Por: Katerin Erazo, Periodista
Salvatore Mancuso, uno de los exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de rendir versión sobre cuatro prácticas criminales en las que participó durante el conflicto armado en Colombia. Mancuso estará en una audiencia pública ante la JEP durante cuatro días (10, 11, 15 y 16 de mayo), en lo que representa su último intento de entrar a la Jurisdicción.
La comparecencia de Mancuso ante la JEP se enmarca en el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición establecida en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. La JEP es el órgano encargado de juzgar y sancionar a los excombatientes que hayan cometido delitos durante el conflicto armado. “Esta audiencia es el escenario para que Mancuso demuestre de manera contundente que se incorporó funcional y materialmente a la Fuerza Pública entre 1989 y 2004. Es decir, debe probar que ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre la Fuerza Pública y los paramilitares en los patrones de macrocriminalidad”, indicó la JEP sobre el proceso.
El patrón criminal por el que Salvatore Mancuso rinde versión está relacionado con el apoyo a la conformación y expansión de grupos paramilitares en Colombia. Este patrón está conformado por cuatro prácticas criminales, las cuales permitieron la configuración de un aparato organizado de poder que facilitó la expansión y consolidación del control territorial de los paramilitares.
La primera de estas prácticas fue el uso de las Convivir como fachada del accionar paramilitar. Estas asociaciones se presentaron con el objetivo de brindar seguridad y prevenir y contrarrestar a los grupos criminales y guerrillas, estableciendo vínculos estrechos con miembros de la fuerza pública, incluyendo altos mandos militares de la Brigada 11.
La segunda fue la realización de operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública, lo que generó zozobra en las comunidades y sembró desconfianza en los miembros del Ejército y la Policía. Estas operaciones fueron el combustible de la violencia y una máquina de violaciones de los derechos humanos, cuya principal víctima fue la población civil.
La tercera práctica tuvo que ver con que Mancuso lideraba una estrategia de consolidación política y social en Córdoba, la cual se tradujo en nexos con funcionarios públicos y civiles que poseían un capital político en la región. Esta estrategia buscaba insertar paramilitares entre la población civil, adquirir reconocimiento de estatus político y reclutar nuevos integrantes en las filas paramilitares.
Finalmente, la cuarta práctica fue la filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes. La cooptación y el control de entidades públicas les permitía a los paramilitares acceder a información privilegiada y perseguir a quienes consideraban un obstáculo en sus objetivos militares, sociales, económicos y políticos.
Mauricio Romero, experto en análisis del conflicto armado y construcción de paz, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la JEP va a contrastar la declaración de Mancuso con la amplia información disponible y recolectada por las organizaciones de derechos humanos, procesos judiciales, la Comisión de la Verdad e investigaciones académicas sobre las masacres, asesinatos selectivos, despojos, desplazamientos y desapariciones forzadas llevadas a cabo por las antiguas AUC.
Por otro lado, Cristina Nicholls, abogada experta en derechos humanos (DDHH) y en derecho internacional humanitario (DIH), afirmó a Pares que las audiencias de la JEP representan un nuevo escenario para que el país confronte una verdad “eclipsada” por otros momentos políticos históricos. Aunque algunas declaraciones de Mancuso hayan sido repetidas, según algunas voces, Nicholls sostiene que el foco de atención de estos espacios es crucial para que las comunidades y las víctimas escuchen la voz de uno de los victimarios de las autodefensas. Además, para Nicholls, estas audiencias llegan en un momento político histórico y traen nuevos elementos novedosos, sobre todo para la discusión que se adelantan en este momento sobre el tema de la Paz Total y la implementación del acuerdo firmado con las FARC.
Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde cumple condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Cristina Nicholls señaló la conveniencia para un exparamilitar de acogerse a la jurisdicción de paz debido a los beneficios judiciales que ofrece la justicia transicional. Esta herramienta, que busca la transición de un estado de conflicto a un estado de paz, brinda beneficios a aquellos que reconocen la verdad y están dispuestos a reparar a las víctimas. Según Nicholls, Mancuso es consciente de esto, ya que actualmente se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos y posiblemente ve su repatriación y el aterrizaje en la jurisdicción como una oportunidad para recibir todos los beneficios de la justicia transicional. Aunque reconoce la conveniencia de Mancuso, Nicholls destaca que estas declaraciones no dejan de ser importantes ni objeto de análisis para la sociedad, especialmente para las víctimas de los sucesos.
Este miércoles 10 de mayo inició la audiencia pública en donde el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso ofreció un testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia. Mancuso reveló información impactante sobre su participación en el conflicto armado y mencionó a varias personalidades que presuntamente colaboraron con él y su grupo paramilitar durante años.
Entre las personalidades mencionadas por Mancuso se encuentran políticos, empresarios y miembros de las fuerzas armadas. Según su testimonio, estas personas brindaron apoyo logístico, financiero y de inteligencia a los grupos paramilitares durante el conflicto armado. Durante su época como comandante paramilitar, las fuerzas militares, según él, les entregaban listados con nombres de presuntos guerrilleros para que sus hombres los persiguieran y ejecutaran. Según el testimonio de Mancuso, las listas eran proporcionadas por miembros de las fuerzas armadas, quienes les brindaban información sobre la ubicación de las personas señaladas como enemigos del Estado. Los paramilitares, a su vez, procedían a golpear las casas y asesinar a cualquier persona que estuviera señalada en la lista.
