Por: Redacción Pares
Una de las promesas de campaña del actual presidente Gustavo Petro fue acabar con el ESMAD, regular el código policial contra la protesta. Durante el estallido social sucedieron hechos inclasificables, como la quema de un CAI en la población de Soacha, la tortura y asesinato del estudiante Javier Ordoñez, la pérdida de ojos de 81 muchachos que salieron a protestar contra el gobierno de Iván Duque. Poco después de cumplir dos años su mandato ha podido lograr regularizar la represión ejercida por parte de la Fuerza Pública contra la protesta social. La Fiscalía General de la Nación emitió nuevas directrices que redifinirán el tratamiento judicial de las protestas sociales pacíficas en Colombia. Esto desató la ira santa de personajes de la derecha como María Fernanda Cabal quien criticó la actitud de la Fiscalía de arrodillarse ante, lo que ella afirma, son ordenes directas del presdiente Petro.
La directriz surgió fue después de que la policía hubiera recibido ordenes para reprimir la protesta social pacífica de manera violenta en la época en la que Francisco Barbosa era fiscal. Para Cabal esta directriz “deroga el código penal y obliga a prevaricar a los fiscales. La Fiscal todavía estará unos años si no la tumban por su elección fraudulenta. No se ganen denuncias penales por seguir una directriz inconstitucional”. Para Cabal la Fiscal está legislando. Según especialistas esto no es exacto. Las directivas simplemente se acatan.
La verdad lo que está haciendo la Fiscal es seguir las directrices de la Corte Constitucional. Son 33 directrices que darán garantía a los que decidan salir a la calle a protestar. Estas directrices tienen cuatro bloques claves: la protección de la protesta pacífica, los límites del poder punitivo del estado, la tipicidad de los delitos asociados a la protestay el procedimiento para la investigación y judicialización.
A pesar de que congresistas uribistas como Cabal tengan miedo de que el país se vaya a incendiar porque esto le daría alas a los “vándalos” para salir a cortar calles, lo cierto es que en Colombia la represión a la protesta social a traído saldos trágicos. Nada más durante el estallido social en Colombia ocurrieron dos asesinatos en donde miembros del ESMAD fueron condenados. Uno de ellos el de Dilan Cruz, el jovene estudiante de bachillerato quien fue asesinado de un disparo por un agente de la poliçia y el de Daniel Alejandro Zapata Pavón, de 20 años, asesinado en las calles bogotanas y en el que fueron judicializados dos policias, Jorge Enrique Bombita Uriana y Abberson de Jesús Acosta.
Ahora todo esto cambio. Si la protesta, así altere el orden público, sigue siendo pacífica no podrá reprimirse. Esto cambia por completo las directrices que estaban en la época de Francisco Barbosa y que se volvieron más duras en el 2021, durante el estallido social. El espíritu de las nuevas directrices quedaría resumido en esta frase:
“Las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a situaciones caóticas, en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal”.
La directiva no son más que recomendiaciones cuando se van a judicializar ciertas conductas durante la protesta social pacífica, pero que se realiza a sabiendas que la protesta social es un derecho avalado por la Constitución. Esta humanización de la represión a la protesta ha despertado ulticaria entre sectores de derecha. La pelea acá apenas comienza.
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