Por: Redacción Pares
Introducción
Durante 100 días, el equipo de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se dedicó al seguimiento de las acciones del nuevo gobierno desde su posesión el 07 de agosto. Para ello, las tres líneas de investigación principales de Pares: Democracia y Gobernabilidad, Convivencia y Seguridad Ciudadana y Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, siguieron en detalle los anuncios, eventos y hechos de gobierno, contrastándolos con el comportamiento de los ministerios, sus anuncios, los instrumentos jurídicos y/o políticos con los que respaldaron; y diversos hechos de carácter nacional y regional.
Capítulo I. La Paz Total, la prioridad gubernamental
El proyecto de la Paz Total ha sido la prioridad del gobierno en estos primeros 100 días. Con la aprobación en el Congreso de la prórroga a la ley 418 de 1997, el Gobierno Nacional quedó habilitado para adelantar diálogos políticos u orientados al sometimiento a la justicia con grupos armados organizados al margen de la ley.
A pesar del entusiasmo por esta política de paz de Estado, el proyecto de Paz Total tiene varios retos, desde la necesidad de definir qué pasará a nivel institucional con los Acuerdos de Paz con las FARC ahora que se proyectan nuevos planes e instrumentos de paz y posibles acuerdos; la necesaria disipación de puntos polémicos de este proyecto, como la definición del carácter político o no de ciertos grupos armados ilegales; los ceses al fuego y el papel de la Fuerza Pública; la violencia contra la población civil y el asesinato de líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos y ambientales, entre otros.
Breve retrato de la violencia armada en 100 días de gobierno
Si bien durante los primeros 100 días del gobierno Petro se mantienen las disputas armadas entre grupos armados ilegales, desde el 07 de agosto hay un descenso en los combates entre las Fuerzas Militares y los grupos armados ilegales. Luego del anuncio de la Paz Total, el Gobierno Nacional ha recibido 26 comunicados favorables de los grupos armados ilegales, expresando apoyo a la política y querer hacer parte del proyecto de Paz Total.
A pesar de lo anterior, la violencia contra la población civil no ha variado en estas semanas y las afectaciones contra los derechos humanos se mantienen. Esto demuestra que los actores responsables de los asesinatos, masacres, desplazamientos y confinamientos, entre otras victimizaciones, no han reevaluado su conducta en el marco de los acercamientos de paz con el gobierno Petro, y en ningún momento ha sido una condición vinculante frenar la violencia contra la sociedad civil.
Durante los primeros 100 días del actual gobierno se presentó el pico de masacres más alto del año; también aumentó la cantidad de víctimas por hechos de masacre y de desplazamiento forzado en el país. Desde el 07 de agosto se han cometido 32 masacres. Contrario a lo esperado, octubre se establece como uno de los meses más violentos contra el movimiento social en lo que va del año, con un total de 17 asesinatos contra líderes y lideresas sociales.
Urge la forma en la que se está construyendo la política de Paz Total condicione su implementación al cese de hostilidades contra la población civil y permita un alivio humanitario en las zonas más afectadas por la violencia.
Capítulo II. Negociación con el ELN
Desde el 07 de agosto, ha sido notorio el acercamiento entre el Gobierno Nacional y el ELN para retomar la agenda de negociación suspendida en 2019, siendo un hito la reactivación de la mesa de diálogo en el mes de noviembre. En este proceso ha quedado clara la lectura y voluntad compartida entre las partes respecto a que la sociedad civil participe de manera activa en el proceso de paz.
Actualmente el ELN es una guerrilla con presencia en 184 municipios a lo largo del territorio nacional a través de 32 frentes guerrilleros, 20 compañías y 2 comisiones integradas por 2.541 hombres en armas y 2.253 integrantes de las redes de apoyo. Su control territorial se concentra principalmente en Arauca, Norte de Santander, Chocó y Bolívar.
En un balance general, el accionar bélico del ELN ha evidenciado un desescalamiento de sus acciones ofensivas a lo largo del territorio nacional durante el último año e, incluso, ha tenido importantes muestras de voluntad de diálogo durante los últimos meses con la liberación de personas secuestradas bajo su accionar. Sin embargo, existen unos focos de violencia derivados de disputas con otros actores armados ilegales que representan enormes desafíos para el proceso de paz que hoy avanza con el gobierno de Gustavo Petro. Esto, teniendo en cuenta que se trata de un factor decisivo para el ELN a la hora de tener que avanzar en un cese al fuego y mayores muestras de voluntad frente a la crisis humanitaria en los territorios.
Capítulo III. Diverso, pero desarticulado: el gabinete del Cambio
El gabinete del gobierno Petro destaca por su diversidad. A diferencia del gabinete de Duque durante sus primeros 100 días, de carácter corporativista y que únicamente buscó integrar gremios y sectores económicos, el gabinete de Petro buscó una coalición de gobierno con seis partidos políticos, muchos de ellos agrupados en el Pacto Histórico.
