Por: Odevida
Según datos del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), de 2019 al 07 de marzo de 2023 han sido asesinadas 104 mujeres lideresas en Colombia: 22 en 2019, 34 en 2020, 28 en 2021, 14 en 2022 y seis en lo que va de 2023. El registro de asesinatos contra lideresas sociales es una violencia que no cesa y, por el contrario, todo indica un alza en estos indicadores de no tomar los correctivos necesarios en materia de seguridad priorizando un enfoque de género.
Los asesinatos contra lideresas y defensoras de derechos humanos han tenido un epicentro notable en la región suroccidental del país. En 2022, el 71% de estos de estos asesinatos se concentraron en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo, departamentos en los que hay fuerte presencia de Grupos Armadas Organizados (GAO), como lo son: el Clan del Golfo, el ELN y los Grupos Armados Pos FARC (GAPF), así como presencia de economías criminales que han sido combustible de la guerra. En relación al 2023, se han presentado seis asesinatos contra lideresas, concentrándose especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, cada uno con dos y tres hechos respectivamente. De manera tal que, en perspectiva, desde 2022 estos dos departamentos se han constituido lamentablemente como epicentro para la vulneración de la vida de mujeres lideresas, sumando ambos diez casos en total, es decir, un 50% de los casos.
De los 20 asesinatos desde 2022 a la fecha, los liderazgos que se han visto más afectados son los comunales, con cinco casos, es decir, mujeres lideresas que fungían como presidentas o integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de sus localidades o corregimientos. En segundo orden, los liderazgos indígenas son quienes se han visto más afectados, con un total de cuatro casos, que se concentran en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo. Los liderazgos comunales e indígenas componen el 45% del total de casos, lo que nos podría indicar que los tipos de organización más victimizados, en este universo de datos, son indígenas y comunales.
La actividad de las mujeres lideresas se ve afectada en los territorios controlados por los grupos armados, pues las normas de regulación social impuestas por estos limitan mediante acciones de amenaza, hostigamiento e intimidación, principalmente, el pleno ejercicio de sus luchas; además en los territorios en disputa, las lideresas son propensas a ser señaladas de pertenecer o colaborar con uno u otro GAO, lo que aumenta el riesgo a ser víctimas de violencias. A su vez, las mujeres son sometidas a violencias muchas veces al interior de sus propias organizaciones, de sus círculos familiares y de la sociedad en su conjunto debido a que su ejercicio político es identificado como una amenaza a los roles tradicionales que supuestamente deben asumir, vinculados con el cuidado y circunscritos al ámbito doméstico.
La identificación de responsables intelectuales y materiales de estos hechos, así como el esclarecimiento de los casos, tiene porcentajes muy bajos de eficacia por parte de la Fiscalía, en este sentido, los perpetradores permanecen impunes y las garantías de no repetición son escasas. Existe un porcentaje de casos que asciende casi hasta el 80% sin una responsabilidad determinada de un Grupo Armado Organizado (GAO) o actor no identificado, esto equivale a 81 asesinatos sin esclarecer del total de 104 casos, mientras que en el caso de los Grupos Armados Pos FARC (GAPF) se ha identificado su participación en 14 oportunidades.
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