Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional
Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad
Tras la posesión del nuevo Congreso de la República el 20 de julio, una de sus primeras acciones tenía que ver con la elección del próximo contralor general, a más tardar el 3 de agosto. Sin embargo, una demanda aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la lista de los 10 aspirantes a contralor general.
Siguiendo el procedimiento que dicta la Ley 1904 de 2018, de un proceso de convocatoria en el que se inscribieron 2010 aspirantes, 195 fueron admitidos, que tras una prueba de conocimientos se redujeron a 20, y de los cuales una comisión accidental del Congreso 2018-2022 redujo a 10.
De esa lista de 10 aspirantes, de acuerdo con el artículo 3 de la misma ley, en el primer mes de las sesiones ordinarias del Congreso en pleno se debía elegir al contralor por mayoría absoluta de los votos de sus miembros para un período institucional igual al del presidente de la República. Cabe mencionar que la mayoría absoluta hace referencia a la mitad de la votación más uno, por lo que teniendo en cuenta que hay 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, el aspirante que deseara quedar debía conseguir, al menos, 148 votos.
Sin embargo, una demanda instaurada por Dalal Karime Dager Nieto por no respetarse, en el proceso de selección de la lista de aspirantes a contralor general, el principio de mérito y la equidad de género, llevó a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinara que la comisión accidental del Congreso que elige la lista de 10 aspirantes rehaga la lista cumpliendo estos requisitos. De esta forma, el nuevo Congreso tendrá hasta el 20 de agosto para elegir al próximo contralor general.
¿Por qué se abrió la lista de aspirantes a contralor general?
A priori, la reapertura de la lista no era fácil. El artículo 9 de la Ley 1904 de 2018 dicta que “en caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República”.
A su vez, la Ley 330 de 1996 establece en su artículo 6 que las inhabilidades para ser contralor son: ya haber ejercido el cargo, haber sido miembro de algún tribunal que participe en su postulación, haber ocupado en el último año previo a la elección algún cargo público del orden departamental, distrital o municipal, o haber sido condenado penalmente a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
Por tanto, bajo el principio de presunción de legalidad y de confianza legítima, mientras no hubiere alguna condena u otra causal de inhabilidad comprobada en contra de alguno de los integrantes de la lista de aspirantes, estos podían continuar con su aspiración. Además, como se registró en El Tiempo, al ser un proceso en curso y regulado por una ley, este no podía ser sujeto de modificaciones mediante una proposición del Congreso.
Sin embargo, la Ley 581 del 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 6 que para aquellos cargos que deban asignarse por un sistema de listas, estos deben incluir hombres y mujeres en igual proporción.
De esta forma, entre las determinaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra que no hay razones para no haber incluido de forma igualitaria las mujeres con mayor puntaje que otros hombres que sí fueron incluidos. En la lista de 10 aspirantes elegida por la comisión accidental encargada de esta labor del Congreso 2018-2022, solo habían dos aspirantes mujeres.
Además, el Tribunal también determinó que no había razón para desconocer a un participante con el segundo mejor puntaje. En este caso se refiere al puntaje sacado por Julio César Cárdenas Uribe, quien obtuvo el segundo mejor puntaje en la prueba de conocimientos realizada por la Universidad Industrial de Santander (UIS) que dejó un listado de 20 aspirantes, de los que la comisión accidental debía escoger 10.
¿Quiénes eran los aspirantes a contralor general más cuestionados?
Tras el escándalo de los Ocad-Paz, en el que presuntamente alcaldes y funcionarios se quedaron con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados a financiar la implementación del Acuerdo Final de Paz, tres aspirantes a contralor general quedaron salpicados por su aparente participación en el entramado de corrupción.
Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación; Aníbal José Quiroz Monsalvo, contralor delegado de la Unidad de Regalías; y Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, son los señalados de recibir coimas entre el 5% y el 12% de los recursos que aprueba el Ocad-Paz.
Si bien han sostenido su inocencia, el que estuvieran involucrados en este aparente entramado de corrupción causó cuestionamientos sobre su idoneidad para ser contralor general. De los tres, uno de los más opcionados era Luis Alberto Rodríguez, que cuenta con el apadrinamiento de políticos como Martha Lucía Ramírez, la casa Char y Alfredo Ape Cuello.
Aparte de estos tres aspirantes, como registró la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), también se encuentran Andrés Castro Franco, excontralor de Bogotá y cercano a Juan Carlos Granados, señalado de beneficiar a Odebrecht; y Carlos Fernando Pérez, excontralor de Santander, señalado de ser hombre de confianza de Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y vinculado al clan Aguilar.
A esta lista se suma María Fernanda Rangel, quien siendo directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), presuntamente habría colaborado en el entramado de corrupción del exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño. El entramado para direccionar contratos de entidades públicas a particulares habría contado con el apoyo de Rangel, de acuerdo a audios y conversaciones de WhatsApp. Sin embargo, por ahora no hay investigaciones desde la Fiscalía adelantadas en su contra.
¿Quién podría ser la ficha del Pacto Histórico?
Con la reconfiguración de la lista de 10 aspirantes a Contralor General, coge fuerza el nombre de Julio César Cárdenas, a quien el Pacto Histórico, en cabeza de Gustavo Petro, había expresado su apoyo para su elección.
Cárdenas es abogado y magíster en derecho de la Universidad Externado. Fue contralor delegado para infraestructura y telecomunicaciones de Julio César Turbay Quintero y para el agro. También ha sido gerente nacional administrativo y financiero de la Contraloría, secretario general de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), vicecontralor general de la República encargado y contralor delegado en el sector agropecuario.
Durante la elección de la lista de 10 aspirantes, fue denunciado por Édgar Balcázar Mayorga, quien sostuvo que en el libro de Cárdenas “El Control Interno y Externo en la Etapa de Contratación Estatal”, tomó apartados de su tesis. Frente a esta denuncia, la comisión accidental asumió la investigación, pero se desconoce su resultado.
A la espera de quiénes integrarían el nuevo listado de 10 aspirantes, Cárdenas coge fuerza en un escenario con varios candidatos cuestionados y otros que son fichas del actual contralor, Felipe Córdoba.