A pesar de la diversidad de los ministros y ministras, la capacidad para traducir y materializar las apuestas del plan de gobierno es escasa, no solamente con respecto a los pronunciamientos de diferentes ministerios, sino en las acciones e instrumentos que los han acompañado, muchos de ellos contradictorios entre sí. Durante 100 días, el gabinete registró 665 eventos, de los cuales solo el 77% fueron meros anuncios y el 23% restante fueron hechos acompañados de algún instrumento jurídico o de política pública.
Las prioridades de los principales ministerios
Ministerio del Interior: protección de la vida de líderes y lideresas sociales, y defensa de los Derechos Humanos (DDHH); Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: aprobación del acuerdo de Escazú y apoyo a la eliminación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos; Ministerio de Hacienda y Crédito Público: reforma tributaria, sostenibilidad fiscal y conciliación con las expectativas presidenciales; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: reforma rural y jurisdicción agraria; Ministerio de Relaciones Exteriores: reapertura de la frontera con Venezuela, Paz Total y orientación de la política exterior hacia América Latina; Ministerio de Minas y Energía: transición energética; Ministerio de Defensa: Paz Total, cambios para el fortalecimiento del sector seguridad y defensa.
Capítulo IV. 100 días del Congreso del Cambio
Las sesiones del Congreso han logrado tramitar con eficiencia los proyectos emblema del gobierno sobre reforma tributaria, reforma política, prórroga a la ley 418, jurisdicción agraria y prohibición del fracking, pero dentro de las negociaciones se ha perdido el espíritu inicial de varias reformas. En general se ha dado un debate más amplio de los proyectos, con mayor participación; se ha logrado mantener la asistencia al Congreso y ha habido más disciplina en asumir las discusiones, que también han estado abiertas al debate en la opinión pública.
Capítulo V. 100 días de reformas
A 100 días de inicio del gobierno Petro se esbozan las prioridades gubernamentales. Es un hito la aprobación de la reforma tributaria, una de sus prioridades financieras para llevar a cabo su programa de gobierno. Otras prioridades como la transición energética y la reforma al sector seguridad y defensa, pese a las polémicas desatadas, cuentan hoy con una hoja de ruta que recoge los debates, pero también las experiencias de gobiernos anteriores.
Reforma tributaria
Con relación a la reforma tributaria, que fue aprobada en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes durante la primera semana de noviembre, se garantiza para el próximo año un recaudo de cerca de $20 billones de pesos, que según el Gobierno Nacional se destinarán exclusivamente a la inversión social y con el objetivo de dinamizar la economía en un escenario internacional que está al borde de una recesión mundial.
La reforma dejó ver el primer componente fundamental del gobierno, que es la recaudación y la presión vía impuestos al consumo generalizado de gasolina y carbón. En el caso del gas, los acuerdos y la participación presidencial en el congreso de Naturgas mostró que se mantendrá el apoyo al sector desde la idea de apoyar la transición mientras se construye el soporte tecnológico y financiero que requeriría la inversión en energías más limpias y renovables.
En el mismo espíritu se aprobó el impuesto saludable, que difiere del paquete sugerido por la Organización Mundial de la Salud (tabaco, alcohol y bebidas azucaradas) en la inclusión de una lista detallada de alimentos ultra procesados con el fin de desestimular el consumo.
Seguridad y defensa
Los primeros indicios del nuevo enfoque de las políticas de seguridad del nuevo gobierno basados en las lógicas de la seguridad humana, pretende establecer líneas de acción entre la fuerza pública y la ciudadanía; considera importante la profesionalización de la fuerza pública; además, busca establecer nuevos protocolos de operación de las fuerzas, siendo más garantista de derechos, previniendo los abusos, excesos de fuerza, uso de armas.
Con la transición de gobierno se han realizado cambios dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; en 22 generales de la Policía Nacional, 24 generales del Ejército, seis generales de la Fuerza Aérea (sin confirmación sobre su retiro) y seis almirantes de la Armada (tres altos mandos con retiro confirmado), para un total de 52 generales.
Transición energética
Existe coherencia entre el programa de gobierno y los anuncios públicos sobre transición energética. A pesar de que hay tensión con el sector de hidrocarburos entre la necesidad y la decisión de hacer una transición energética rápida, agresiva y la necesidad de garantizar recursos que financien la transformación energética y los programas sociales del gobierno, Gustavo Petro ha propuesto a los distintos gremios económicos participar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para discutir la transición energética y el diálogo social es la metodología escogida para tal fin.
A pesar de esto y del golpe político contundente de presentar las dos estrategias (transición
energética y lucha contra la deforestación) en el marco de la COP27, sigue sin ser claro el gradiente de gradualidad que propone el gobierno para hacer un desescalamiento de la economía carbonizada que garantice el suministro de energía, la confiabilidad y estabilidad del sistema energético colombiano.