Por: Katerin Erazo, Periodista
El Congreso de la República aprobó en su último debate el acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos y de especial protección constitucional. Con 149 votos a favor y ninguno en contra, la iniciativa produce un gran avance para la población campesina, que ha luchado durante años por este reconocimiento.
El proyecto de acto legislativo modifica el artículo 64 de la Constitución Política, agregando una mención que establece que “el campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección” y reconociendo que “las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos”. Además, se enfatiza en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, mejorar la productividad agrícola, impulsar tecnologías de transformación y estrategias de comercialización, proteger el medio ambiente y preservar las tradiciones y costumbres campesinas.
El coordinador ponente del proyecto, Diógenes Quintero, expresó su satisfacción por este logro: “lo hemos conseguido, desde hoy los campesinos tienen nuevos derechos y protección especial. Por unanimidad, la plenaria de la Cámara aprobó el acto legislativo en último debate que reconoce al Campesinado como Sujeto Político de Derechos y de Especial Protección Constitucional”. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también celebró la decisión y destacó que esto permitirá saldar una deuda histórica del Estado con los territorios campesinos.
Según Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el reconocimiento del campesino como sujeto especial de derechos individuales y colectivos implica una responsabilidad adicional para el Estado en cuanto a garantizar dichos derechos. Bonilla explica que este reconocimiento fortalece la participación política del campesino, lo cual es de gran importancia. Además, resalta que la protección no se limita únicamente a la producción de alimentos, sino que abarca otras dimensiones como la cultural, política y ambiental de la economía campesina. Esto está estrechamente relacionado con la soberanía alimentaria del país, lo cual tiene una relevancia supremamente significativa. Por último, Bonilla menciona que esta aprobación representa una especie de reparación para los campesinos, quienes han sido históricamente marginados y afectados por la violencia. En ese sentido, considera que esta aprobación es un mandato para transformar las condiciones de discriminación que han enfrentado los campesinos.
Aunque el proyecto ha sido aprobado por unanimidad, aún quedan etapas por cumplir. El acto legislativo deberá pasar por un proceso de conciliación, luego será revisado constitucionalmente y finalmente estará listo para su sanción presidencial.
La aprobación del proyecto ha sido celebrada por diversos congresistas y representantes. Edward Sarmiento, del Pacto Histórico, resaltó la importancia de garantizar servicios básicos como agua, salud, educación y conectividad para la población campesina. La representante Leyla Rincón, del Huila, manifestó que ahora los campesinos tienen derechos y protección constitucional especial. Además, se destacó la voz del movimiento campesino, que expresó su alegría por el reconocimiento y señaló que la Constitución y la ley protegen y garantizan los derechos políticos de los campesinos y campesinas.
Este proyecto de acto legislativo tiene como objetivo principal que el Estado garantice el derecho de los campesinos a la participación ciudadana, así como velar por sus derechos individuales y colectivos, en concordancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
Laura Bonilla resaltó la presencia de un equipo interesante en el Ministerio de Agricultura durante este Gobierno, incluyendo a destacadas viceministras. Sin embargo, también señaló que los desafíos que se enfrentan son enormes. Reconoció que la reforma agraria no se llevará a cabo en un corto plazo, pero considera que este ministerio puede sentar las bases para avanzar en ese sentido.
Además, Bonilla destacó la importancia de la jurisdicción especial agraria, y considera que haber progresado en ese aspecto es un paso significativo para lograr una distribución más equitativa de la tierra en el país. No se trata únicamente de la cantidad de tierra que los campesinos poseen, sino también de las condiciones en las que pueden ejercer sus funciones y labores.
Laura Bonilla resaltó la vulnerabilidad del campesinado, quienes enfrentan numerosas barreras de acceso a derechos fundamentales en Colombia, especialmente las mujeres campesinas, y mencionó que estas barreras están relacionadas con su condición de campesinos y con su actividad principal en el sector agrícola.
Es extremadamente difícil para la población campesina obtener ingresos suficientes a partir de su labor agrícola, y también enfrentan dificultades en el acceso a servicios básicos como educación, salud y vías de transporte adecuadas. Estos son aspectos fundamentales que, a diferencia de otros reconocimientos otorgados a comunidades indígenas o comunidades negras y afrodescendientes, no se les ha garantizado a esta población campesina.
Cabe señalar que Colombia enfrenta desafíos significativos en cuanto a la situación del campesinado, ya que según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el 86% de los hogares campesinos trabajan en la informalidad y el 29,3% se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Además, el acceso a servicios básicos es limitado, ya que solo el 29,8% de los hogares campesinos tiene acceso a internet y el 30,6% no posee la propiedad de sus viviendas.
Estas cifras reflejan la difícil realidad que enfrenta el campesinado en Colombia. La deserción escolar en zonas rurales ha aumentado significativamente, pasando del 4,6% al 30,1% entre 2019 y 2020. Además, la concentración de la tierra es un problema evidente, ya que 501 predios concentran más del 44% del área disponible en el país, dejando solo el 0,5% de la tierra para más del 48% de los predios campesinos.
Ante esta situación, el proyecto de acto legislativo busca reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los campesinos. Se estima que más de seis millones de campesinos se podrían posiblemente beneficiar de esta iniciativa, que incluye el reconocimiento a la tierra y la territorialidad campesina, así como disposiciones sobre consulta popular. El objetivo es garantizar el acceso progresivo a la tierra, así como el acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda, seguridad social y crédito.
El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos es fundamental para fortalecer la seguridad alimentaria del país, ya que son ellos quienes producen el 70% de los alimentos que llegan a la canasta familiar. Es necesario trabajar en políticas que promuevan su desarrollo, mejoren sus condiciones de vida y les brinden oportunidades de crecimiento económico sostenible.
Se espera que este proceso se realice de manera expedita para que los campesinos puedan comenzar a disfrutar de los derechos y protecciones establecidos en esta importante reforma constitucional. El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos es un paso significativo que podría resolver rápidamente conflictos sobre la tenencia de la tierra, ayuda al acceso a la justicia para dichas comunidad y guía hacia una sociedad más justa e inclusiva, en la que se valore y respete el importante papel que desempeñan en la producción de alimentos y en la preservación del medio ambiente. Ahora queda en manos de las autoridades y de la sociedad en su conjunto garantizar que este reconocimiento se traduzca en políticas y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de los campesinos y promuevan su desarrollo integral.