficaz de la entidad, esto entendiendo que la renuncia se dio por supuestos motivos personales, desconociendo las situaciones que rodearon la dirección de González y también entendiendo que la decisión de quién llevará la dirección de la UNP está en de Iván Duque, quien no ha mostrado “mano firme”, como lo dice el slogan de su partido de gobierno, para garantizar la seguridad de quienes están apostándole a la construcción de un tejido social solido para la protección de los derechos humanos.