Por: John Correa Romero
Foto: HOY, Diario del Magdalena/MONTINER ALVIS
El pasado jueves 5 de diciembre, la Universidad del Magdalena en Santa Marta fue el epicentro de un intenso debate de control político organizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. En el evento se abordaron cuestiones clave para el país, como la transición energética, las políticas para el abastecimiento de gas, y la situación crítica de las tarifas eléctricas en la región Caribe.
UN PANORAMA ENERGÉTICO EN CRISIS
Representantes del Congreso, autoridades locales, líderes sindicales y académicos se reunieron para discutir los retos de una región históricamente marginada en términos de infraestructura energética. Santa Marta, con 38.000 usuarios eléctricos en condición de subnormalidad, y el departamento de Magdalena, con 88.000, lideran esta problemática en el país. Los ponentes destacaron la urgencia de soluciones integrales para reducir la conflictividad social generada por la precariedad del suministro eléctrico.
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: PROMESAS Y DESAFÍOS
Uno de los temas más debatidos fue la transición energética. Representantes del sector académico y laboral señalaron que, aunque el Gobierno Nacional ha priorizado esta estrategia, la implementación ha sido lenta y con escasa coordinación interinstitucional. Los participantes enfatizaron que esta transición debe ser "justa", asegurando reconversión laboral para trabajadores del sector minero-energético y proyectos que incluyan a las comunidades más vulnerables.
El viceministro de Minas y Energía, Javier Campillo, destacó los avances regulatorios que buscan diversificar la matriz energética del país, incluyendo proyectos de hidrógeno verde y comunidades energéticas. Sin embargo, se admitió que muchos proyectos siguen siendo inalcanzables debido a problemas técnicos y a la falta de redes eléctricas de calidad en las comunidades objetivo.
EXPLORACIÓN DE GAS: UNA OPORTUNIDAD CRÍTICA
El descubrimiento de 6 billones de pies cúbicos de gas por parte de Petrobras en el Caribe colombiano fue señalado como un hito que podría garantizar el abastecimiento por más de 20 años. Los panelistas pidieron al Gobierno Nacional y al Congreso acelerar las gestiones para concretar este proyecto, que promete generar más de 2.500 empleos y una inversión de 5,6 billones de pesos.
No obstante, surgieron críticas hacia el Ministerio de Ambiente, acusado de demorar licencias ambientales para la exploración de nuevos pozos. Esto, según los congresistas presentes, podría comprometer la seguridad energética del país a partir de 2025.
EL COSTO DE LA ENERGÍA: UN CLAMOR POR TARIFAS JUSTAS
Los asistentes denunciaron el aumento sostenido en las tarifas eléctricas, especialmente en la región Caribe, donde comunidades ya afectadas por la pobreza deben enfrentar costos elevados. El Gobierno aseguró haber reducido las tarifas en un 20% entre mayo y septiembre de 2023, pero los representantes locales consideraron insuficientes estas medidasLos debates también giraron en torno al modelo de privatización de los servicios eléctricos implementado hace casi tres décadas, el cual, según los líderes locales, ha perpetuado la desigualdad regional y la ineficiencia en el servicio.
LA ACADEMIA COMO MOTOR DE CAMBIO.
La Universidad del Magdalena jugó un papel protagónico como anfitriona y promotora de un enfoque multidisciplinario hacia la transición energética. Se presentaron iniciativas presentadas por jóvenes investigadores, dirigidas por la doctora Andrea Cardoso, directora del semillero en transición energética que resalto fortalecer la investigación en temas como eficiencia energética e hidrógeno verde. “Necesitamos más instrumentos para generar investigación en territorio”, declaró Pablo Vera, rector de la alma máter, haciendo un llamado a fortalecer la cooperación internacional y los recursos destinados a la educación técnica.
El debate concluyó con un compromiso de los actores políticos y sociales para trabajar en soluciones integrales que prioricen el bienestar de las comunidades. Sin embargo, quedó claro que los desafíos técnicos, regulatorios y sociales demandarán acciones coordinadas entre todos. los niveles del Gobierno y la participación activa de las comunidades locales. La Comisión de Ordenamiento Territorial prometió regresar a la región para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados, mientras que los habitantes del Caribe colombiano esperan con ansias que estas discusiones se traduzcan en acciones concretas y tangibles.
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