Por: Nataly Triana
Asistente de investigación - Línea Democracia y Gobernabilidad
De acuerdo con fuentes de prensa, desde el 25 de octubre, en Norte de Santander, las personas migrantes irregulares mayores de 18 años pueden vacunarse en alguno de los cuatro puntos ubicados en los diferentes puentes internacionales: La Parada, el CENAF en el Puente Simón Bolívar, el puesto de salud Juan Frio y la entrada del Puente de la Unidad (Tienditas). Los requisitos para acceder al biológico son dos: ser mayor de edad y poseer un documento de identidad venezolano, sin importar si se encuentra vencido. Algunos medios señalan que es obligatorio censarse previamente en el formulario de vacunación virtual, sin embargo, recientemente las autoridades sanitarias informaron que este paso no era requerido.
El proceso de vacunación para migrantes en el país tiene lugar a través de la Resolución 1225 del 2011, por medio de la cual se definieron las condiciones y la estructura de datos para el reporte de la información de las personas que habitan en el país y que no cuentan con un documento de identidad, expedido por el Estado colombiano, para identificarse. Es importante recordar que la vacunación de migrantes irregulares tuvo inicio el 8 de octubre en Bogotá, y se ha replicado en distintas ciudades del país.
El proceso de vacunación de esta población migrante genera distintas oportunidades: en primer lugar, hace posible avanzar en las metas de cobertura e inmunización del país y, en especial, proteger a una población susceptible de contraer covid-19 tras la llegada de las variantes “Mu”, Gamma, B.1.162 y Lambda. Así mismo, en segundo lugar, permite a la institucionalidad colombiana conocer con mayor precisión la cantidad de personas migrantes con carácter pendular y permanente en el territorio colombiano, por lo menos las que son mayores de edad.
El conocimiento de esta situación reitera la necesidad de la normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela, puesto que estos datos serían de gran relevancia para el vecino país en lo que se refiere a descongestionar el lento y caótico proceso de vacunación, que desconoce cuántas personas han migrado forzadamente. El acceso a estos datos podría dar un respiro al Gobierno de Nicolás Maduro y permitiría una mejor focalización de la asignación de citas. El intercambio de información crearía una de las primeras condiciones para el establecimiento de un cerco epidemiológico fronterizo.
El inexistente plan de vacunación en Venezuela
La vacunación de la población migrante venezolana en Colombia ha estado acompañada por la apertura de la frontera sin restricciones. Según fuentes de Pares, en el Puente Simón Bolívar, aparentemente, para salir del territorio venezolano, las autoridades del vecino país están exigiendo cédula y carnet de vacunación para el paso, mientras que por parte de Migración Colombia el proceso se reduce a la aplicación del pico y cédula.
La apertura de la frontera es un avance para reducir el cruce en los pasos irregulares y, de esta manera, prevenir algunas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en las trochas. Sin embargo, dada la reciente apertura del paso entre los dos países, se desconoce la obligatoriedad del requisito del carnet de vacunación, puesto que este proceso en Venezuela ha contado con una serie de irregularidades que hemos señalado desde Pares. El Vacunómetro de Venezuela afirma que el 58,15% de la población se encuentra inmunizada por lo menos con una dosis, pero se desconocen cuántas corresponden al candidato vacunal Abdala, un prototipo de vacuna que aún no ha cumplido los requisitos científicos y éticos para ser considerado como tal. Esto sin mencionar que, en un principio, el proceso de vacunación estuvo determinado por el Sistema Patria: plataforma digital del Carnet de la Patria en la que las personas se encuentran “voluntariamente” inscritas para poder acceder a distintos beneficios (como el pago de servicios públicos), a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), al pago de salarios de funcionarios públicos y, ahora, a la vacunación.
Para el 19 de octubre, el Vacunómetro registra que el estado del Táchira no ha actualizado sus cifras del proceso de vacunación. Por el momento, se conoce que de las 524.900 dosis distribuidas han sido aplicadas 372.006. Entre estas, se estima que 248.004 personas tienen una dosis y que 124.002 poseen el esquema completo. Debido a la inexistencia de un censo poblacional actualizado, se desconoce el porcentaje de población que ha cubierto esta serie de dosis.
No obstante, en el caso en que la presentación del carnet de vacunación sea de carácter obligatorio, existe la probabilidad de que una parte de las personas migrantes, que no han podido acceder a este derecho, se vean en la forzosa obligación de cruzar las trochas y probar suerte en Colombia a través de los puestos de vacunación masivos en los puentes internacionales. Teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del departamento fronterizo y los posibles enfrentamientos entre las distintas Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en los cruces irregulares, especialmente tras la captura de ‘Otoniel’, quien era el máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, es indispensable que las autoridades venezolanas evalúen el requisito del carnet de vacunación, puesto que pone en peligro la integridad de los connacionales (Te podría interesar: “Reapertura fronteriza: el rifirrafe diplomático y la captura de ‘Otoniel’”).
No sería coherente establecer una apertura sin restricciones si el proceso de vacunación en Venezuela ha sido, en sí mismo, un método de control social para afiliar a las personas al oficialismo, en especial en los estados con protectores como en el caso del Táchira. A pesar de este hecho, el proceso de vacunación de población migrante y la apertura de la frontera son oportunidades para Colombia y Venezuela de restablecer las relaciones diplomáticas en función de la protección de los derechos de la población migrante.
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