Por: Redacción Pares
En julio del 2021 el país se enteró de algo que venía sucediendo desde hacía muchos años: en Colombia ex militares que alguna vez sirvieron al ejército nacional vendían sus servicios a empresas internacionales de mercenarios. Máquinas de guerra capaces de provocar el horror en países como Haití. Es que por esa fecha 26 ex militares colombianos ingresaron a la casa del presidente de Haití, Jovenel Moise, y mientras dormía lo asesinaron con 12 tiros.
El asesinato era horroroso, pero para Colombia fue un golpetazo en su moral. Otra vez quedaba comprobado que exportábamos muerte. En sesenta años de conflicto los militares colombianos han sido entrenados por expertos norteamericanos en escuadrones antiguerrilla. Una vez quedan cesantes consiguen mejorar sus ingresos aceptando irse como “contratistas” a otras partes del mundo, llevados por su fama de implacables guerreros. Así como actuaron en Haití ya lo habían hecho anteriormente en guerras que han traído ruina a países como Irak o Afganistán en donde fuerzas de ocupación han invadido estos territorios. De Estados Unidos y Reino Unido son la mayoría de estas empresas que contratan ex militares colombianos.
Los salarios de los mercenarios colombianos pueden ser un 30% superiores a lo que gana un oficial en el país. Este negocio se disparó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en donde dos aviones derribaron las torres gemelas de Nueva York. Cada vez más empresas privadas de seguridad ofrecieron sus servicios a ejércitos como el de Estados Unidos. Una de las empresas que contrató a exmilitares colombianos se llama Blackwater, creada en el 2005 que ha sabido entrenar a militares de este país. Colombia vive un auge de empresas privadas de seguridad desde los años noventa cuando Alvaro Uribe creó e impulsó las CONVIVIR en Antioquia.
La guerra contra el terrorismo vivió su auge durante la llamada Seguridad Democrática. Según un informe del Comité del Senado sobre seguridad nacional de Estados Unidos, durante el último periodo presidencial de Alvaro Uribe, entre 2005 y 2009 el gobierno federal gastó US$3.100 millones en contratos privados para políticas de antinarcóticos en América Latina, un aumento del 32% en cuatro años. La mayoría de estas empresas estaban en Colombia.
En la guerra que se lleva a cabo en Ucrania se ha hecho cada vez más común el reporte de exmilitares colombianos caídos en combate durante operaciones. Muchos de ellos son contratados para pelear del lado de Ucrania.
Pues bien, esa fiesta se acabó. La semana pasada el canciller Luis Gilberto Murillo radicó un proyecto para tipificar como delito el reclutamiento de mercenarios colombianos. El canciller afirmó lo siguiente: “Buscamos que nos dé el marco para que esas actividades se prohíban en el país, en términos de que no se entrene, ni se financien, ni se creen grupos que puedan clasificarse como mercenarios. Hoy no existe esa prohibición y muchas de estas redes llegan a Colombia y encuentran gente entrenada y firman contratos muy peligrosos para participar en guerras”
Desde cancillería se ha reportado casos de ex militares colombianos que quieren regresar al país pero las empresas a las que les sirven no los dejan. Familiares de los mercenarios caídos han solicitado sus cuerpos pero ha sido imposible poder repatriarlos. Esto sucede porque, según declaraciones de Murillo “no hemos ratificado la convención que previene la financiación y reclutamiento de mercenarios”. El proyecto debe pasar cuatro debates, dos en senado y dos en cámara, antes de ser aprobado.