Este tipo de acciones fueron responsables de innumerables masacres y asesinatos selectivos en todo el país durante el conflicto armado que azotó a Colombia por décadas. La colaboración entre miembros de las fuerzas armadas y grupos paramilitares ha sido objeto de varias investigaciones y ha generado un fuerte rechazo por parte de la sociedad.
Además, Mancuso mencionó su implicación en la conformación de grupos paramilitares en Venezuela y su relación con algunos políticos del país vecino y habló sobre el financiamiento de su grupo armado y la corrupción en la administración de justicia en Colombia.
Afirmó que recibió asesoramiento por parte de Pedro Juan Moreno, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Gobierno en Antioquia, en relación a las denominadas “Convivir”.
Según Mancuso, Moreno le brindó información y consejos sobre la creación de estas organizaciones, las cuales fueron conformadas por grupos de civiles armados para “proteger” a las comunidades de los grupos guerrilleros en diferentes regiones del país.
También hizo una revelación explosiva en relación a la solicitud de Francisco Santos de crear un “bloque de la verdad”. Según Mancuso, Santos había solicitado previamente la creación del “bloque capital” de las autodefensas en el año 2002, cuando se desempeñaba como vicepresidente de Colombia. Esta organización, según Mancuso, estaría conformada por los grupos paramilitares más poderosos del país.
Asimismo, señaló que Jorge Visbal Martelo le habría pedido explícitamente que estableciera bloques de Autodefensas en diversas áreas de Bolívar, Cesar, Magdalena, entre otras regiones.
Hoy, 11 de mayo, se llevó a cabo el segundo día de declaración de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante su intervención, habló sobre el papel de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la conformación de grupos paramilitares en la Costa Caribe y la financiación de campañas políticas con dineros provenientes del narcotráfico. Además, habló sobre la participación de su grupo en masacres de comunidades indígenas y la entrega de información a organismos de inteligencia de Estados Unidos.
También reveló más detalles sobre las acciones coordinadas entre algunos militares y grupos paramilitares en la región de Catatumbo, Norte de Santander y señaló que la entrada a esta zona fue coordinada con el Ejército Nacional y planificada con el general Mario Fernando Roa, y que esta estrategia nacional se utilizaba en todas las áreas donde operaban. Además, reveló detalles sobre el uso de hornos destinados para fundir ladrillos que fueron usados por parte de los paramilitares para incinerar cuerpos de víctimas.
Sin embargo, el testimonio más impactante de Mancuso, en este segundo día fue sobre el traslado de cuerpos de cerca de 200 personas que fueron enterradas en Venezuela después de que los paramilitares tuvieron que destruir uno de esos hornos y las autoridades estaban cerca de ubicar las fosas en Colombia. Mancuso pidió respetuosamente a la JEP que le permita ir personalmente con ellos para identificar los lugares donde las Autodefensas Unidas de Colombia enterraron a más de 200 personas que fueron asesinadas y desaparecidas en la frontera con Venezuela.
La audiencia continúa con los magistrados desde el Centro de Convenciones de Montería, Córdoba, y Salvatore Mancuso conectado virtualmente desde el Centro de Detención de Migrantes en el Estado de Georgia, Estados Unidos. Se espera que sigan saliendo a la luz más detalles sobre las operaciones conjuntas entre paramilitares y Fuerza Pública en Colombia.
Cristina Nicholls, abogada experta en derechos humanos (DDHH) y en derecho internacional humanitario (DIH), afirmó que el panorama actual no está claro y que las declaraciones reiterativas de Mancuso sobre la relación del Estado, las fuerzas militares, la policía y el empresariado con las autodefensas deben ser evaluadas histórica y políticamente para alcanzar la paz y satisfacer los derechos de las víctimas. Nicholls reconoció que estas declaraciones pueden ser dolorosas para las víctimas, pero deben ser usadas como nuevos elementos para su satisfacción. También señaló que la jurisdicción de paz deberá analizar los elementos de juicio para determinar si Mancuso es elegible para los beneficios que ofrece.
Según Mauricio Romero, experto en análisis del conflicto armado y construcción de paz, en caso de que Mancuso sea aceptado en la JEP, este tendrá como beneficio la libertad condicional en Colombia, una vez regrese al país, después de ser liberado por el sistema judicial norteamericano. Esta es una decisión controvertida que con seguridad, según Romero, generará rechazo entre las víctimas de las AUC.
“En términos más generales, las declaraciones de Mancuso llaman a una reflexión sobre la doctrina militar basada en la teoría del ‘enemigo interno’, y que ha sido central en el pensamiento militar colombiano de las últimas cinco décadas. Hoy, cuando el gobierno Petro habla de seguridad humana, sería bueno que las fuerzas de seguridad colombianas hicieran una autocrítica”, mencionó Romero.